SOLO PARA SUSCRIPTORES.
SOLO PARA SUSCRIPTORES.En Nicaragua, el 18 de marzo se cumplirán dos años de haberse establecido el covid-19, y durante todo este tiempo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha manejado turbio y herméticamente los datos del impacto de la pandemia, así como los fondos que recibió condicionalmente de las multilaterales.
Pero, ¿por qué hasta ahora los organismos siguen sin pedir transparencia a Ortega? O al menos públicamente la información sobre el manejo de la pandemia sigue siendo confusa, incompleta y poco transparente, advierten analistas.
El régimen orteguista ha accedido a más de 700 millones de dólares para contrarrestar la pandemia, reactivación económica y compra de vacunas anticovid, pero hasta ahora no ha compartido informes que desglosen el uso de estos recursos y tampoco se ha visto a un Fo6ndo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuestionar dicho manejo. Pero especialmente, el régimen sigue dando información dudosa sobre la incidencia del virus en la población y el número de fallecidos.
A criterio de un economista y un exdiplomático nicaragüense, tanto el Gobierno como las multilaterales tienen la obligación de «responder y explicar» el destino y uso de los recursos, porque «se trata de fondos de la comunidad internacional».
En el 2020, el BID desembolsó 43 millones de dólares, dinero que tenía como propósito mitigar los efectos directos e indirectos de la pandemia, con especial atención a las poblaciones más vulnerables. En el acuerdo, el organismo expresó que uno de los condicionantes de ese préstamo era la transparencia en las cifras.
En el documento Respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la prestación de servicio en Nicaragua, Ortega se comprometió con el BID a una serie de objetivos para mejorar la detección y el seguimiento de los casos, apoyar esfuerzos para la interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad y mejorar la capacidad de provisión de servicios.
Asimismo se había comprometido a mejorar la detección y seguimientos de los casos covid-19. Además de divulgar los boletines epidemiológicos en el portal del Ministerio de Salud (Minsa) cada semana y estos incluirán los casos de coronavirus.
Entre los puntos importantes que destacan en el documento presentado ante el BID, está la promesa del régimen con un protocolo de información al público sobre Covid-19 que abarca la publicación de datos sobre casos sospechosos, muestras procesadas, casos confirmados, casos nuevos y acumulados, casos recuperados, casos activos, casos descartados, fallecidos, tasa de letalidad, pruebas realizadas, casos en hospitalización y en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Además se desconoce hasta ahora cuántas pruebas se realizan y son procesadas a diario, pese a que el régimen declara que en las unidades de salud se realizan las muestras de covid-19, no todas las personas logran tener acceso al test, y si se los hacen, desconocen los resultados del mismo.
Lea además: Estas son las 12 enfermedades crónicas que más aquejan a los nicaragüenses
«Es sencillamente inexplicable (…) Los nicaragüenses tenemos derecho a conocer esa información y las autoridades del BID tienen la obligación de proporcionarla a los nicaragüenses. Y si no la tienen, deben explicar por qué no la tienen. Otro tanto puede afirmarse con el crédito otorgado por el FMI a finales del 2020. ¿Cómo se ejecutó ese crédito?», cuestionó el economista y exdiputado opositor, Enrique Sáenz.
«Los organismos financieros están obligados a informar sobre el uso y ejecución de esos fondos. Los organismos financieros, no solo el Gobierno, tienen la obligación de responder y explicar, porque se trata de fondos de la comunidad internacional a la que deben rendir cuentas», manifestó por su parte un exdiplomático, quien prefiere omitir su nombre por temor a represalias del régimen.
En junio de 2021, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó 100 millones de dólares, de los cuales cerca de 24 millones de dólares ya habrían ingresado a las arcas del Estado.
Con esos fondos, el régimen ya compró 2.5 millones dosis de la vacuna AstraZeneca a través del Fondo Rotatorio que coordina la Organización Mundial de la Salud (OMS), de las cuales ya se entregaron 1.2 millones de vacunas. Esta compra, de 15.8 millones de dólares, fue la última que se realizó en el 2021.
«Ha prevalecido la falta de publicidad y transparencia»
El exdiplomático aclaró que los fondos con carácter humanitario —como la pandemia— están excluidos de la Nica Acta y la Ley Renacer, sin embargo, no se ha previsto con «claridad» cuáles son los mecanismos para garantizar que efectivamente esos recursos se usen para fines humanitarios y no sean desviados con otros propósitos.
«Es claro que ha prevalecido la falta de publicidad y transparencia y, en ese sentido, los organismos financieros tienen una gran responsabilidad», declaró el exdiplomático.
Por su parte, Sáenz consideró que también corresponde emplazar a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops por sus siglas en inglés), porque varios fondos han sido canalizados por esta institución «y no han dicho esta boca es mía».
«Desconozco si esa es voluntad de las autoridades superiores de esas instituciones, o si son los burócratas del menor nivel para cuidar su expediente administrativo y con ello la posibilidad de ascensos, prefirieron no disgustar al dictador. Esto también ocurre en los organismos internacionales, así que es oportuno y pertinente emplazar a los directorios de esas instituciones», remarcó.
En el 2020, cuando el BID aprobó el préstamo por 43 millones de dólares, el organismo multilateral pactó con Ortega que este estaría inhabilitado para manejar un solo dólar. El condicionante era contratar a cuatro agencias externas para que ejecutaran cada uno de los componentes del proyecto de salud durante los próximos 24 meses.
La Unops, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Consejo de Ministros de Salud de Centro América (Comisca) y el Project Concern International (PCI) fueron los encargados de ejecutar 41.84 millones de dólares del total de los fondos prestados.
Creen que multilateral no tiene interés
Un sociólogo —quien prefirió no ser citado—, cree que Ortega sí entrega cuentas claras y transparentes, pero solo sobre los proyectos financiados por la institución financiera internacional (en referencia al BCIE), donde hay criterios como: «Entrega de cuentas de los préstamos; en las visitas de comprobación hay avances efectivos y comprobables de los proyectos en terreno, no de palabras; y Nicaragua paga sistemáticamente los abonos de sus deudas multilaterales a estas tres agencias mencionadas, entonces, las relaciones financieras van bien y satisfactorias».
«Si revisamos los presupuestos General de la República del 2018 al 2022, encontraremos que hay un ítem casi permanente de pago a la deuda externa. De tal forma que Nicaragua, en medio de la pobreza de la población, siempre paga, siempre abona los intereses de su endeudamiento externo. Esta es deuda multilateral», expuso el sociólogo.
Además enfatizó que si Ortega maneja mal los recursos, son del presupuesto y no de los proyectos financiados. «Ortega usa, y mal usa, el dinero del PGR, no así lo de los proyectos financiados por la IFI (Institución Financiera Internacional) (…) de lo contrario no le prestarían ni un centavo. La administración cumple con sus acreedores, porque sabe lo que puede perder si no cumple», concluyó.
El intermedio de la pandemia
En tanto un médico especialista, que laboró por años para el Ministerio de Salud (Minsa), valoró que Ortega sí puede cumplir con las cláusulas acordadas con los organismos y presentar informes sobre el manejo de la pandemia, pero estos solo cuentan con datos apegados a la realidad del régimen que imposibilitan conocer el verdadero impacto de la pandemia durante estos dos años.
«Ustedes saben los reportes que hacen semanalmente de los casos y eso lo venden como que la pandemia está en una evolución favorable y controlada, y posiblemente eso lo estén vendiendo como idea a los organismos internacionales», expresó el médico.
De hecho, la OPS en reiteradas ocasiones ha manifestado que Nicaragua entrega el mismo informe que presenta semanalmente (a los medios oficialistas), donde reportan solo un fallecido por la covid-19.
«Durante estos dos años no sabemos con precisión qué ha sucedido, es muy posible que el Gobierno tenga información confiable sobre eso, pero aún ellos mismos creo que desconocen algunas cosas por las orientaciones que dieron, como ocultar información del comportamiento de la epidemia. Por ejemplo, desde los centros de salud, hospitales, muchos diagnósticos fueron cambiados; en las unidades de atención llegaban los pacientes con la sintomatología sugerente de covid y lo que hacían era establecer un diagnóstico de faringitis, mandaban a los pacientes a las casas, no se hacían pruebas ni seguimiento, por lo tanto el impacto real de la pandemia no lo vamos a conocer nunca», consideró el doctor.
El médico explicó que pese a que actualmente el nivel de la transmisibilidad mantiene niveles bajos de casos de contagio y muertes, en comparación con las dos olas anteriores, debido a la sintomatología de la variante ómicron, es difícil y apresurado asegurar que la pandemia ha acabado.
Aunque la vacunación es una de las principales herramientas para erradicar el virus de la covid-19, hasta la fecha se desconoce la cifra oficial de vacunas adquiridas por Nicaragua para inmunizar a la población.
Puede interesarle: Aumentan casos graves por ómicron en Nicaragua, informa OPS
Según información de la OPS, la semana pasada en Centroamérica, Honduras presentaba un incremento en las muertes y Nicaragua un aumento en los casos de contagio.
En cuanto al avance en la vacunación, los datos del portal de la OPS señalan que Costa Rica ha aplicado 8.9 millones de dosis, lo que corresponde al 73.7 por ciento de cobertura sobre su población; Panamá alcanzó los 7.5 millones de dosis y una cobertura de su población del 66.7 por ciento; El Salvador lleva 10.1 millones de dosis aplicadas, sobre el 65.4 de su población; en Nicaragua se han aplicado 9.3 millones de dosis, para una cobertura de 58.85 sobre su población. Le sigue Honduras con 11.5 millones de dosis y una cobertura de 45.35; mientras que Guatemala ha aplicado 14.5 millones de dosis anticovid, para una inmunización del 30.73 por ciento sobre su población.
«La realidad, creo que no la sabremos nunca porque esos registros, a diferencia de otros países que tal vez se oculta la información, pero se llevan registros precisos, aquí no lo vamos a saber porque no se lleva ningún registro oficial sobre el comportamiento de la pandemia», concluyó el médico.
