El cambio de medida cautelar para tres reos políticos que permanecían, hasta el viernes 18 de febrero, encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el nuevo Chipote, ha despertado diversas opiniones e interrogantes.
El Ministerio Público informó el viernes 18 de febrero en horas de la noche que Arturo Cruz, exaspirante presidencial; José Pallais, jurista y opositor, y Francisco Aguirre Sacasa, exdiplomático nicaragüense, por «razones humanitarias» pasarían a arresto domiciliario con custodia policial.
La medida fue tomada el mismo día en que 26 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) suscribieron una declaración en la que demandan la libertad inmediata de todos los opositores encarcelados.
¿A qué obedece o qué hay detrás?
Cruz y Pallais, ambos de 68 años, presentaron graves afectaciones de salud durante el maratónico juicio que se ha llevado a cabo desde el pasado martes y que continuará este lunes.
El exdiplomático Cruz presentó posibles síntomas relacionados con Parkinson, de acuerdo con su abogado defensor. Por su lado, Aguirre Sacasa, de 77 años, es parte de la población vulnerable por su avanzada edad.
Para Vilma Núñez, férrea abogada defensora y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el cambio de medida no responde a ninguna presión o voluntad y considera que si al régimen orteguista les importaran esas acciones «tendría que poner inmediatamente a todos (los presos políticos) en libertad».
Núñez dijo que esta decisión, para ella, no es ni una actitud reactiva ni de rectificación, sino que «obedeció al riesgo inminente que ellos (el régimen) vieron después que un médico estuvo toda la audiencia en la última sesión y vio el estado deplorable y lamentable de salud en que se encontraban dos de los tres que mandaron a casa por cárcel».
Se refiere a la sesión del juicio realizada el viernes, cuando Cruz y Pallais mostraron graves afectaciones físicas, por lo que se necesitó la presencia de un médico. En el juicio están siendo acusados ocho opositores por pertenecer a un grupo de WhatsApp.
La defensora no duda que definitivamente el régimen no quiere que a los presos les ocurra algo dentro de la cárcel, por eso los enviaron a sus casas. «Cualquier cosa que les pase, incluso las secuelas físicas que tengan en su organismo después de toda esta barbarie de situación de tortura que han vivido dentro de la cárcel, los responsables son Daniel Ortega y Rosario Murillo, el régimen de Nicaragua, y todas las personas que se han visto involucradas en estos hechos, todos los funcionarios», afirmó.
Por su parte, el analista político y economista Enrique Sáenz sostuvo que ante todo «debemos sentir alivio porque ahora Arturo, Francisco y José estén bajo cuidado médico apropiado y de sus familias» no obstante, refirió que «no debemos equivocarnos y considerar que es un gesto humanitario de la dictadura ni tampoco un gesto negociador. Ellos no tienen un gramo de humanidad. Lo hicieron porque quieren evitar que les estalle otra granada en las manos».
El preso político y general en retiro, Hugo Torres, falleció la semana pasada en un hospital de Managua luego de ser trasladado por las complicaciones de salud que presentaba. Pese a su estado y avanzada edad (73 años), las autoridades no le cambiaron las medidas cautelares.
Sáenz dijo que esta tragedia agravó el «descrédito internacional» del régimen. «Esta muerte los exhibió de cuerpo entero: dejaron morir en la cárcel a una persona que arriesgó su vida para que Ortega alcanzara la libertad. Lo que nos toca es perseverar en la campaña por la vida y libertad de los prisioneros políticos. Quedan otros cuya vida está en peligro», sostiene Sáenz.
Dudas sobre sus condiciones de salud
Núñez dijo que después de haberlos enviado a sus casas hay muchas interrogantes en torno a los reos, como las condiciones en que están, si pueden tener contactos con sus familiares o médicos. «Si el cambio fue de detención preventiva a arresto domiciliar, significa que solo estén en su casa, que no se puedan mover a otros lugares más que los que se establece en la resolución, pero de ninguna manera implica que te tengan escondidos, incomunicados».
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Más presos urgen cambio de medida
A pesar del cambio de medida para los tres reos, en las celdas del nuevo Chipote y en diferentes sistemas penitenciarios quedan otros adultos mayores cuyas vidas están en riesgo, por lo que sus familias solicitan que también se les cambien las medidas.
En el Chipote aún se encuentra el exdiplomático Mauricio Díaz, quien tenía —al momento de su detención— hipertrofia prostática que le ocasiona frecuentes infecciones renales. Su esposa, Dina Medrano, dijo que el médico de cabecera señala que Díaz debe estar realizándose constantes chequeos porque los problemas de la próstata en ocasiones le producen sangrado en la orina.
Otro caso grave es el de Edgard Parrales, exembajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), quien es el opositor de más edad en estar recluido en las celdas del Chipote. Tiene 79 años, carece de intestino grueso y tiene una hernia, según informó el Cenidh.
También Violeta Granera, cuyo estado de salud ha sido descrito como «alarmante» por el Cenidh. Con 66 años, la opositora tiene serios problemas dentales que le impiden alimentarse, padece diabetes, presión alta y tiene problemas en el corazón.
Además de las enfermedades que tienen, las familias demandan el cambio de medida ya que estas personas requieren atención especial por sus edades. Mayores de 60 años también están Pedro Joaquín Chamorro Barrios (70), Víctor Hugo Tinoco (69), Dora María Téllez (66), Eveling Pinto e Iving Larios (ambos 63) y José Adán Aguerri (60).
Fuera del Chipote, pero en la cárcel La Esperanza, Nidia Barbosa tiene 66 años y está en el sistema penitenciario de Granada. En noviembre del año pasado, días después de ser arrestada, la tuvieron que trasladar a un hospital tras presentar problemas cardíacos.
