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CONTENIDO EXCLUSIVO.En casi tres años de vigencia de la Nica Act, que tiene como principal finalidad endurecer el acceso de Daniel Ortega a las ventanillas de las multilaterales donde Estados Unidos tiene influencia y poder de veto, los números oficiales reflejan que el régimen en el último trienio ha conseguido más recursos que antes de la aprobación de esa legislación de Estados Unidos.
Ortega tiene más recursos llegados desde el exterior que nunca. Solo en el 2021, el Gobierno asegura que recibió en préstamos concesionales 1,162 millones de dólares, un nivel no observado ni en la era de cuando la economía crecía de manera sostenida, sin sanciones internacionales y cuando los organismos financieros internacionales enarbolaban los resultados macroeconómicos de la dictadura.
En un contexto de mayor represión, con leyes que han mutilado todos los derechos civiles y libertades de los nicaragüenses, la Nica Act no fue capaz de impedir que en el 2021 los préstamos externos conseguidos por el régimen crecieran 40 por ciento, es decir 331 millones de dólares más que en el 2020.
Recursos no dejan de fluir
En diciembre de 2018 Estados Unidos, con la aprobación de la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act), bloqueó, al menos en términos legales, el acceso a Ortega de recibir recursos frescos de los organismos financieros, sin embargo, la semana pasada las autoridades del Banco Central de Nicaragua (BCN) indicaron que el país consiguió números récords en cuanto a este tipo de financiamiento.
Por ejemplo, las estadísticas de la entidad muestran que en 2018 Nicaragua recibió financiamiento por 548.5 millones de dólares, cifra que descendió ligeramente en 2019 y se ubicó a 538.1 millones de dólares.
En 2020, según una presentación del presidente del BCN, Ovidio Reyes, el Gobierno tuvo acceso a 831.3 millones de dólares y asegura que en 2021 fueron 1,162 millones de dólares, lo que supone un incremento del 39.7 por ciento en un solo año.
Además, los datos muestran que entre 2018 y 2021, en el contexto de sanciones y aislamiento internacional, el régimen logró obtener un total de 3,079.9 millones de dólares, es decir que Ortega ha conseguido más dinero durante la era de la Nica Act que antes.
Cabe destacar que, según los informes de Cooperación oficial externa, lo acumulado en 2021 es la cifra más alta que reporta el BCN en los últimos 15 años. El monto más bajo corresponde a 2008 (213.1 millones de dólares).
“El historial de desempeño fiscal responsable y la gestión activa de recursos financieros, resultó en la obtención de flujos de préstamos externos concesionales y colocaciones de Bonos de la República de Nicaragua (BRN) a menores tasas de rendimientos que en años anteriores, permitiendo así el financiamiento sano del déficit público”, dijo Ovidio Reyes durante un encuentro con empresarios y el presidente del BCIE, Dante Mossi, quien vino al país a inaugurar la nueva sede del banco.
Entre el 2016 y 2018, cuando la Nica Act, aún no entraba con el escenario, el sector público obtuvo en préstamos externos 1,451 millones de dólares, mientras que en el trienio 2019-2021 el régimen 2,531.4 millones de dólares.
“La pandemia y los huracanes Iota y Eta fueron el salvavidas de Ortega”
Pero, ¿cómo el Gobierno de Nicaragua pudo acceder a este tipo de financiamiento tomando en cuenta las restricciones que tiene con la Nica Act?
Además del soporte que el BCIE le ha dado al régimen, este se ha beneficiado de una cláusula que contiene la Nica Act: financiamiento por razones humanitarias, el único al que puede acceder el régimen y que podrían explicar en parte, por qué el FMI, el Banco Mundial y el BID, en los últimos dos años han aprobado significativos fondos de apoyo a Nicaragua.
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A criterio de especialistas consultados, quienes prefirieron el anonimato por temor a represalias, el Gobierno de Nicaragua, al igual que otros países, aprovecharon la pandemia de la covid-19 para obtener estos recursos más fácilmente.
Un exdiplomático y analista político señaló que las disposiciones contenidas en la Nica Act y en la Ley Renacer son claras, en cuanto al compromiso de Estados Unidos de no apoyar y usar todo su poder de influencia para que estos organismos financieros, de los que es socio, no aprueben préstamos a Nicaragua mientras se sigan irrespetando los derechos humanos y la democracia.
“Pero estas leyes también contemplan la excepción relativa a la ayuda humanitaria, la pandemia y los huracanes Iota y Eta fueron el salvavidas de Ortega”, aseguró.
“Ahora bien, esa ayuda excepcional no significa un cheque en blanco. Debe exigirse una rendición de cuentas sobre el destino de los fondos, si efectivamente se han utilizado para fines humanitarios y no han sido desviados. Son públicas, por ejemplo, las quejas de la población de la Costa Caribe que no han visto nada de esa ayuda. ¿Son compatibles esos préstamos con los asesinatos del pueblo miskito, por colonos alentados por la dictadura? Son preguntas que cabe preguntarse”, precisó.
Siguiendo esta línea, señaló que “una gran parte de estos fondos fueron aprobados para que fuesen ejecutados por organismos internacionales y a ellos también se les debe exigir una rendición de cuentas. Esos organismos internacionales ejecutan esos fondos a través de organizaciones no gubernamentales, las que como sabemos han sido perseguidas y eliminadas por la dictadura. Todo esto levanta grandes interrogantes y exige explicaciones de parte de esos organismos”.
El BCIE, principal mecanismo para sobrevivir a la Nica Act
Pero ¿qué papel financiero han jugado los distintos organismos multilaterales? Los números oficiales indican que en 2021 el BCIE ocupó el primer puesto con 413.1 millones de dólares; monto superior a lo contabilizado en 2020 (321.6 millones), 2019 (216.4 millones de dólares) y 2018 (318.6 millones de dólares).
Es decir que en los tres años del contexto Nica Act (2019-2021), este banco ha proveído al Gobierno 951.1 millones de dólares, de los 2,531.4 millones de dólares que se han conseguido en su totalidad en este periodo antes mencionado. En el 2018, en pleno apogeo de la crisis política, ese banco también fue un soporte clave para evitar que las finanzas públicas del régimen se derrumbaran.
En segundo lugar se encuentra el Fondo Monetario Internacional (FMI) con 353.5 millones de dólares en el 2021, cifra que es 89.2 por ciento superior a lo totalizado en 2020 (186.8 millones). Cabe destacar que este organismo no desembolsó dinero a Nicaragua desde 2012 hasta 2019, según las estadísticas del máximo emisor bancario.
Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó en 2021 financiamiento a Nicaragua por un total de 195.7 millones de dólares, por encima de los 150.2 millones desembolsados en 2020 y de los 131.2 millones de 2019. En 2018 fueron 99.5 millones de dólares. En tres años de Nica Act, este banco ha aprobado 477.1 millones de dólares, según las cifras expuestas por Reyes.
El Banco Mundial fue otra de las entidades que ha aportado a Nicaragua en los últimos años. En detalle, este banco pasó de poner a disposición del país 50.2 millones de dólares en 2018, a 128 millones en 2021. La diferencia equivale al 154.9 por ciento.
Solo en los tres años de Nica Act, este banco, donde EE. UU. tiene influencia, ha aprobado al Gobierno 275.6 millones de dólares, siendo el 2021 el mejor año de este periodo antes mencionado, según las cifras divulgadas por el presidente del Banco Central de Nicaragua.
Recomiendan revisar efectividad de sanciones impuestas al régimen
Los especialistas consultados coincidieron en que, a pesar de que Estados Unidos no tiene un poder de veto sobre los organismos financieros internacionales, con su fuerte influencia podría ejercer más presión sobre Ortega.
“En esos organismos no existe poder de veto, las decisiones se toman por mayoría accionaria, como en las sociedades privadas. Pero aún sin tener ese poder de veto Estados Unidos tiene porcentajes accionarios muy importantes y además un poder enorme de influencia sobre todos los socios”, indicó el exdiplomático y analista político.
Y agregó que ejercer ese poder de influencia es “no solo un compromiso político sino un compromiso legal, de acuerdo con la Nica Act y la Ley Renacer, y su no aplicación es lo que debe revisarse. El Congreso de Estados Unidos puede igualmente ayudar, solicitando una evaluación de la efectividad de las sanciones hasta hoy impuestas al régimen de Ortega”, recomendó.
Por su parte, en consultas con un economista, este recordó que el dinero que recibió el Gobierno no es de libre disponibilidad, y no lo puede utilizar para promover el desarrollo, pues está destinado básicamente para atender la pandemia. “Son financiamientos de emergencia que no pueden ser vetados o prohibidos por Estados Unidos o por los que tienen poder de veto, porque van dirigidos específicamente a eso”, agregó.
“Entonces, como parte de su misma política, Estados Unidos y los demás países que tienen sanciones contra los funcionarios del Gobierno de Nicaragua han aclarado siempre que no van a detener los flujos de cooperación para enfrentar la pandemia, pero en el país los proyectos de desarrollo podrían ir bajando. Aquí el Gobierno quiere presentar como que no ha pasado nada, pero el tema de las sanciones se mantiene y en los próximos meses va a golpear mucho más duro a la economía nicaragüense”, advirtió.
Ortega tiene más cartas a su favor
El economista y consultor externo sostuvo que, hasta el momento, Nicaragua no tiene problemas para conseguir recursos y que existen cuatro elementos que propician esta situación.
“En primer lugar la economía tuvo una recuperación, aunque sea en estadísticas, por encima del promedio de lo que ha tenido Centroamérica en la región, eso es lo que dicen ellos”, indicó.
La semana pasada, el presidente del BCN compartió que en 2021 se registró un repunte del 10.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), apoyado principalmente por factores externos. Para este año, proyectó que la tasa de crecimiento rondará en 4 o 5 por ciento y también estimó una inflación de entre 5 y 6 por ciento.
“Esos datos que presentó Reyes al BCIE se los presenta a los otros organismos internacionales, y como son las cifras oficiales es una forma de convencer al Sistema Financiero internacional para obtener el apoyo. Cuentan que la economía ha tenido una recuperación exitosa, que va a ser sostenible, aunque eso genera incertidumbre todavía”, refirió.
Asimismo indicó que el otro punto es que está demostrado que las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) a Nicaragua no han tenido ningún efecto en el aspecto económico, pues no son sanciones inhabilitantes, es decir que no tienen el peso de cortar los recursos financieros externos.
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“Las sanciones que Estados Unidos y la UE le han impuesto a Nicaragua han sido sorteadas de una manera muy hábil por el Gobierno. Si suponemos que Nicaragua deja de ser miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), ahí es otro caso, ya los organismos podrían recortar los recursos”, afirmó.
El manejo de la macroeconomía por parte del BCN es otro punto que destaca el economista. “Han tenido un buen manejo en los fundamentos macroeconómicos alineados de una manera que han incidido en el control de la inflación y han mantenido la estabilidad macroeconómica. El Gobierno no ha tenido una buena gestión de la pandemia, se ha beneficiado de los recursos que se han enviado, pero también han sabido manejar la economía desde el punto de vista macroeconómico. Las fallas tienen que ver con la política económica”, aclaró.
“El otro elemento importante es que Nicaragua presta, pero no son grandes cantidades como en otros países, depende del tamaño de la economía, entonces con solo un banco que esté ahí aportándole plata como es el BCIE tiene suficiente para poder salvaguardarse”, consideró.
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A su criterio, todos los países han aprovechado la pandemia para obtener recursos externos de manera más fácil y en la mayoría de estos, sobre todo en América Latina, “no hay transparencia en cuanto al uso de los recursos y el manejo de la pandemia”, agregó.
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¿Los recursos han sido manejados correctamente?
El régimen ha accedido a millones de dólares para contrarrestar la pandemia, reactivación económica y compra de vacunas anticovid, y aunque esta cooperación le impone condiciones de fiscalización y escrutinio de los recursos que recibe, Ortega no lo hace.
Pero, ¿por qué hasta ahora los organismos siguen sin pedir transparencia al Gobierno para garantizar que los fondos sean aplicados apropiadamente en las necesidades de la población?
Al respecto, el exdiplomático y analista político considera que la respuesta está en que “la burocracia internacional tiene sus propios intereses. Esa burocracia vive de esos préstamos y muchos hasta ganan bonificaciones por la colocación de los mismos. Pero los responsables últimos son los directivos de esos organismos, puestos allí por los gobiernos, dueños del dinero”.
Por ejemplo, “el señor Mauricio Clarone, actual presidente del BID, puesto allí por el expresidente Donald Trump antes de terminar su mandato, no ha dicho una palabra desde entonces sobre la situación de estos financiamientos a Ortega. Habría que pedirle una explicación. Lo mismo habría que hacer con aquellos gobiernos que son socios del BCIE y que, por encima de consideraciones humanitarias, continúan oxigenando al régimen para que este siga violando los derechos humanos de los nicaragüenses”, enfatizó.
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En esto coincidió con el exembajador de Nicaragua ante la OEA y ahora preso político, Mauricio Díaz, quien en marzo el año pasado explicó a este Diario que le parecía un alto grado de irresponsabilidad que las instituciones financieras internacionales no tomaran en cuenta la gravedad de los hechos que ejecuta un Gobierno, cuando se trata de la dignidad y de la vida de las personas.
“A mí lo que me ha llamado la atención es que a pesar de la represión, de la masacre, hemos visto cómo instituciones internacionales continúan soltando millones de dólares… bueno el caso de la pandemia es el mejor ejemplo. El Gobierno de Nicaragua ha aprovechado la pandemia para obtener recursos, incluso del FMI, pero sí me parece que todo el sistema internacional, todo en su conjunto de las Naciones Unidas, la parte que tiene que ver con derechos humanos, los organismos hemisféricos como la CIDH, la OEA, todos esos organismos requieren una evaluación profunda para ver qué es lo que está sucediendo”, indicó.