El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo rechazó este viernes la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y expresó su respaldo a Vladimir Putin, uno de sus pocos aliados internacionales, mientras desatiende las recomendaciones de organismos internacionales que le solicitan el respeto a los derechos humanos en Nicaragua, la liberación de los presos políticos y reencauzar al país a la senda de la democracia.
A través de una carta firmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), el régimen afirmó que continuará «condenando todas las formas y modalidades de conflagración», debido a que consideran que «la paz y el diálogo son los únicos caminos para promover verdaderamente la vida que todos los ciudadanos de la comunidad planetaria merecemos».
Afirma también que «toda acción dirigida a excluir o suspender la participación de los países y de sus Gobiernos en los diferentes organismos internacionales constituye una violación a los derechos humanos y una agresión a sus pueblos, violatoria del derecho internacional, incompatible con la Carta de las Naciones Unidas».
Rusia, gobernada por Putin, comenzó el pasado 24 de febrero una intervención militar en Ucrania que ha sido condenada por la comunidad internacional, la que ha impuesto severas sanciones a Rusia por el actuar de Putin.
La expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos se dio el jueves, 7 de abril, ante señalamientos de «violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos», cometidos por el Ejército ruso contra el pueblo ucraniano. Un total de 93 naciones votaron a favor de la expulsión del régimen ruso, 58 se abstuvieron y 24 se opusieron, entre ellos Nicaragua.
«Comprometidos con los mecanismos de diálogo»
El régimen orteguista, siguiendo con su narrativa, expresa su «vocación y compromiso permanente con la paz en el mundo y los mecanismos de diálogo para propiciarla», y también refiere que respalda todos los esfuerzos humanitarios que deben asumirse con respeto y neutralidad, ante conflictos que ponen en riesgo la seguridad y la vida en todas sus formas.
No obstante, obvia la realidad que se vive en Nicaragua, donde el próximo 18 de abril se cumplirán cuatro años de una crisis sociopolítica y de violación de derechos humanos severa, según los mismos organismos de derechos humanos internacionales.
La crisis se agudizó en los últimos años con los encarcelamientos y condenas de más de 40 opositores, entre ellos aspirantes presidenciales, activistas políticos, empresarios, líderes universitarios y campesinos, que fueron secuestrados de cara a la celebración de la polémicas elecciones de noviembre de 2021, con la que Ortega asumió su cuarto mandato consecutivo de la mano de su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta designada.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU recientemente aprobó para Nicaragua un mecanismo de tres expertos para documentar las graves violaciones a los derechos humanos que se han dado desde abril de 2018. Desde ya, expertos en derecho internacional y analistas suponen que el régimen no permitirá el acceso de ese grupo de expertos.
En Nicaragua, además, hay más de 100 presos y presas políticas que permanecen en los diferentes sistemas penitenciarios desde antes de abril 2018.
De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, conformado por organizaciones de derechos humanos, familiares de presos políticos, excarcelados políticos, abogados defensores de presos políticos y activistas territoriales y digitales, hasta el 31 de marzo de este año se registró un total de 181 reos políticos en Nicaragua.
