Las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) ante la jueza Karen Chavarría, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, en el caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), se basan en 32 testimonios de policías, 13 personas particulares, entre estas periodistas, órdenes de allanamiento y capturas, órdenes de convalidaciones de los allanamientos y decenas de archivos conseguidos en las computadoras ocupadas a los procesados, detalló el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Maynor Curtis, representante legal de uno de los acusados.
La precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios y nueve personas más, de las cuales cinco fueron consideradas «prófugos de la justicia», fueron acusadas por el MP el pasado 2 de septiembre por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva en una audiencia preliminar irregular, ya que no les permitieron ser asistidos por sus abogados de preferencia. Ella y su hermano Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vásquez enfrentan el proceso de manera presencial, mientras el resto tienen orden de arresto.
«Honestamente creo que lo que presentó la Fiscalía como pruebas para que la causa fuera elevada a juicio en este caso no tiene soporte, pero ese es un patrón que se sigue en las causas contra presos políticos, no hay suficientes elementos de convicción, por eso los jueces elevan las causas a juicio y me voy a anticipar, si se celebra el juicio con esos elementos que no prueban nada, los van a declarar a todos culpables y van a dar las penas máximas a cada uno de ellos», advirtió Curtis.
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En el caso de Pedro Joaquín Chamorro, es acusado de gestión abusiva y apropiación y retención indebida y está bajo arresto desde el 26 de junio. Emma López, Ana Elisa Martínez, Guillermo Medrano, María Lourdes Arróliga y Carlos Fernando Chamorro enfrentan el juicio en ausencia y tienen orden de arresto. Ellos decidieron exiliarse para resguardar su integridad.
Pruebas insuficientes para comprobar lavado de dinero
Cristiana Chamorro fue detenida en su vivienda por un contingente de oficiales de la Policía el pasado 2 de junio; quedó incomunicada y asediada por uniformados. El régimen le decretó arresto domiciliar. Mientras que su hermano, Pedro Joaquín Chamorro, fue detenido el pasado 25 de junio y trasladado a las celdas del Chipote, donde no se le permitió ser asistido por un abogado y fue hasta este martes que logró ver a un familiar.
«El primer problema que tiene la Fiscalía —porque el principal delito es el lavado de dinero— es que tienen que probar que el dinero recibido por la Fundación es ilícito y ellos saben cuál es la procedencia y que no tiene nada que ver con actividades ilícitas», consideró Curtis.
En la acusación aparecen como testigos periodistas que fueron interrogados en el MP, algunos de ellos sin la asistencia de un abogado y otros que no están en Nicaragua. Estos han sido beneficiados por la FVBCH con programas y proyectos de capacitación para comunicadores.
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«Yo acompañé al menos a tres de esos periodistas que están propuestos como testigos y yo sé lo que dijeron en la Fiscalía, si ellos fueron obligados (a ir a declarar) y en el juicio cambian su versión, pues sé como contrainterrogarlos», dijo al abogado.
Remitidos a juicio
Los procesados Walter Gómez y Marcos Fletes, extrabajadores de la FVBCH, fueron capturados por la Policía el pasado 28 de mayo y mantenidos incomunicados. Durante 95 días no fueron asistidos por un abogado y no pudieron ver a sus familiares, mientras que don Pedro Vásquez, conductor particular de Cristiana, fue apresado el pasado 15 de junio y pasó 78 días sin ver a un abogado y a su familia.
«Se incidentó de nulidad toda el acta de audiencia preliminar porque los acusados no tenían a sus abogados de su elección, ni siquiera Cristiana tuvo abogado a pesar de que ellos (la jueza y Fiscalía) ya sabían que tenía una habilitada, o sea se pidió que se declarara nulo y se volviera a hacer, pero la juez lo declaró sin lugar y remitió la causa a juicio», finalizó Curtis.
