La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que dirige Daniel Ortega, aprobó este lunes 7 de febrero con “trámite de urgencia” tres leyes que sustituyen la razón social de las universidades canceladas la semana pasada.
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Las propuestas de ley fueron presentadas por los diputados sandinistas, Gustavo Porras y Loria Raquel Dixon, presidente y primera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, respectivamente.
La iniciativa de Ley Creadora de Universidad Nacional Politécnica (UNP), antes Universidad Politécnica (Upoli), detalla que se crea esta universidad “como un centro de educación superior del Estado, con personalidad jurídica, autonomía funcional, técnica, administrativa y financiera, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, miembro del Consejo Nacional de Universidades (CNU), y que será sucesora legal sin solución de continuidad de la extinta Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli)”.
La Ley de UNP fue aprobada con 90 votos a favor, cero en contra, cero abstención, uno presente que no votó de ninguna manera, de un total de 91 de diputados presentes, 75 miembros de la bancada del partido de gobierno.
También fue presentada la iniciativa de Ley Creadora de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, para crear “un centro de educación superior del Estado, con personalidad jurídica, autonomía funcional, técnica, administrativa y financiera, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, miembro del Consejo Nacional de Universidades (CNU), y que será sucesora legal sin solución de continuidad de la extinta Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, Presbítero Francisco Luis Espinoza Pineda – UCATSE, antes conocida como Escuela de Agricultura y Ganadería Francisco Luis Espinoza”.
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El proyecto de ley de esta universidad fue aprobado en lo general con 90 votos a favor de un total 91 de diputados presentes, 75 miembros de la bancada del partido de gobierno.
Y por último fue aprobada con 90 votos a favor la iniciativa de Ley Creadora de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, que establece que “será sucesora legal sin solución de continuidad de:
e) Asociación Universidad Hispanoamericana (UHISPAM).
f) Asociación Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (UNEH).
g) Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC).
h) Asociación Universidad Paublo Freire (UPF).
“Opositores” apoyan, Yatama no votó
En la sesión plenaria intervinieron tanto diputados sandinistas como diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), para aplaudir estas nuevas leyes y defender la cancelación de las universidades.
El diputado del partido regional del caribe norte, Yatama, Brooklyn Rivera, fue el único que no votó en esta sesión, apareciendo presente en la pizarra electrónica donde se puede visualizar el voto de cada diputado.
Además de los 75 diputados del partido sandinista, estuvieron presentes los 10 diputados del PLC y los cinco diputados de la Bancada Independiente conformada por dos legisladores de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), dos representantes del Partido Liberal Independiente (PLI) y una diputada de Alianza por la República (Apre), totalizando los 90 votos a favor para las tres iniciativas.
CNU nombrará a los Rectores
Las leyes creadores de la UNP, la Universidad Francisco Luis Espinoza y la Universidad Multidisciplinaria, establecen que los rectores de estos centros educativo serán nombrados por el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Las tres leyes establecen en el artículo 6, sobre “Gobierno y Administración”, que:
“El Gobierno y la Administración General estarán a cargo del Rector, quien será nombrado por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) para ser la autoridad académica y ejecutiva superior de la misma. El Rector nombrará a los Vice-Rectores y al Secretario General para la conformación del Rectorado. El Rector es el representante legal de la Institución, es nombrado por un período de cuatro años, pudiendo ser reelecto. El ejercicio de esta función es incompatible con cualquier otra función pública, excepto la docencia en la Educación Superior”.
Patrimonio de las universidades
Sobre el “Patrimonio, Régimen Económico y Fiscal, Fiscalización”, en el artículo 9 de las tres leyes aprobadas, se establece que estas universidades podrán solicitar, libre de todo tributo, la inscripción del traspaso de todos los bienes inmuebles, bienes tangibles e intangibles y medios de transporte que pertenecieron y se encuentran inscritos a nombre de las universidades canceladas.
También se explica que para los efectos del traspaso a favor de las universidades, los bienes inmuebles y derechos inscritos en los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil a favor de las anteriores universidad, se deberán transferir a las universidad objeto de esta Ley, libre del pago de impuestos y de aranceles registrales, mediante nota puesta al margen del asiento correspondiente, haciéndose mención de esta Ley; bastando la solicitud escrita dirigida al Director del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento que corresponda, firmada por el Rector de la Universidad.
Cuando se trate de inmuebles situados en zonas catastradas, se deberá acompañar a la solicitud el correspondiente certificado catastral.
Para el traspaso de vehículos automotores y equipos terrestres a favor de las universidades, bastará que su Rector presente una solicitud en la Oficina Nacional de Tránsito correspondiente con una descripción detallada de cada vehículo y su respectivo valor.
La Upoli fue una de las universidades que sobresalió en las protestas civiles de 2018. La mayoría de los estudiantes se tomaron el recinto como forma de protesta para demandar el cumplimiento de la autonomía universitaria, entre otras exigencias sociales.
Los estudiantes universitarios fueron quienes lideraron las protestas civiles de 2018, contra una reforma a la Seguridad Social, que luego escaló a una demanda general de cambio de gobierno y la exigencia de que Daniel Ortega saliera del poder, a la que se sumaron diversos sectores del país.
El régimen de Daniel Ortega respondió a la inconformidad social con la represión armada de la Policía y parapolicías, que dejó más de 300 muertos en 2018, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).