En una clara violación a la presunción de inocencia, la acusación presentada por el Ministerio Público en el caso conocido como Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), identifica a los beneficiarios de los proyectos ejecutados por dicha organización como personas que buscan «la desestabilización de la buena marcha del desarrollo económico y social del país». Frase recurrente en el discurso del régimen Ortega Murillo para sostener la tesis de que las protestas de 2018 no fueron un levantamiento popular, sino un fallido intento de golpe de Estado.
Además, la acusación se contradice porque en una parte asegura que desde el 2018 la FVBCH no presenta sus informes al Ministerio de Gobernación (Migob), pero en otra, detalla una serie de donaciones que supuestamente recibió entre 2018 y 2020 y no las reportó. Y basado en esta supuesta omisión, sustenta que los acusados cometieron apropiación indebida de estos recursos y otros delitos.
La acusación también ratifica que las principales fuentes de ingreso de la organización siempre fueron donantes extranjeros, entre ellos la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) por lo que siendo fondos lícitos no hay manera de concretar el delito de lavado de dinero. A raíz de dichos señalamientos la agencia se pronunció y los negó. Además, la Fundación siempre informó al Migob que los fondos provenían de USAID.
Desde el 2018, muchas organizaciones no gubernamentales (ONG), incluyendo a la FVBCH, han denunciado que el Migob no les ha recibido sus informes. Hasta la fecha, el régimen ha usado esa supuesta falta de entrega para suspender la personería jurídica ha más de cien ONG.
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¿Desvió recursos para financiar a desestabilizadores?
La acusación inicial consta de seis páginas y la presentó en los juzgados el fiscal Jorge Luis Arias Jarquín el 1 de junio de 2021. Pero el 23 de agosto el fiscal Carlos Rafael Espinoza Castilla presentó un nuevo escrito de 34 páginas para ampliar la acusación. La parte medular de ambos documentos sustenta el financiamiento de organizaciones y personas que buscaban desestabilizar el país.
Cristiana Chamorro, Walter Gómez (administrador) y Marcos Fletes (contador) son acusados de los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida y lavado de dinero, bienes y activos. Pedro Joaquín Chamorro Barrios (directivo de la FVBCH) fue acusado de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida. Y Pedro Vásquez, conductor de Cristiana Chamorro, de colaborador necesario para el delito de lavado de dinero, bienes y activos. Los cinco están bajo arresto desde hace varios meses, fueron capturados entre el 28 de mayo y el 25 de junio. La acusación también menciona a otros extrabajadores de la Fundación, pero se desconoce si fueron incluidos en el juicio que se está desarrollando desde el jueves 3 de marzo.
«Dicho financiamiento captado y canalizado por el organismo dirigido por la acusada Cristiana María Chamorro Barrios fue utilizado para trasladar fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, destinados en apariencia para la ejecución del programa de fortalecimiento de medios de comunicación. Sin embargo, estos fueron destinados para otros fines que no son los propios de la fundación, como es el financiamiento a personas y organismos que buscan la desestabilización de la buena marcha del desarrollo económico y social del país», dicen ambos escritos.
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¿Medios de comunicación son los desestabilizadores?
Y añade que «esta gestión abusiva se manifiesta de manera continuada durante varios años». Y señala entre los beneficiados de la supuesta «gestión abusiva» a una serie de medios de comunicación, representantes de medios o escuelas de comunicación, distribuidores de equipos audiovisuales y centros de investigación, que efectivamente era el sector al que la organización beneficiaba con capacitaciones y donaciones de equipos a través de su proyecto de fortalecimiento de medios.
Entre los beneficiados de la supuesta gestión entre 2017 y 2020, la acusación señala entre otros a la empresa distribuidora de equipos audiovisuales Protelca (Profesionales de la Comunicación), Editorial LA PRENSA,—actualmente intervenido por la Policía y su gerente general Juan Lorenzo Holmann encarcelado; Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), despojado de su personería jurídica en diciembre de 2018; Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), despojado de su personería; Editorial Nuevo Amanecer (cerrado), Nicaragua HD, Universidad Centroamericana (UCA), Radio Darío, Radio Corporación, Comunicaciones Locales de Nicaragua (Onda Local), Fundación Luisa Mercado, radio La Costeñísima, radio Hermanos y radio Romance. Además Luis Manuel Cerda, Erlinda Arriola López, Argentina Olivas Cano, Aníbal Toruño Jirón y Andrea Margarita del Carmen Ibarra.
En otra parte de la acusación se incluyen «hechos nuevos» y de esta lista se excluye a Protelca, Luis Manuel Cerda, Nicaragua HD, Erlinda Arriola López y Andrea Margarita del Carmen Ibarra. Pero se agregan otros medios y periodistas, entre ellos: Jaime Arellano, Wilfredo Miranda, Álvaro Navarro, Dino Andino, Javier Iván Olivares, Lucía Pineda, Francisco Javier Gadea (radio Romance) y las plataformas digitales: Artículo 66, Divergentes, Despacho 505 y Nicaragua Investiga.
Acusación sin sustento
Este miércoles 9 de marzo se desarrolló la quinta jornada de este juicio que por realizarse bajo la figura de tramitación compleja podría extenderse por varias semanas. Pero dadas las irregularidades que hasta ahora han caracterizado todos los juicios contra los presos políticos, puede concluir en cualquier momento.
Por temor a represalias por parte del régimen Ortega Murillo, los abogados prefieren no entrar en detalles sobre la acusación del Ministerio Público. Consideran que eso deberían hacerlo los defensores de los acusados; pero estos están inmersos en el proceso.
Sin embargo, de forma general señalan las mismas inconsistencias de todos los procesos contra los presos políticos. Que incluso, los fallos de culpabilidad se sustentan en mensajes de redes sociales, fotos, entrevistas y testimonios de agentes de la Policía. En el caso de la FVBCH aunque la acusación admite que el principal proyecto de la organización era el fortalecimiento de los medios de comunicación, entre los 13 testigos que originalmente contemplaba la acusación, solo dos están vinculados al periodismo nacional.
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Donante negó lavado de dinero y también la desviación para otros fines
El 27 de mayo de 2021, USAID respondió a una consulta de la Voz de América y su representante aseguró que habían realizado varias auditorías al programa que mantenían con la FVBCH y que nunca encontraron evidencia de lavado de dinero o señales de que la Fundación haya desviado fondos de USAID para otros propósitos.
Otra contradicción que contiene la acusación es que en una parte declara a la FVBCH como insolvente por no presentar sus reportes desde 2018; pero en otras dice haber encontrado «transacciones sospechosas», entre otras cosas, por no reportar las donaciones recibidas entre 2018 y 2020. También por incumplir con los requisitos legales para la recepción de donaciones; por no reportar el desglose de sus estados financieros; no presentar los convenios con los donantes; ni la identidad de sus proveedores ni donantes.
La acusación también plantea que se cometió el delito de apropiación indebida, porque un grupo de periodistas recibió pagos por servicios profesionales prestados a la FVBCH. Estos servicios eran capacitaciones que ellos brindaban a otros periodistas y que son de conocimiento público. Sin embargo, el Ministerio Público alega que ellos trabajaban para empresas con fines de lucro propiedad del periodista Carlos Fernando Chamorro, por lo que acusan de apropiación indebida de los recursos para pagar los salarios de sus empleados.
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