Una nueva iniciativa de decreto legislativo para cancelar la personería jurídica de seis organizaciones no gubernamentales más llegó este 11 de febrero a la Asamblea Nacional. Entre las organizaciones señaladas están el Movimientos de Mujeres María Elena Cuadra, PEN Internacional-Nicaragua y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh).
Además, están el Centro de Promoción de la Juventud e Infancia, la Fundación para la Promoción de las Mujeres y la Niñez Blanca Araúz y la Fundación Iberoamericana de las Culturas (Fibras).
Según la exposición de motivos de la iniciativa, a la cual accedió LA PRENSA por medio de una fuente legislativa, las seis oenegés han incumplido sus obligaciones conforme las leyes que regulan a los organismos sin fines de lucro.
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El Ministerio de Gobernación habría argumentado que estas no han reportado sus informes financieros conforme los períodos fiscales y desgloses detallados, que sus juntas directivas se encuentran acéfalas y que no han reportado donaciones previas procedentes del exterior, lo que ha obstaculizado el control y vigilancia por parte del Departamento de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro para la Regulación de Organismos sin Fines de Lucro.
Ese mismo argumento es el que ha utilizado esa entidad para despojar de su personalidad jurídica a otras oenegés y a las universidades ilegalizadas en las últimas semanas.
El documento de la iniciativa de decreto fue enviado por el diputado Filiberto Rodríguez, que preside la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional.
cancelar a las seis ONG. /Captura de pantalla del documento.
Bienes podrían pasar a manos del Estado
De acuerdo con la iniciativa, una vez que sea aprobado ese decreto, el Departamento de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro del Ministerio gobernación procederá a la cancelación de la inscripción respectiva de cada una de las seis asociaciones, en un plazo no mayor de 72 horas.
Asimismo, afirma que se pondrá en conocimiento del representante legal de cada uno para que entreguen de los libros de ley, el sello y demás documentos que pudiera requerir la autoridad.
Sobre los bienes de esas organizaciones, refiere que, si no se estableció previamente su destino ante una posible liquidación, estos pasarán a ser propiedad del Estado de conformidad con la ley de la materia.
Régimen siempre ha atacado a esos organismos
El 25 de septiembre de 2020, el régimen orteguista rodeó las instalaciones del Movimiento María Elena Cuadra y no permitió el ingreso de las trabajadoras durante varias horas. Los policías se retiraron luego de que Sandra Ramos, administradora y representante legal del Movimiento, llegó a encararlos y exigirles una respuesta ante esa arbitrariedad.
«Nosotras siempre hemos estado listas para cualquier zarpazo, ya sea de este gobierno o de cualquier gobierno que se encachimbe con las mujeres feministas», afirmó Ramos, quien además dijo no tener miedo de ser encarcelada por defender los derechos de las mujeres nicaragüenses.
En ese momento, Ramos también dijo que el Movimiento estaba preparado frente al riesgo que representa la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, porque trabaja «transparente y todos los años le rinde cuenta a (Ministerio) Gobernación».
En el caso de PEN Nicaragua, a principios de febrero de 2021 la poetisa y escritora Gioconda Belli, quien se desempeñaba como presidente de la organización, informó sobre el cierre del capítulo de Nicaragua. «Hemos informado a PEN Internacional de nuestra decisión de suspender nuestra afiliación», aseveró Belli, argumentando que lo hacían porque no se consideraban agentes extranjeros.
En agosto de 2018, el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), Álvaro Leiva, tuvo que huir a Costa Rica por «amenazas» contra su vida, y la organización cerró temporalmente su oficina en Managua por razones de seguridad. Leiva desempeñó un papel muy activo durante los días más críticos del estallido social de Nicaragua, de 2018.
