CONTENIDO EXCLUSIVO.
CONTENIDO EXCLUSIVO.Desde la entrada en vigencia de la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral o «Ley Renacer» en noviembre pasado y que tiene como objetivo ejercer más presión por medio de sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la Administración Joe Biden la ha aplicado parcialmente, señaló una congresista republicana.
Al respecto, analistas políticos consultados por LA PRENSA coinciden en que hay medidas de la Ley Renacer que se conocen que han sido aplicadas y otros aspectos que no. Mientras que, un experto en derecho internacional sostuvo que la Ley ha sido aplicada como estaba previsto, pero señaló que hay temas relacionados con política exterior que no necesariamente deben hacerse públicos, o al menos, no divulgarse por el momento.
La congresista republicana de origen cubano, María Elvira Salazar, cuestionó el lunes 14 de marzo, al presidente de Estados Unidos, porque, según ella, no ha aplicado completamente la Ley Renacer contra el régimen orteguista. A través de su cuenta en Twitter, expresó que “el Congreso aprobó la Ley Renacer en noviembre pasado. ¿Por qué la Administración Biden no lo ha aplicado completamente contra el régimen de Ortega hasta ahora?”
Ese cuestionamiento a la Administración Biden lo hizo Salazar tras comentar un artículo del periódico estadounidense The Washington Post sobre la declaración de culpabilidad de la exprecandidata presidencial Cristiana Chamorro, hecho que ocurrió el pasado viernes 12 de marzo.
“¡Qué vergüenza que el Congreso de EE. UU. aprobara la Ley #RENACER hace más de cuatro meses y Biden no haya logrado aplicarla por completo contra Ortega y sus secuaces!”, reaccionó Salazar, tras las crueles e infundadas condenas del régimen contra más de 40 opositores.
Estos son los alcances de la Ley Renacer
1. Alinea la diplomacia estadounidense y las sanciones específicas para promover elecciones democráticas, incluida una revisión de los nicaragüenses clave que han desmantelado las perspectivas de elecciones libres, justas y transparentes.
2. Ordena al poder ejecutivo que revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (Cafta).
3. Amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y reafirma la exención legal existente para proyectos humanitarios.
4. Requiere coordinación de sanciones con Canadá y la Unión Europea.
5. Agrega a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa relacionadas con la corrupción.
6. Requiere informes clasificados sobre la corrupción perpetrada por el Gobierno y la familia del presidente Ortega, así como sobre las actividades del gobierno ruso en Nicaragua.
7. Requiere informar sobre las ventas militares rusas a Nicaragua y una revisión de posibles sanciones bajo la Ley de Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos mediante Sanciones (Caatsa).
8. Requiere informar sobre abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses en comunidades rurales e indígenas.
¿Cuáles de estas medidas se han cumplido y cuáles faltan por aplicar?
El exdiputado y analista político, Enrique Sáenz, opinó que hay partes de la ley que se conoce que se han cumplido, como las sanciones individuales a individuos afines al régimen coordinadas con Canadá y la Unión Europea, y otras medidas que no se conocen, como la entrega de informes sobre la corrupción del régimen, para ser analizados y con base en ellos tomar medidas.
«La parte que sabemos son las sanciones que se han aplicado y el hecho tal como está consignado en esa ley es evidente que se ha procurado una armonización con otros gobiernos, Canadá, la Unión Europea y América Latina. Pero, hay otra parte de la ley que realmente no conocemos o cuál es el estado, por ejemplo, en la Ley se señala que debe presentarse un informe sobre el tema de la corrupción de la cúpula en el poder, no se sabe que ese informe se haya presentado, si es un informe que se presentó y es privado, o no se ha presentado y está pendiente. Este es un tema relevante, porque la corrupción es inherente al régimen de Ortega», señaló Sáenz.
Lea también: Los riesgos del partido único para Nicaragua, esto explican los especialistas
Otro elemento que señaló Sáenz es la presentación de informes clasificados sobre las actividades del gobierno ruso en Nicaragua. «No sabemos si se ha presentado un informe o está pendiente o un informe público, que se refiere a las relaciones con Rusia, a las compras de armas, a la influencia efectiva de Rusia con el régimen, porque de ahí se desprenden otro tipo de acciones, desconocemos si ese informe se ha presentado o no», insistió.
No obstante, a criterio de un experto en derecho internacional, que prefirió mantenerse en el anonimato, «la Ley entró en vigor el 10 de noviembre y está siendo aplicada como está previsto».
«Pide alineamiento y coordinación de estrategias y respuestas con Canadá, la Unión Europea y otros países aliados en la comunidad internacional, y eso lo hemos visto con mucha claridad en los últimos meses, por ejemplo con sanciones simultáneas, comunicados o declaraciones conjuntos, votaciones coordinadas en varios foros multilaterales», argumentó el especialista.
Sobre el plazo de entrega de los informes
De acuerdo con lo estipulado en la Ley Renacer, a partir del 10 de noviembre que entró en vigor, se requería de un período máximo de 90 días para los funcionarios e instituciones del gobierno norteamericano presentaran ante el Congreso de EE. UU. al menos siete informes y partiendo de ahí se analizarían las próximas medidas para que el Ejecutivo actúe o responda bajo la Ley Renacer sobre la situación de Nicaragua.
Los informes a entregar plantean ejercer presión sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, a través de sanciones individuales a funcionarios y restringir los préstamos bancarios multilaterales, imponer restricciones a las instituciones financieras internacionales relacionadas con Nicaragua, imponer sanciones específicas para promover elecciones democráticas, y desarrollar e implementar una estrategia de sanciones coordinadas con socios diplomáticos.
El Congreso debió haber recibido los informes en la segunda semana de febrero. El otro plazo de entrega de informes se cumple a los 180 días de la entrada en vigor de la ley, es decir, el próximo 10 de mayo.
Sobre el cumplimiento de la entrega de los informes, el especialista en derecho internacional afirmó que «la Administración (Biden) ha ido cumpliendo los plazos. El último se entregará a los 180 días, es decir, el 10 de mayo. Esos informes son los que dictarán qué herramientas se utilizan y con qué fines».
Respecto a la publicación de dichos informes, dijo que «la ley no lo especifica, solo se entiende que son informes que el poder Ejecutivo entrega al Legislativo. Tampoco se han hecho públicos ni se han comentado en prensa. No suelen haberlas, porque son temas delicados de política exterior. Algunos informes hasta son clasificados, y tampoco hay obligación de que sean escritos. Bien pudieron haber sido verbales».
¿Y el ámbito financiero?
En cuanto a las restricciones financieras internacionales relacionadas con Nicaragua, la Ley Renacer propone «mayor control de recursos para el régimen», al expandir la supervisión de los préstamos de instituciones multilaterales internacionales a Nicaragua y reafirma las excepciones humanitarias.
Sáenz dijo que desconoce «si la Administración (Biden) ha tomado algún tipo de acción en el ámbito de las instituciones financieras internacionales», por lo que «no podría opinar hasta cuánto se ha aplicado o no (la Ley Renacer), pero sí puedo decir que desconocemos si la aplicación de aspectos relevantes como mencionaba la corrupción, las relaciones con Rusia, particularmente en el ámbito militar y el tema de las instituciones financieras multilaterales».
Lea además: Policía orteguista acusa a una opositora de estar organizando protestas de cara al 18 de abril
Mientras que el experto en derecho internacional señaló que «habría que preguntarle a esos congresistas qué parte de la ley ellos consideran que no se está aplicando, sin olvidar que estamos en año electoral y que la mayoría de críticas surgen de militantes opuestos al Partido Demócrata».
«Probablemente estén pensando en la financiación multilateral. Allí cabe recordar también que la Nica Act, que sigue en vigor desde 2018, también aborda ese punto, y la Administración anterior (de Donald Trump) no hizo nada para congelar desembolsos o evitar nuevos créditos. La actual (Administración) seguramente cumplirá con sus deberes, siempre según los intereses colectivos de los estadounidenses», añadió.
A la vez recordó que «son asuntos muy complejos que no se pueden resolver con respuestas sencillas, Tanto Nica Act, como la Renacer tienen salvedades explícitas por temas humanitarios, y piden evitar medidas que afecten al pueblo nicaragüense en su conjunto, en lo posible».
Participación de Nicaragua en el DR-Cafta
La Ley Renacer incluye la revisión de la participación de Nicaragua en el DR-Cafta. Este punto no tiene estipulado un período de entrega de informe.
El politólogo costarricense Alberto Cortés manifestó que la «aplicación de la Ley Renacer a Nicaragua en todos sus extremos, que implicaría suspender a Nicaragua del Cafta-DR, depende de la voluntad y el cálculo político del gobierno norteamericano».
A la vez señaló que «obviamente, es una decisión compleja, dado que tendría un fuerte impacto sobre la economía nicaragüense y, posiblemente, entre sus consecuencias estaría un aumento de la emigración de Nicaragua hacia los Estados Unidos, un tema que tiene gran resonancia en esta potencia, sobre todo, tomando en cuenta las elecciones de noviembre para el Congreso y el Senado».
El DR-Cafta entró en vigencia durante el gobierno del expresidente Enrique Bolaños, fue firmado en 2005 y se puso en marcha en 2006. Consiste en un Tratado de Libre Comercio (TLC) que ha permitido a Nicaragua, con profundos problemas de competitividad, ingresar al mayor mercado del mundo, como es Estados Unidos, con sus productos, con aranceles cero o reducción en los mismos, lo que ha permitido un incremento sustancial en los ingresos por exportaciones.
El foco está en Ucrania
Por otro lado, un analista político que también demandó el anonimato, manifestó que la Ley Renacer es «una de las legislaciones más completa en términos de presión en cuanto a la corrupción y violación de derechos humanos de esta dictadura».
Sin embargo, desde su punto de vista «en estos momentos Nicaragua no es prioridad para el Congreso y la Casa Blanca, pues el foco está en Ucrania».
Y es que, Estados Unidos y sus aliados europeos han intensificado las sanciones contra Rusia por invadir a Ucrania. No obstantes, a pesar de los castigos que afectan a la economía rusa, hasta ahora no han conseguido que Vladímir Putin detenga los ataques.
Sáenz manifestó que la crisis de Nicaragua y la guerra en Ucrania no son equiparables, son dos realidades distintas. «En Ucrania estamos hablando de una agresión militar, de una guerra, que amenaza la seguridad de los países europeos, de los países que están en la frontera de la órbita de influencia de Rusia, que amenaza incluso con agravarse y extenderse a nivel mundial. No son definitivamente comparables», dijo.
Podría interesarle: Ortega «ofrece a Nicaragua como peón» en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Analistas señalan las consecuencias de esta decisión
Cabe mencionar que el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, dijo el mes pasado al medio internacional Voz de América que «las sanciones de Estados Unidos contra Rusia impactarán a los gobiernos latinoamericanos que tienen fuertes vínculos con el gobierno de Vladímir Putin, como es el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba».
«Venezuela va a comenzar a sentir esa presión, Nicaragua va a sentir esa presión, al igual que Cuba. Pero en fin, lo que nosotros queremos son salidas negociadas a la crisis en Venezuela, con una restauración del orden democrático en Nicaragua y queremos que sean los cubanos quienes determinen su futuro, y no una dictadura», añadió González.
A propósito, el experto en derecho internacional destacó que «eso lo estamos viendo ya en la enorme reducción de capacidad de la Federación rusa en los ámbitos económicos y militares. También en eso mismo, en que dan una lección a regímenes autoritarios antidemocráticos del enorme abanico sancionador a disposición de la comunidad internacional».
Con relación a Nicaragua, el experto recalcó que «no existe un conflicto armado ni de dimensiones humanitarias como la de Ucrania, que en unas semanas ha generado éxodo masivo a los países vecinos que se acerca al 10 por ciento de su población. En cuatro años, los nicaragüenses exiliados no alcanzan ni el 5 por ciento. A ojos de la comunidad internacional, las dos coyunturas no son equiparables, y las respuestas tampoco pueden serlo».
Más de 3,000 sanciones contra Rusia
Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, el pasado 24 de febrero, los gobiernos occidentales han impuesto más de 3,000 sanciones económicas y financieras contra ciudadanos, empresas y el Estado ruso. A esto se suma la decisión de multinacionales y grandes marcas de suspender sus operaciones en territorio ruso.
Cortés señaló que «la invasión de Rusia a Ucrania y la contundente respuesta de Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Europea a la potencia invasora, evidencia que las sanciones económicas pueden ser más severas. Por ejemplo, Estado Unidos e Inglaterra decidieron la prohibición de la importación de petróleo y gas de Rusia. Además, los países antes mencionados han bloqueado una gran cantidad de productos rusos y se ha generado una salida de muchas empresas de estos mismos países de Rusia».
La crisis en Ucrania ha demostrado que la comunidad internacional, tiene más opciones de sanciones contra Ortega, no obstante, Sáenz, considera que la responsabilidad primordial de salir de la crisis es de los propios nicaragüenses.
«Que la comunidad internacional ha dado paso con declaraciones con sanciones aislando a la dictadura, pero esas son acciones complementarias a las que nos corresponden a nosotros los nicaragüenses empezando porque los distintos grupos y liderazgos, finalmente puedan concertar, encontrar un espacio de concertación que seguramente animaría más a la comunidad internacional, pero la primera responsabilidad y creo que antes de señalar a la comunidad internacional, es señalar a las organizaciones y liderazgos que nos están propiciando establecer espacios de concertación», señaló Sáenz.
