La represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha obligado a varios abogados y defensores de derechos humanos a salir de Nicaragua para refugiarse en otros países, debido a las amenazas de encarcelamiento que sufren en su contra por defender a presos políticos.
Una abogada nicaragüense que está en el exilio y que habla con LA PRENSA en condición de anonimato, dice que los abogados se encuentran en tres situaciones diferentes, pero que todas son complicadas.
“Están los abogados que están dentro del país, los abogados detenidos y los que están en el exilio”, explica.
Los abogados exiliados se enfrentan con el problema de no poder ejercer su profesión en otros países, debido a que “habría que recurrir a un procedimiento universitario y académico y eso podría tardar muchos años”.
Entre los abogados detenidos que se encontraban ejerciendo la defensa de otros reos políticos antes de ser detenidos, se encuentran Róger Reyes y María Oviedo.
Defensor Pablo Cuevas decide salir del país
El caso más reciente de un abogado que salió al exilio es el del defensor de derechos humanos y exasesor jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, quien relata a LA PRENSA que desde mayo del 2021, cuando inició la ola de arrestos en contra de opositores, el asedio y persecución en su contra se intensificó.
Cuevas comenta que incluso existe una demanda civil en su contra y que fue citado por una vecina suya simpatizante del régimen, a una delegación policial en Managua, pero él no se presentó por temor a ser encarcelado por su trabajo de defensa de derechos humanos.
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El abogado había trabajado 23 años para la CPDH y desde 2018 se convirtió en uno de los defensores más visibles en los casos contra presos políticos.
Cuevas cuenta que en octubre de 2021 cuando se dirigía a San Miguelito para atender oficios de la CPDH, agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) lo interceptaron en el camino y lo obligaron a regresar a Managua escoltado por al menos cinco patrullas.
Los siguientes meses, Cuevas sufrió asedio por parte de paramilitares y agentes de Policía que llegaban a buscarlo a su casa en Managua y también lo seguían cuando iba para su trabajo.
A inicios de marzo del 2022, un contacto que él tiene en la Policía le advirtió que iba a ser apresado, por lo cual, el 8 de ese mes decidió salir de Nicaragua de manera irregular. Actualmente, se encuentra exiliado en Costa Rica.
Los vecinos de Cuevas le han comentado que tres días después que salió del país, agentes policiales llegaron a su casa a buscarlo. También lo buscaron en los hogares de sus vecinos y en la casa de sus suegros.
Hasta el momento no hay una cifra exacta de cuántos abogados han decidido salir de Nicaragua, pero la jurista exiliada estima que hay al menos 15 defensores en el exilio y la mayoría han salido del país desde que inició la ola de arrestos en mayo del 2021. “De esos 15 que le hablo, como nueve fueron fiscales”, aseveró.
Otros defensores de derechos humanos ya tienen casi cuatro años de estar en el exilio, ya que salieron del país desde el 2018.
No se puede defender derechos humanos en Nicaragua
La abogada Yonarqui Martínez dice que continúa en Nicaragua en total clandestinidad. Desde hace meses dejó su casa de habitación porque policías y paramilitares llegaban a asediarla debido a su trabajo como defensora de presos políticos, cuenta.
Martínez afirma que el gremio de abogados en Nicaragua trabaja con mucho temor, bajo amenazas y asedio. “Aunque denunciemos, lo que ocasionamos es que nos dañen aún más. Nos da miedo por nuestros hijos”, indica.
“Llega un momento en que tu trabajo se convierte en un peligro y sí hay mucho miedo. Es difícil para un defensor dejar de defender a un inocente, pero también es difícil salir de la casa y no saber si vas a volver”, cuenta Martínez.
Desde el exilio, Pablo Cuevas asegura que “en Nicaragua está proscrito defender derechos humanos”, debido a que los profesionales del derecho que se atreven a ejercer la defensa en casos que son considerados como “políticos”, reciben represalias para que no hagan su trabajo.
Por su parte, la abogada Martha Patricia Molina considera que “la persecución no es solo al abogado sino a todo aquel que se oponga abiertamente a las arbitrariedades de la administración pública Ortega Murillo”.
Molina indica que defender a presos políticos “no es nada fácil”, y que “ni el abogado con mayores conocimientos técnicos jurídicos podría ganar un juicio ante un sistema judicial corrupto”.
Según la abogada Molina, antes de 2018 la dictadura de Daniel Ortega “no era abiertamente hostil en contra del gremio de abogados y defensores de derechos humanos”, pero eso cambió “con la publicación de las leyes represoras” en 2020.
Las leyes a las que hace referencia Molina son la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos; la Ley 1055, Ley de Defensa a los Derechos del Pueblo, Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz y la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
“Con la publicación de las leyes represoras, se ha materializado de manera jurídica lo que en la práctica se venía ilegalmente realizando y no es que ahora la persecución sea legal, sino que están utilizando el marco normativo para dar apariencia de que se actúa apegado a derecho”, explica Molina.
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La abogada Martínez coincide con el planteamiento de Molina. “Se legalizó la persecución a nuestro trabajo” con la aprobación de estas leyes, indica.
En enero del 2022, un grupo de abogados y defensores de derechos humanos denunciaron que la dictadura ejerce una “implacable persecución” en su contra para provocar temor, censurar y obligar que los juristas salgan al exilio y profundizar la indefensión de los presos políticos.
La denuncia la hicieron durante una conferencia organizada por el Colegio de Abogados de Barcelona, España, en donde también destacaron que el régimen utiliza métodos de intimidación, persecución y criminalización contra los abogados que se atrevan a representarlos en los procesos judiciales que les han abierto y contra las personas y organizaciones que aboguen por ellos.
Cuevas coincide con lo denunciado por el grupo de abogados en enero y comenta que incluso la CPDH había optado por “censurarse” durante el año pasado para evitar que el régimen aumentara la represión en contra de la organización y sus miembros.
Incluso, dice Cuevas, él mismo ha conocido de abogados que se han negado a defender casos que “son políticos”, por las consecuencias que eso podría traerles.
