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CONTENIDO EXCLUSIVO.A Nicaragua no le está yendo bien respecto a la llegada de inversión extranjera directa y los últimos dos escándalos del régimen de Daniel Ortega con empresas internacionales amenazan con empeorar las perspectivas de captación de inversión en el mediano y largo plazo. Esto representa un golpe para la generación de empleo. En lo que va del año se ha conocido de la demanda que interpuso contra el Estado Riverside Coffee LLC de Estados Unidos y la denuncia de confiscación por parte de Tomza de Guatemala, por lo que especialistas advierten que Nicaragua no tiene posibilidades de ganar demandas de este tipo.
En el 2020 Nicaragua registró su tercer año consecutivo de reducción en los saldos de inversión extranjera directa (IED), lo que golpea duramente el empleo. En 2017 se habían consolidado inversiones por el orden de los 1,035.4 millones de dólares, pero el año pasado solo se consiguieron 182.3 millones de dólares, según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN).
Si se compara el saldo del 2020 con el 2019, la caída fue de 63.8 por ciento. Esto revela que a medida que el país atraviesa sus crisis, los inversionistas se ahuyentan, situación que se recrudece por la disputa que el régimen de Ortega ha emprendido con inversionistas extranjeros.
Riverside Coffee LLC de Estados Unidos fue presentada el 2 de abril de este año ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), alegando la destrucción de una inversión establecida en el país. La demanda se sustenta en cláusulas establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR-Cafta, por sus siglas en inglés) y se hace en contra del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).
Por su parte, la empresa de origen guatemalteco, Tomza, una envasadora de gas licuado, ha declarado que demandará a Nicaragua ante los tribunales internacionales para reclamar al país por la confiscación de una inversión valorada en cuatro millones de dólares. La confiscación de esta se hizo pública a partir de marzo de este año, pese a que ya los habían expulsado de su inmueble desde el 2016, solamente un año después de haber iniciado la construcción de dicha empresa en Nicaragua.
La disputa de Ortega con estos dos inversionistas internacionales ocurre en momentos en que en tan solo tres meses tres empresas han anunciado su cierre de operaciones. La primera que se fue y vendió todos sus activos fue la estadounidense BWA, el 4 de enero, que operaba en Carazo. Esta llegó en el 2017 y fue inaugurada por el asesor de inversiones de la Presidencia, Álvaro Baltodano. Con este cierre, unos 2,000 trabajadores quedaron despedidos, pero aparentemente el nuevo dueño empleó nuevamente a una parte de ellos.
La segunda compañía en anunciar su cierre fue Astro Packing Solution SA, que operaba en el parque de zona franca Astro Cartón, el 30 de marzo. Su argumento fue que culminaría operaciones por problemas de acceso a sus materias primas debido al encarecimiento a nivel internacional de estas. La medida dañó más de 100 empleos.
La tercera empresa que anunció su cierre a partir del 28 de mayo es New Holland Apparel de Nicaragua, que opera bajo el régimen de zona franca. Con esta decisión unos 1,200 trabajadores quedarán fuera de sus puestos. La compañía llevaba 15 años en este país, pero bajo la supuesta excusa de que aquí no se tienen las maquinarias tecnológicas adecuadas para poder competir con las prendas que confecciona para las marcas Under Armour, Nike y Adidas, se va a El Salvador.
Ambas acciones, confiscación de Tomza y demanda de la compañía ante tribunal internacional, van a tener como repercusión un estancamiento y/o caída de la inversión extranjera directa en Nicaragua, advirtió el analista económico Óscar René Vargas. “Creo que el régimen está cometiendo muchos errores de cara a la comunidad internacional. También la propuesta de reforma a la Ley Electoral afecta la IED. Es decir, una movida táctica electoral tiene efectos económicos negativos para el país. Un error del régimen, ya que no midió los efectos políticos y económicos. A eso se le suma la confiscación y la demanda internacional. Lo que hace un escenario negativo con efecto negativo en el PIB del 2021. Lo cual hace creíble que en el mejor de los casos la economía crecerá menos del uno por ciento. Con peligro de volver a decrecer”, manifestó.
Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua estima que los principales indicadores financieros reflejan estabilidad en el país, incluso proyectan crecimiento del PIB entre 2.5 y 3.5 por ciento.
Es confiscación disfrazada
Para el economista Róger Arteaga, es costumbre del Gobierno tratar de confiscar de manera disimulada. “Eso lo que hace es deteriorar más la imagen que tenemos como país. Doing Business, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han manifestado que no hay un clima propicio para la inversión externa en Nicaragua, porque ningún inversionista, con eso que ocurrió con Tomza, se atreverá a exponer su dinero en un país donde no existen leyes, ni justicia, y que pueden perder todos los que traigan a Nicaragua”, declaró.
A juicio de este economista, “no abona en nada a la posibilidad de atraer inversionistas que vengan a instalarse a Nicaragua”. Los inversionistas que están en el país, aun sin haber sido confiscados, por el mismo temor se están marchando, dijo, refiriéndose al caso de la zona franca New Holland. “Eso es solo la punta del iceberg, porque debajo de eso hay una cantidad de empresas que están atemorizadas por lo que les pueda ocurrir a sus inversiones en Nicaragua”, suscitó.
Nicaragua sin chance de ganar demandas
Ante las demandas internacionales de parte de las compañías, Arteaga duda de que Nicaragua pueda ganar esas demandas. “Máxime con las amenazas que hay ahora del Congreso de los Estados Unidos con la iniciativa de Ley Renacer, con la que se van a profundizar más las sanciones que ya se anunciaron en la Nica Act”, señaló.
Desde el punto de vista de este economista, las confiscaciones que está realizando el gobierno de Daniel Ortega tienen dos propósitos. El número uno es amedrentar al sector privado para obligarlo a sentarse a negociar y el número dos es crear el caos. “Este gobierno sabe que en medio del caos es más fácil para él sacar réditos. Si hubiera estabilidad, tranquilidad y todo, y si fuéramos a elecciones libres, supervisadas, justas y transparentes, este gobierno se iría, entonces tiene que provocar el caos para justificar mantenerse en el poder”, explicó. El Gobierno no tendrá justificación ante los tribunales como para explicar por qué le pudo haber fallado a estas empresas que lo están demandando, vaticinó Arteaga.
Una de las cosas más importantes que pueden tener las economías son las señales que envían al exterior, es decir, señales que se envían a la inversión extranjera y eso es muy importante, afirma por su parte el economista Luis René Núñez. “De hecho, en un país como Nicaragua, donde la figura de confiscación no existe, se supone que todos los conflictos se tienen que resolver en tribunales e instancias arbitrales, aquí se están resolviendo por la vía de hecho. Estas son malas señales las que se envían a una inversión que cada vez está más temerosa de venir a instalarse a Nicaragua”, sostuvo.
Puede dejar a Nicaragua fuera del Cafta
Los reclamos que se llevan en contra de Nicaragua apelando a las cláusulas del DR-Cafta corresponden a un asunto jurídico y de derechos, es decir hay una trascendencia, dijo. “Nosotros hemos visto que, por ejemplo, en el caso de Riverside Coffee, que está demandando a Nicaragua bajo los beneficios del Dr-Cafta, es delicado si se toma en cuenta que Nicaragua está siendo objeto de un análisis para ver si continúa o se suspende de ese acuerdo”, refirió. Para Núñez, las situaciones que han ocurrido con las empresas en Nicaragua les meten ruido a los inversionistas y pueden llevar a tener efectos muy negativos.
Los países gobernados por dictadores crean estrategias para expropiar a personas y empresas de sus propiedades. El pasado 5 de enero, Venezuela, mediante Iris Varela, la presidenta del Parlamento, propuso “que se decrete la confiscación de los bienes de todos los que se fueron del país”. ¿Nicaragua podría estar replicando modelos de sus amigos venezolanos?
Lo cierto es que Ortega está bastante familiarizado con las confiscaciones, porque es un modelo que puso en marcha desde la década de 1980, cuando una reforma agraria sandinista distribuyó alrededor de 6 mil propiedades agrícolas, que sumaban en total unos tres millones de manzanas, de acuerdo con Jaime Wheelock Román, exministro de Desarrollo y Reforma Agraria.