Con el anuncio que hizo la Asamblea Nacional, controlada por el partido sandinista, el reciente viernes acerca de la realización de un análisis de “las principales normas de carácter penal para identificar si el marco jurídico en esta materia requiere ajustes para continuar fortaleciéndolo”, juristas consideran que se trata nada más de profundizar la represión en contra de opositores utilizando la ley.
El exfuncionario del poder judicial, Yader Morazán, considera que esta acción “en un estado democrático sería aplaudible, pero en Nicaragua el sistema judicial lo utilizan como parte de una política de represión para mantener el poder. Esto obedece a una política de criminalización de la oposición y no a una política que beneficie a los ciudadanos”.
Algo similar opina el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, quien comenta que la acción del régimen solamente busca fortalecer los mecanismos legales con que el régimen persigue a los opositores en Nicaragua.
“Lo único que estarían ostentando es fortalecer la represión”, indica Carrión, quien señala que cualquier cambio o modificación al sistema penal tiene una directriz política que es orquestada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Un abogado penalista que solicita el anonimato también comenta que el régimen de Ortega tiene “intenciones políticas más que intenciones reales por fortalecer el sistema penal del país”.
El abogado menciona que además de las intenciones políticas, el régimen pretende dejar en mayor indefensión a quienes sean juzgados, sobre todo si son opositores. “No veo yo otra explicación para hacer esa revisión o ese análisis en este momento de crisis política en que el país está tan polarizado”, argumenta.
Por su parte, Morazán advierte que esta medida más bien puede agravar el temor que sienten los nicaragüenses hacia el régimen, sobre todo quienes se oponen u opinan en contra de la Administración orteguista.
“El Derecho Penal es la última opción que tienen los gobiernos para ejercer control social, pero en Nicaragua es el primero”, señala el exfuncionario del poder judicial.
Busca aparentar legalidad
Entre las intenciones que puede tener el régimen con esta medida, los juristas consultados señalan que Ortega y su sistema judicial busca darle legalidad a las acciones que han cometido y vienen cometiendo en contra de los opositores.
“El régimen no necesita de leyes para justificar su arbitrariedad, pero se ven enfrentados con la legitimidad que tengan sus acciones”, indica Morazán.
De igual manera, Carrión comenta que el régimen ha dejado entrever un patrón cada vez que comete alguna ilegalidad y se trata de que procura darle una “fachada de legalidad a los abusos de poder”.
Morazán también detalla que los personeros del régimen “en el camino se van dando cuenta que necesitan el fundamento para actuar” y un ejemplo de esto es el delito de menoscabo a la integridad nacional, ya que los jueces tienen que emitir sentencias por conductas que no son castigables, explica el exfuncionario judicial
No han podido demostrar culpabilidad contra presos políticos
En su comunicado, la Asamblea Nacional detalló que las normas que serán analizadas por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos en conjunto con la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, son la que se aplican a los acusados que “cometen crímenes de odio, que incitan a organismos y gobiernos extranjeros a sanciones e invasiones militares al país, así como los que utilizan financiamiento extranjero para menoscabar la soberanía nacional”.
Estas normas son las que se aplican, en su mayoría de casos, a ciudadanos opositores, comenta Gonzalo Carrión, pero a su criterio “quienes promueven el odio y mantienen una política de terror, tortura y crueldad son los que aprueban leyes”.
Carrión también valora que este análisis lo harán los legisladores porque los fiscales y jueces “no han podido cuadrar inventando hechos y delitos”.
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“El parlamento y todos los que están votando son responsables por crímenes de lesa humanidad, además de que confirma que no han podido demostrar los delitos por muchas leyes que se inventan, solo han podido demostrar que no han tenido la razón”, valora Carrión.
Algo similar expone el abogado penalista que pide anonimato. “Todas las últimas detenciones, las acusaciones, los juicios en Auxilio Judicial, todo eso se ha hecho en absoluta ilegalidad. Esos juicios deberían ser nulos. Esto ya es especulación mía, pero son capaces de convertir todo esto que han hecho en acciones legales de ahora en adelante”, dice el jurista.
Hasta el viernes 11 de febrero, de los 57 reos políticos capturados en la redada realizada entre el 28 de mayo y el 22 de noviembre del año pasado, 21 han sido juzgados y 9 han recibido sentencias de entre 8 y 13 años de cárcel. A algunos de ellos también se les han aplicado días multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los juicios continúan esta semana, el lunes 14 está previsto el juicio contra la abogada y defensora de presos políticos María Oviedo. Y para el martes 15 está programado un juicio en el que se juzgará a siete personas: los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica; Félix Maradiaga, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y Arturo Cruz; así como a las dirigentes de la UNAB, Violeta Granera y Tamara Dávila; el exdiputado José Pallais, miembro de la UNAB y José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y miembro de la Alianza Cívica.
