La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó la grave situación de violaciones a los derechos humanos que se han cometido desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018 y la impunidad en la que permanecen.
«Es lamentable que no estén presentes, que sus autoridades no puedan estar hoy con nosotros porque lo que hemos escuchado en el día de hoy es un recopilación de mucha información que estamos manejando… para escuchar cómo sus sistema de justicia, su órgano legislativo, puede tener un planteamiento que explique desde su visión, desde su análisis, esta situación planteada», expresó Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de la CIDH para Venezuela y Nicaragua, quien desde su posición señaló que ha ofrecido la oportunidad de dialogar, pero no se ha tenido respuesta.
En la Audiencia Pública participó la defensora de derechos humanos y directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, quien aseveró que el propósito del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es perpetuarse en el poder, a través de violaciones sistemáticas a un pueblo «cargado de reclamos y demandas de justicias».
La directora del Cenidh, aseguró que todos los crímenes cometidos contra la ciudadanía continúan sin ser investigados por el régimen de Nicaragua. «Los crímenes cometidos por el régimen Ortega Murillo son 355 muertos, la mayoría con características de ejecuciones extrajudiciales. Más de 2,000 heridos, decenas con secuelas de discapacidad. 1,614 presos políticos contó la CIDH en un momento determinado», indicó Vilma Núñez.
Por su parte, la integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Violeta Delgado, aseguró que el sistema de administración de justicia ha sido fundamental para la criminalización de la disidencia política y para la consolidación de las estructuras que garantizan la impunidad al régimen Ortega Murillo.
Asimismo, esta defensora de derechos humanos señaló que de las 169 personas privadas de libertad que se encuentran en los diferentes complejos policiales, 14 son mujeres. «Las mujeres encarceladas han sido objeto de mayor ensañamiento. Tal es el caso de Tamara Dávila, que ha sido sometida a total aislamiento por nueve meses en una celda empernada o totalmente sellada, sin tener contacto con nadie nada más que con sus carceleros. Sometida a interrogatorios diarios donde por sus acciones se les responsabiliza por el supuesto abandono de las labores de cuido socialmente vinculadas al género», relató.
Fraude electoral
Ligia Gómez, de Urnas Abiertas, afirmó que el fraude electoral realizado el pasado 7 de noviembre, donde salió electa la fórmula presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, perpetúa la impunidad del régimen en las sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Señaló que el régimen Ortega Murillo utilizó diferentes mecanismos que aniquilaron la legitimidad del proceso electoral que llevó a la realización de violaciones de derechos humanos. La detención de los precandidatos presidenciales, ocurrida entre mayo y noviembre de 2021, es una de estas violaciones, pero además Gómez señala que cada uno de los poderes del Estado responde a los intereses de la familia que ostenta el poder en el país.
“El poder electoral como parte de la estrategia represiva de la dictadura eliminó toda competencia electoral, restringió la participación política y es el máximo responsable del fraude fraguado. En consecuencia, en las elecciones pasadas se consolidó un sistema represivo que derivó en la supresión de facto de los canales democráticos para la transición política”, aseveró Gómez, temiendo que en las elecciones municipales a realizarse a finales en noviembre de este 2022 se repitan las irregularidades y violaciones de derechos humanos.
Medidas internacionales y creación de un nuevo mecanismo para Nicaragua
María Luisa Gómez, del Instituto Raza e Igualdad, solicitó que la comunidad internacional intensifique los esfuerzos para realizar una investigación independiente e imparcial de las violaciones a la ciudadanía nicaragüense.
Exigió a la Comisión que siga demandando al Estado de Nicaragua la liberación de las personas que se encuentran privadas de libertad, además la restitución de las personalidades jurídicas canceladas y la devolución de los bienes expropiados. «El pueblo de Nicaragua merece justicia y reparación por los crímenes en que ha incurrido el Estado desde abril de 2018», finalizó.
Los especialistas, a través de la discusión de la creación de un mecanismo de seguimiento y su establecimiento, aseguran que servirá para seguir dándole seguimiento a la situación que vive el país, la que han definido como «grave».
El comisionado Joel Hernández, de la CIDH, señaló que en estos procesos sobre el seguimiento a Nicaragua se ha padecido de la ausencia del Estado. «La ausencia es grave porque no podemos entablar diálogo si no está el Estado presente en estas conversaciones, la ausencia es grave además porque lleva implícita la negación del Estado a la realidad que se viene viviendo en Nicaragua, que se traduce del cierre de todo espacio democrático y esto impide poder revertir está situación», afirmó.
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