El sistema de justicia remitió a juicio y mantuvo prisión preventiva a los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz Sequeira, y a los opositores José Bernard Pallais, José Adán Aguerri, Violeta Granera, Tamara Dávila y Manuel Salvador Orozco Ramírez, por el delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», según el abogado Maynor Curtis, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
También, fueron remitidos a juicio y mantenidos bajo prisión preventiva el exdirectivo de Funides, Luis Alberto Rivas Anduray, los exguerrilleros sandinistas y directivos del partido Unamos, Jorge Hugo Torres Jiménez y Víctor Hugo Tinoco Fonseca y la presidenta de esta organización política, Suyén Barahona Cuán, acusado por el mismo delito.
Los opositores y el exdirectivo de Funides enfrentaron la audiencia inicial este viernes en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el «Chipote» y en esta ocasión si contaron con la asistencia de sus abogados de preferencia. «En ambos casos solicitamos que se declarara nula la audiencia preliminar y que la volvieran a hacer porque los acusados no tenían el acompañamiento de su abogado de su elección, a pesar que ya los jueces habían dado intervención de ley a los defensores, pero los judiciales dieron no ha lugar a esa solicitud», aseguró Curtis, defensor de Chamorro.
En el primer caso mencionado, los acusados enfrentaron este jueves 26 de agosto la audiencia preliminar en la que la autoridad judicial admitió la acusación y decretó prisión preventiva para los acusados que están bajo detención judicial y orden de detención para la persona acusada que se encuentra sin detener, es decir Manuel Orozco.
Los tendrán más tiempo detenidos
Curtis relató que el representante de la Fiscalía solicitó a la judicial Karen Chavarría, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia en la pasada audiencia preliminar, la tramitación compleja para el caso que involucra a los precandidatos presidenciales Chamorro y Maradiaga, a lo que accedió. «Interpuse un incidente contra esa solicitud porque esos delitos por los que se les acusa a ellos, no son delitos que estén contemplados en el artículo 135 del Código Procesal Penal, ni tampoco en el artículo 3 de la Ley de Crimen Organizado. Esto implica que los van a tener más tiempo detenidos hasta por seis meses», advirtió.
Las audiencias preliminares se realizaron sin notificar a los familiares y defensores de los procesados, sin ser pública y a su vez impusieron defensores públicos a los acusados. En el caso de los líderes de Unamos fueron arrestados entre la mañana, mediodía y la noche del domingo 13 de junio. Previo a las detenciones, oficiales de la Policía asediaron y allanaron violentamente sus viviendas. Al día siguiente, el Ministerio Público justificó los arrestos «por supuestos indicios de atentar contra la sociedad nicaragüense de conformidad a la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz».
«En el caso de los miembros de Unamos también solicitamos se anulara la audiencia preliminar y pedimos que no se diera ha lugar a la tramitación compleja solicitada por el Ministerio Público, pero el juez nos denegó la petición y no fijaron fecha para juicio», explicó Curtis, quien representa a Torres y a Tinoco.
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Rivas igualmente afectado
En el caso de Rivas, quien también es presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), antes de ser detenido por la Policía fue citado para ser entrevistado en la Fiscalía por las investigaciones contra la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), pero luego fue detenido el pasado 15 de junio. El trabajador del banco también pasará más tiempo tras las rejas mientras dura el proceso judicial.
Tras la detención, la Policía informó que estaba siendo «investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 1055 Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.
