Una vez que el Congreso de Estados Unidos recibió al menos los siete informes de los que requiere la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral o Ley Renacer, entregados por funcionarios e instituciones del gobierno del demócrata Joe Biden, respecto a la situación de Nicaragua, expertos consultados por LA PRENSA señalan que las medidas que vaya a ejecutar el Legislativo dependerá, sin duda del contenido de los informes.
Los informes, que debieron entregarse a mas tardar esta semana partiendo del plazo establecido en la Ley, plantean ejercer presión sobre el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, a través de sanciones individuales a funcionarios y restringir los préstamos bancarios multilaterales, imponer restricciones a las instituciones financieras internacionales relacionadas con Nicaragua, imponer sanciones específicas para promover elecciones democráticas, y desarrollar e implementar una estrategia de sanciones coordinada con socios diplomáticos.
A la vez, requiere un informe clasificado sobre las actividades de la Federación de Rusia en Nicaragua; otro informe sobre determinadas compras y acuerdos celebrados por el Gobierno de Nicaragua, relacionados con el sector militar o Inteligencia de Nicaragua; un informe sobre abusos a los derechos humanos en Nicaragua y finalmente otro informe relacionado con los medios de comunicación independientes y la libertad de información en Nicaragua con el fin de apoyarlos.
Cabe destacar que tras la firma y promulgación de la Ley Renacer, el 10 de noviembre de 2021, se establecieron dos plazos para la entrega de los informes, siete debieron ser entregados en 90 días y uno en 180 días. Los del plazo de 90 días vencieron esta segunda semana de febrero, y el otro que tiene como plazo máximo se estaría dado en la primera quincena de mayo próximo.
¿Qué prosigue en el Congreso?
De acuerdo a la experiencia de expertos, quienes fungieron en su momento como asesores dentro del Congreso de EE.UU., una vez que se reciben los informes los miembros deben realizar un análisis sobre el contenido de los mismos y en base al resultado, determinar las futuras acciones.
Jason Poblete, politólogo y exasesor del Congreso de Estados Unidos, refiere que sin duda la entrega de los informes va a «continuar», aunque señala que casi siempre se da un retraso. «Primero leen el informe, hacen un análisis para saber si están respondiendo de acuerdo a la Ley, por ejemplo, sí estamos llegando a lo que pidió la Ley y si no pedir más información que clarifique un poco, que detallen un poco más algo, o que actúen, porque a veces no se hace lo que la ley requiere, y pueden pedir que se haga más y quizás se elabore una estrategia», aseguró.
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Insiste en que la Ley Renacer «no requiere más de lo que pide, ellos tienen que actuar y si no actúan es porque quizás no hay base».
Por su parte, el experto en derecho internacional, temas de integración y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Murillo Zamora, coincide con lo anterior y señala en base a lo «acostumbrado» que cuando se presenta un informe, «la comisión encargada de conocer el documento, lo revisa, debate y adopta recomendaciones o pide más información».
En esa misma línea, el exasesor personal en política exterior de la excongresista Ileana Ros-Lehtinen y actual asesor senior del Presidente del Woodrow Wilson Center (o Centro Nacional para Académicos Woodrow Wilson), Eddy Acevedo, insiste en destacar que una vez que el Congreso analice el informe «puede usar la información para continuar aplicando más presión en contra del régimen de Ortega».
¿Qué implicaciones traería para Nicaragua?
El exasesor del Congreso norteamericano, Poblete subraya que se debe tener presente que la Ley Renacer es sinónimo de una «serie de sanciones», pero que a su criterio duda mucho que se pueda presionar o lograr algún cambio en la conducta del régimen de Ortega. Pero, particularmente se refiere al punto que tiene que ver con el DR-Cafta.
Sobre la revisión de la participación de Nicaragua en el DR-Cafta, la Ley Renacer establece que «es el sentido del Congreso que el presidente debería revisar la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos si el Gobierno de Nicaragua continúa endureciendo su gobierno autoritario en un intento de subvertir las elecciones democráticas de noviembre de 2021 y socavar la democracia y los derechos humanos en Nicaragua». Este punto no tiene estipulado un período de entrega de informe.
El DR-Cafta entró en vigencia durante el gobierno del expresidente Enrique Bolaños, fue firmado en 2005 y se puso en marcha en 2006. Consiste en un Tratado de Libre Comercio (TLC) que ha permitido a Nicaragua, con profundos problemas de competitividad, ingresar al mayor mercado del mundo, como es Estados Unidos, con sus productos, con aranceles cero o reducción en los mismos, lo que ha permitido un incremento sustancial en los ingresos por exportaciones.
Poblete indica que «dudo mucho que vayan a quitar a Nicaragua del DR-Cafta», puesto que considera que «no hay la voluntad política para hacer eso, porque hay muchos intereses y entendiendo como esta Administración (Joe Biden) mueve la política hacia América Latina, creo que no lo van hacer, siendo Trump (Donald) yo creo que sí, porque ellos tenían otra postura tenían otra manera de mover fichas y yo creo que ellos estarían dispuesto a hacerlo».
Ortega busca «reemplazar» a EE.UU., con China
Contrario a ello, indica que el tema de las sanciones sí van a continuar y de la misma manera, van a proseguir «exigiendo que las instituciones financieras internacionales condicionen los contratos», pero reconoce que con el tema financiero se debe tener cautela.
«Mientras más aprieta (EE.UU) a Nicaragua y nada pasa, nosotros apretamos y entran los chinos y dan el dinero que le hemos quitado, entonces, ¿para qué sirve el proceso?, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, como se aplican estás sanciones, porque no pueden ser sanciones nada más, tienen que ser sanciones y alguna herramienta que ponga presión, pero que también haya un proceso de cuál es la política de EE.UU., para mover la ficha. Ortega busca reemplazar con China el dinero que le quitamos», opina Poblete.
El 9 de diciembre de 2021, el régimen orteguista a través de su canciller Denis Moncada, informó sobre la decisión después de casi 30 años, romper sus relaciones diplomáticas con Taiwán, para restablecerlas con el gigante asiático. China considera la isla de Taiwán como parte de su territorio, con la voluntad de reincorporarla eventualmente bajo su dominio, y ha aumentado en los últimos años la presión para aislarla diplomáticamente.
China o República Popular de China es gobernada por el Partido Comunista desde 1949 y es el país más poblado del planeta. En tanto, Taiwán, conocido como República de China (ROC por sus siglas en inglés), se ha comportado como república independiente desde el mismo 1949.
Los sancionados por EE.UU.
A la fecha Estados Unidos ha aplicado sanciones a 46 funcionarios orteguistas, estás medidas las comenzó a imponer el 21 de diciembre de 2017, en ese momento sancionó a quien era presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE). A raíz de ahí, en 2018 hizo dos tandas de sanciones: el 5 de julio y el 27 de noviembre de ese año; en 2019, lo hizo en cuatro fechas: 17 de abril, 21 de junio, 7 de noviembre y el 12 de diciembre.
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Siguiendo ese mismo ritmo, en 2020 las aplicó el 5 de marzo, el 22 de mayo, 17 de julio y 9 de octubre. En 2021, sancionó el 9 de junio y 15 de noviembre y en 2022 las sanciones fueron el 10 de enero.
Entre los sancionados por EE.UU., figura la esposa y vicepresidenta designada, Rosario Murillo, y los hijos de la pareja presidencial, Laureano, Rafael, Juan Carlos y Camila, además de altos mandos policiales y presidentes de los poderes del Estado (Legislativo y Judicial). Y como instituciones estatales, el gobierno estadounidense sancionó a la Policía Nacional en marzo de 2020 y el Ministerio Público, en noviembre de 2021.
