El juez Noveno de Distrito Penal de Juicios, Luden Martín Quiroz García, declaró culpables este viernes a la exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y exprecandidata presidencial, Cristiana Chamorro Barrios; su hermano Pedro Joaquín Chamorro Barrios; los extrabajadores de la FVBCH, Walter Gómez y Marcos Flete; y al conductor de Cristiana, Pedro Vásquez.
Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Fiscalía pidió que se condene a ocho años de prisión a Cristiana Chamorro, por los delitos de lavado de dinero y apropiación indebida. En tanto, solicitó 13 años de cárcel para los extrabajadores de la FVBCH, Gómez y Fletes, a quienes el juez declaró culpable de lavado de dinero, gestión abusiva, falsedad ideológica y apropiación indebida.
Además, la Fiscalía solicitó al judicial que se condene a nueve años de cárcel a Pedro Joaquín Chamorro Barrios, por gestión abusiva y apropiación indebida, y a siete años de prisión a Pedro Vásquez, por los mismos cargos.
La exdirectora de la FVBCH está en prisión domiciliar desde el 2 de junio del año pasado. La policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo allanó su vivienda y la detuvo ese día, después que ella manifestó sus aspiraciones de enfrentar a Ortega y Murillo en las malogradas elecciones del pasado 7 de noviembre. Estos, además, encarcelaron a seis precandidatos más y otros líderes opositores.
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De acuerdo con una fuente cercana al caso, Cristiana Chamorro, de 68 años, expresó en el juicio que, aunque el régimen quiere manchar su nombre y el de su familia, no lo conseguirá.
“Quieren manchar mi nombre, pero no lo van a conseguir. Jamás van a conseguir manchar el nombre de mi padre, ni de mi madre, porque soy inocente”, expresó.
Cristiana y Pedro Joaquín son hijos del Mártir de las Libertades Públicas de Nicaragua, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro.
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“Hubo mucha injusticia”
Un familiar de Marcos Fletes dijo a LA PRENSA que, aunque ya se esperaba un fallo de culpabilidad por la forma en que el régimen ha estado castigando a los presos políticos, toda la familia se encuentra consternada, porque fue encontrado culpable de los cuatro delitos que le imputaron y la Fiscalía pidió 13 años de prisión para él.
“Eso le afecta a todo el mundo en la familia, a sus hijos, a su esposa. Hubo mucha injusticia entorno al caso, sobre todo con alguien que tiene una enfermedad, como diabetes, que tiene que tener cuidado con los alimentos y lo que toma, pero no tomaron nada de eso en cuenta… Ahora esperamos la sentencia que será el 21 de marzo. Se pidieron 13 años, pero ojalá que sean menos”, declaró.
No se demostró ningún delito
El juicio, que se extendió por siete día y fue realizado a puertas cerradas en el nuevo Chipote, finalmente terminó la noche de este viernes, pero, según organismos defensores de derechos humanos, el Ministerio Público nunca logró demostrar ningún delito en contra de estos presos políticos.
El viernes de la semana pasada, la Fiscalía llevó a testigos civiles al juicio, pero estos, en lugar de incriminar a los acusados, defendieron su inocencia, por lo que el régimen desistió de seguir interrogando a testigos «civiles» y se enfocó en interrogatorios a agentes de la Policía.
En los primeros días del juicio, abogados consultados por LA PRENSA aseguraron que, como en todos los procesos de los presos políticos, la acusación no tenía ningún sustento y estaba plagada de irregularidades.
En primer lugar, la Fiscalía reconocía que la principal función de la FVBCH era el fortalecimiento de medios de comunicación y periodistas, lo cual se concretaba mediante capacitaciones a los comunicadores y donación de equipos a los medios, y eso no constituye ningún delito.
Asimismo, la Fiscalía violó la presunción de inocencia de los beneficiados con esos proyectos, ya que aseguró que la FVBCH desvió recursos hacia estos medios y personas, y que ellos los utilizaron para «desestabilizar la buena marcha del desarrollo económico y social del país».
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Además, la acusación se contradijo porque aseguró que desde el 2018 la FVBCH no presentaba sus informes al Ministerio de Gobernación (Migob). Pero en otra parte, detalló una serie de donaciones que la Fundación supuestamente recibió entre 2018 y 2020 y no las reportó. Y basado en esta supuesta omisión, sustentaba que los acusados cometieron apropiación indebida de esos recursos y otros delitos.
Desde el 2018, muchas organizaciones no gubernamentales (ONG), incluyendo a la FVBCH, denunciaron que el Ministerio de Gobernación (Migob) no les recibía sus informes financieros. El régimen ha usado esa supuesta falta de entrega para suspender la personería jurídica a más de 100 oenegés.
Esa acusación también ratificó que las principales fuentes de ingreso de la Fundación siempre fueron donantes extranjeros, entre ellos la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) por lo que siendo fondos lícitos no hay manera de concretar el delito de lavado de dinero. A raíz de dichos señalamientos la agencia se pronunció y los negó.
Además, la Fundación siempre informó al Migob que los fondos provenían de USAID.