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CONTENIDO EXCLUSIVO.En los últimos días el nombre de Filiberto Jacinto Rodríguez López se escucha con mayor frecuencia en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Sus iniciativas de ley y decretos son sinónimos de zozobra entre las organizaciones sin fines de lucro y últimamente de las universidades privadas, lo que contrasta con el nombre de la Comisión que encabeza en el poder legislativo: la de paz.
Desde su papel como agente del orteguismo en la Asamblea Nacional, Rodríguez promovió en días recientes la cancelación de la personería jurídica de cinco universidades privadas, pero además cuenta con un largo historial en el tema que lo implica en el despojo de otras asociaciones ejecutadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el 2018 hasta la fecha.
Rodríguez, abogado de profesión y diputado orteguista, cumplirá en agosto 62 años de edad, de los cuales los últimos 20 años ha sido diputado en la Asamblea Nacional. Ingresó a las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1979 y desde entonces se mantiene fiel a su política.
Según información del portal de la Asamblea Nacional, Rodríguez luego de unirse al FSLN, se integró a laborar en el Ministerio de Cultura de Nicaragua en la década de los ochenta. Es fundador del Colectivo Profesional de Teatro Teyocoyant y de la Asociación de Promotores de la Cultura. También es vicepresidente del Teatro Municipal José de la Cruz Mena en León, de donde es originario.
En 1992 asumió responsabilidades políticas en barrios de León y como secretario político del reparto Walter Ferretty. Es miembro de la Asamblea Sandinista Municipal. Es vicesecretario político del municipio de León.
Presidente de la Comisión de Paz
Bajo el mando de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, que es a la que le corresponde valorar la cancelación de las iniciativas de ley, Rodríguez inició en el 2018 —el año más represivo ejecutado por la dictadura de Ortega donde más de 300 nicaragüenses fueron asesinados—, la persecución contra las organizaciones de pensamiento crítico, bajo la orden de la dictadura.
En el 2018 el diputado orteguista se encargó de dirigir y aniquilar —en complicidad con el Ministerio de Gobernación (Migob)— nueve organizaciones civiles, entre estas el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), de la defensora de derechos humanos Vilma Núñez; el Centro de Información y Servicio de Asesoría en Salud (Cisas), de la defensora de derechos humanos Ana Quirós —quien también fue expulsada del país—, y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), del exaspirante a la Presidencia y ahora preso político Félix Maradiaga.
En ese año, Rodríguez señaló que la cancelación de la personería jurídica de esas organizaciones se debía a que recibían fondos del extranjero para “desestabilizar el país”. «El Cenidh utilizó el esquema organizacional para gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país», afirmó en su momento el diputado orteguista, alegato que también usó para referirse al Cisas e Ieepp.
En el 2021, las organizaciones no gubernamentales volvieron a estar en la mira de la dictadura Ortega-Murillo y al menos 57 organismos más —entre estos extranjeros— fueron cancelados, acusados por supuestamente «violar la Ley Contra el Lavado de Activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva».
Detrás de esos cierres estaba la dirección de Rodríguez. «Debe hacerse normal en la Asamblea Nacional que estemos cancelando porque, así como aprobamos, así mismo las cancelamos. Nosotros damos la partida de nacimiento y damos el acta de defunción», sentenció el diputado orteguista Rodríguez en agosto de 2021, tras el despojo de la personalidad legal de 15 ONG.
Pero por si esto fuera poco, el pasado 2 de febrero la Asamblea incluyó con trámite de urgencia en su agenda la cancelación de la personería jurídica de fundaciones de universidades y otras organizaciones civiles sin fines de lucro (ONG), algunas ligadas a la Iglesia católica, principalmente en la Diócesis de Estelí.
La Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Pablo Freire (UPF), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic) y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH) fueron ilegalizadas.
«Hay muchas asociaciones y fundaciones que se cobijan bajo las siglas sin fines de lucro, pero lo que hacen en la práctica es lucrarse de las mismas asociaciones que por ley deben ser sin fines de lucro, violentando así la Ley 147, la Ley que rige a las personas jurídicas sin fines de lucro», dijo el diputado Rodríguez, quien acusó a estas universidades de no reportar sus estados financieros con desglose detallado conforme a los periodos fiscales y cuyas juntas directivas se encuentran acéfalas, impidiéndole al ente regulador identificar quiénes son los representantes y los asociados de la entidad.
Señalado de amenazar a protestantes y quemar Radio Darío
Aunque Rodríguez tiene un historial de despojar de su personería jurídica a organizaciones y ahora universidades, el diputado orteguista también es señalado de ser uno de los principales represores de 2018, en la ciudad de León. A él lo responsabilizan de la quema del Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN) y Radio Darío, un señalamiento que no ha sido investigado por la Policía orteguista ni el Ministerio Público.
Según uno de los informes presentado por el Cenidh durante el mes de mayo de 2018, Rodríguez amenazó, acuerpado por la Policía orteguista, a unos estudiantes que protestaban por la reforma al Seguro Social de los nicaragüenses en abril de ese mismo año.
“Están jugando con fuego, no sean irresponsables, ni te creás líder porque te vamos a desturcar (golpear)”, dijo Rodríguez a los manifestantes, según se aprecia en un video que ha quedado guardado en internet.
Declaraciones de estudiantes y protestantes recogidas por el Cenidh exponen que en la quema del CUUN, el 20 de abril en León, estuvo involucrado el diputado Rodríguez.
“Los estudiantes acusan al diputado Filiberto Rodríguez y Walter Malta de estos hechos debido a las amenazas que recibieron el primer día de protesta”, dicta el informe.
El 20 de abril de 2018, el mismo día de la quema del CUUN, el periodista independiente Aníbal Toruño denunció la quema de su medio de comunicación, Radio Darío, y también responsabilizó al diputado Rodríguez de estar detrás de este hecho.
Según la denuncia que levantó el Cenidh del periodista Toruño —y que está plasmada en el informe de mayo de 2018— fue: “Un comando de 12 personas, bajo el mando de Filiberto Rodríguez, diputado del FSLN, y Manuel de Jesús Alvarado, miembro de la seguridad del Estado, atacaron y se tomaron la Radio Darío…”.
De hecho, la denuncia de Toruño también fue recogida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Nicaragua, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fue expuesta en su Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018.
“Es el verdugo de las ONG”
Para el Cenidh, el diputado Rodríguez no es más que “el verdugo de las ONG” dentro de la Asamblea Nacional y un “falaz vocero de las mentiras” del Ministerio de Gobernación.
“Es terrible, actúa sin escrúpulos y es capaz de todo”, advierte el organismo.
Pero bajo el amparo y las órdenes de la dictadura orteguista, el diputado Rodríguez más bien amenaza que la cancelación de organizaciones seguirán en la Asamblea. El pasado 2 de febrero, unas 11 asociaciones fueron ilegalizadas.
«Este es un proceso que va a continuar en la Asamblea Nacional y nadie debe de asustarse, porque es un proceso normal», señaló el diputado sandinista.