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REUTERS/ Oswaldo Rivas

Cómo la disputa de Ortega con dos inversionistas internacionales agrava el futuro de la inversión en Nicaragua

La disputa de Ortega con estos dos inversionistas internacionales ocurre en momentos en que en tan solo tres meses tres empresas han anunciado su cierre de operaciones.

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A Nicaragua no le está yendo bien respecto a la llegada de inversión extranjera directa y los últimos dos escándalos del régimen de Daniel Ortega con empresas internacionales amenazan con empeorar las perspectivas de captación de inversión en el mediano y largo plazo. Esto representa un golpe para la generación de empleo. En lo que va del año se ha conocido de la demanda que interpuso contra el Estado Riverside Coffee LLC  de Estados Unidos y la denuncia de confiscación por parte de Tomza de Guatemala, por lo que especialistas advierten que Nicaragua no tiene posibilidades de ganar demandas de este tipo.

En el 2020 Nicaragua registró su tercer año consecutivo de reducción en los saldos de inversión extranjera directa (IED), lo que golpea duramente el empleo.  En 2017 se  habían consolidado inversiones por el orden de los 1,035.4 millones de dólares, pero el año pasado solo se consiguieron 182.3 millones de  dólares, según cifras del  Banco Central de Nicaragua (BCN).

Si se compara el saldo del 2020 con  el 2019, la caída fue de 63.8 por ciento. Esto revela  que a  medida que el  país atraviesa sus crisis, los inversionistas  se ahuyentan, situación que se recrudece por la disputa que el régimen de Ortega ha emprendido con inversionistas extranjeros.

Riverside Coffee LLC  de Estados Unidos fue presentada el 2 de abril de este año ante  el  Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), alegando la destrucción de una inversión establecida en el país. La demanda se sustenta en cláusulas establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR-Cafta, por sus siglas en inglés) y  se hace en contra del  Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).

Por su parte, la empresa de origen guatemalteco, Tomza, una envasadora de gas licuado, ha declarado que demandará a Nicaragua ante los tribunales internacionales para reclamar al país por la confiscación de una inversión valorada en cuatro millones de dólares. La confiscación de  esta  se hizo pública a partir de marzo de este año,  pese a que ya los habían expulsado de su inmueble desde el  2016, solamente un  año después de  haber iniciado la construcción de dicha empresa en  Nicaragua.

La disputa de Ortega con estos dos inversionistas internacionales ocurre en momentos en que en tan solo tres meses tres empresas han anunciado su cierre de operaciones. La primera que se fue y vendió todos sus activos fue la estadounidense BWA, el 4 de enero, que operaba en Carazo. Esta llegó  en el 2017 y fue inaugurada por el asesor de inversiones de la Presidencia, Álvaro Baltodano. Con este  cierre,  unos 2,000 trabajadores quedaron despedidos, pero aparentemente el nuevo  dueño  empleó nuevamente a una parte de ellos.

La segunda compañía en anunciar su cierre fue  Astro Packing Solution SA,  que operaba en el parque de zona franca Astro Cartón,  el 30 de marzo. Su argumento fue que culminaría  operaciones por problemas de acceso a sus materias primas debido al encarecimiento a nivel internacional de estas. La medida dañó más de 100 empleos.

La  tercera empresa que  anunció su cierre a partir del 28 de mayo es New Holland Apparel de Nicaragua, que opera bajo el régimen de zona franca.  Con esta decisión unos 1,200 trabajadores quedarán  fuera de  sus puestos. La compañía llevaba  15 años en este país,  pero bajo la supuesta excusa de que aquí no se tienen las  maquinarias tecnológicas   adecuadas para poder  competir con las prendas que confecciona para las marcas Under Armour, Nike y  Adidas, se va a El Salvador.

Ambas acciones, confiscación de Tomza y demanda de la compañía ante tribunal internacional, van a tener como repercusión un estancamiento y/o caída de la inversión extranjera directa en Nicaragua,  advirtió el analista económico Óscar René Vargas. “Creo que el régimen está cometiendo muchos errores de cara a la comunidad internacional. También la propuesta de reforma a la Ley Electoral afecta la IED. Es decir, una movida táctica electoral tiene efectos económicos negativos para el país. Un error del régimen, ya que no midió los efectos políticos y económicos. A eso se le suma la confiscación y la demanda internacional. Lo que hace un escenario negativo con efecto negativo en el PIB del 2021. Lo cual hace creíble que en el mejor de los casos la economía crecerá menos del uno por ciento. Con peligro de volver a decrecer”, manifestó.

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua estima que los principales indicadores  financieros reflejan estabilidad en el país, incluso proyectan crecimiento del PIB entre 2.5 y 3.5 por ciento.

Es confiscación disfrazada

Para el economista Róger Arteaga, es  costumbre del Gobierno  tratar de confiscar de manera disimulada.  “Eso lo que hace es deteriorar más la imagen que tenemos como  país.   Doing Business, el Banco  Mundial y  el Banco  Interamericano  de Desarrollo  han manifestado que no  hay un clima propicio para la inversión externa en Nicaragua, porque ningún inversionista, con eso que ocurrió con Tomza, se atreverá a exponer su  dinero  en un país  donde  no existen leyes, ni justicia, y que pueden perder todos los que traigan a Nicaragua”, declaró.

A juicio  de este economista,  “no  abona en  nada a la posibilidad de atraer inversionistas que  vengan a instalarse a Nicaragua”.  Los inversionistas que están en el  país, aun  sin haber sido  confiscados, por el mismo  temor se están marchando, dijo, refiriéndose al  caso de la  zona franca New Holland.  “Eso  es solo la punta del iceberg,  porque debajo de eso hay  una cantidad de  empresas que están  atemorizadas por lo que les pueda ocurrir a sus inversiones en Nicaragua”, suscitó.

Nicaragua sin chance de ganar demandas

Ante las demandas internacionales de parte de las  compañías,  Arteaga  duda de que Nicaragua pueda ganar  esas  demandas. “Máxime con las amenazas que hay  ahora del  Congreso  de los Estados Unidos con la iniciativa de Ley Renacer, con la que se van a profundizar más las sanciones que ya se anunciaron en la Nica Act”,  señaló.

Desde el  punto de vista de este economista, las confiscaciones que está realizando  el gobierno  de Daniel  Ortega tienen  dos propósitos. El número uno es amedrentar al  sector privado para obligarlo  a sentarse a negociar y  el número dos es crear el caos. “Este  gobierno  sabe que en medio del caos es más fácil para él sacar réditos. Si hubiera estabilidad, tranquilidad y  todo,  y si fuéramos a  elecciones libres, supervisadas, justas y  transparentes,  este gobierno se iría,  entonces  tiene que provocar el caos para justificar mantenerse en el poder”,  explicó.   El  Gobierno no  tendrá justificación  ante los tribunales como  para explicar por qué le pudo  haber fallado a  estas empresas que lo están demandando, vaticinó Arteaga.

Una de las cosas más  importantes que pueden tener las economías son las señales que  envían  al  exterior, es decir, señales que  se  envían a la inversión extranjera y eso es muy importante,  afirma por su parte  el  economista Luis René Núñez. “De hecho,  en un  país  como  Nicaragua, donde la figura de confiscación  no  existe, se supone que todos los conflictos se tienen que resolver en tribunales e instancias arbitrales,  aquí se están resolviendo por la vía de hecho. Estas  son malas señales las que se envían  a una   inversión  que cada vez está más temerosa de venir a instalarse a Nicaragua”, sostuvo.

Puede dejar a Nicaragua fuera del Cafta

Los reclamos que se llevan en contra de Nicaragua apelando a las cláusulas del  DR-Cafta corresponden a un asunto jurídico  y  de derechos, es decir hay una trascendencia,  dijo.  “Nosotros hemos visto  que, por ejemplo, en el caso de  Riverside Coffee, que está demandando  a Nicaragua  bajo  los beneficios del Dr-Cafta, es delicado si  se toma en cuenta que Nicaragua está siendo  objeto de  un análisis  para ver si  continúa o  se suspende de ese  acuerdo”,  refirió. Para Núñez, las situaciones que han ocurrido con  las empresas en  Nicaragua les meten  ruido a los inversionistas y  pueden llevar a tener efectos muy  negativos.

Los países gobernados por dictadores crean estrategias para expropiar a personas y  empresas de sus propiedades.  El pasado 5 de enero, Venezuela, mediante Iris Varela, la presidenta del Parlamento, propuso  “que se decrete la confiscación de los bienes de todos los que se fueron del país”.  ¿Nicaragua podría estar replicando modelos de  sus  amigos venezolanos?

Lo cierto  es que Ortega está bastante familiarizado  con  las confiscaciones, porque es un  modelo que  puso en marcha desde la década de 1980, cuando una reforma agraria sandinista distribuyó alrededor de 6 mil propiedades agrícolas, que sumaban en total unos tres millones de manzanas, de acuerdo  con  Jaime Wheelock Román, exministro de Desarrollo y Reforma Agraria.

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