Con la reciente «intervención y confiscación» de cinco universidades privadas, el Estado de Nicaragua violó el derecho a la elección a más de 18 mil estudiantes y a otros miles los sigue violentando al reducirle a la Universidad Centroamericana (UCA) la asignación del 6 por ciento que por derecho constitucional reciben los centros de educación superior, mismo que la UCA utilizaba exclusivamente para otorgar becas a más de la mitad de sus estudiantes. Durante un foro independiente de educación activistas y académicos nicaragüenses pidieron a instancias de la ONU prestar atención a lo que está ocurriendo con la educación superior en Nicaragua.
En las últimas semanas el régimen despojó de su personería jurídica a seis universidades privadas; luego las intervino a través del Consejo Nacional de Universidades (CNU) que es controlado por la UNAN-Managua. Las afectadas son: Universidad Politécnica (Upoli) que tras la «confiscación» pasó a llamarse Universidad Politécnica de Nicaragua (UPN); Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse) de Estelí, que ahora se llama Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda.
También las universidades Hispanoamericana (Uhispam), Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH), Popular de Nicaragua (Uponic) y la Paulo Freire, que fueron fusionadas para formar la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés.
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Universidad costarricence promueve foro
«La población afectada con estas universidades ocupadas, intervenidas y confiscadas fue de unos 18 mil estudiantes. ¿Y qué pasa? En virtud del artículo 44 constitucional la confiscación está estrictamente prohibida… A estas universidades no se les reconoció su derecho a la defensa, el derecho al uso de recursos legales ni el derecho al debido proceso. Sino que fueron intervenidas rápidamente intervenidas y ocupadas a la fuerza, utilizando la fuerza pública y el control sobre el Consejo Nacional de Universidades», dijo Marco Aurelio Peña, economista y académico universitario.
Peña junto con los activistas Elthon Rivera y Alejandra Padilla participaron en el foro virtual «Conversando sobre las transgresiones a la educación superior, libertad académica y autonomía universitaria en Nicaragua». El evento fue promovido por el Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica.
Para Peña, esta ilegalidad se legalizó posteriormente con reformas a leyes que le otorgan poderes al Consejo Nacional de Universidades (CNU), además, este año la partida de 184 millones de córdobas que la UCA recibía para otorgar becas a más de la mitad de sus estudiantes se redujo a un millón de córdobas.
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Reformas deterioran calidad de la educación
«Es importante mencionar que la UCA como la mejor universidad del país becaba al menos al 50 por ciento de sus estudiantes con los fondos provenientes del presupuesto de la nación. Yo mismo fui becado por la UCA, entonces puedo dar fe por experiencia propia de que sí estos recursos se utilizaban para una población universitaria bastante amplia… Son transgresiones y atropellos en algo que naturalmente ha sido premeditado y planificado como una política de represión sistemática», explicó Peña.
Durante el foro también se criticó que las universidades «confiscadas y nacionalizadas» seguirán cobrando aranceles a los estudiantes. Esto choca con el principio de gratuidad de las universidades públicas. «Además esto violenta la libertad de elección, porque el que estudiaba en una universidad privada estaba ejerciendo su derecho a la libertad de elegir esas casas de estudio y ahora se les está obligando estudiar en unas universidades que son un híbrido», señaló Peña.
Según los panelistas, la intervención de las universidades junto con las recientes reformas a las leyes educativas que le dieron más facultades al CNU que es un órgano partidario, deterioró el diseño institucional y jurídico del subsistema de educación superior de Nicaragua y abona al deterioro de la calidad de la educación superior, ya que no se garantiza la libertad de cátedra.
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Llamado a la ONU
Alejandra Padilla abogó por cientos de estudiantes que por no querer someterse al sistema partidizado de educación de Nicaragua o porque fueron expulsados de los centros de estudios han tenido que exiliarse y enfrentan dificultadas para continuar sus estudios. Ella pidió que se flexibilicen los requisitos y se amplíen las oportunidades para que ellos no vean frustrados sus sueños de concluir una carrera universitaria.
Por su parte, Elthon Rivera pidió seguir llevando las denuncias de lo que ocurre en las universidades de Nicaragua, Cuba y Venezuela para que el mundo sepa lo que está ocurriendo y que organismos tan importantes derivados de la Organización de Naciones Unidas (ONU) le presten atención a estos temas y no solo a las violaciones a los derechos humanos.
«En Nicaragua hay microdictaduras, no solo es la dictadura de Daniel Ortega. Las universidades tienen sus propias dictaduras. Estamos hablando de rectoras y rectores que tienen años de estar en el poder y que se rehúsan a dejarlo. Decanas y decanos que se han eternizado en los puestos a través de amarres para mantener controladas las instituciones de educación superior en Nicaragua», dijo Rivera.
Los panelistas esperan que organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (Unesco) presten atención a lo que está ocurriendo con la educación superior en Nicaragua y otros países afectados por el totalitarismo.
