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CONTENIDO EXCLUSIVO.Tras el derrocamiento de la dictadura somocista en julio de 1979, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) es el órgano del Estado del que se tiene más referencia en la revolución sandinista, sin embargo, también existió el Consejo de Estado, una institución con facultades legislativas, que para algunos críticos no se diferenció mucho de la actual Asamblea Nacional, que está bajo el total control del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que lidera Daniel Ortega.
Una fuente que conoció los pormenores de esos hechos históricos y que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato, contó que la creación de “un Consejo de Estado pluralista” fue idea de los países que apoyaron la revolución en Nicaragua.
“Parte del plan era que durante un período razonable iba a gobernar el país esa Junta de Gobierno, pero acompañada por un Consejo de Estado pluralista, representativo. La idea era de los Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela (democrática en ese entonces) que estaban detrás de eso, y la idea era darle una formalidad democrática a aquella transición en Nicaragua y se acordó que se iba a constituir ese Consejo de Estado”, manifestó la fuente.
La Junta de Gobierno estaba conformada por Violeta Barrios de Chamorro, el empresario Alfonso Robelo y los sandinistas Daniel Ortega, Sergio Ramírez y Moisés Hassan.
Cuando los sandinistas ya estaban en el poder y no pudieron aplazar más la instalación del Consejo de Estado, propusieron un decreto para incrementar el número de escaños, con el claro objetivo de tener más apoyo de organizaciones afines al sandinismo que habían surgido tras la revolución.
De 33 a 47 miembros
Originalmente el Consejo de Estado iba a tener 33 miembros, de los cuales: seis eran del FSLN, 12 partidos de izquierda o afines a los sandinistas, siete del Frente Amplio Opositor (FAO) de tendencia centro-derecha, organización antisomocista fundada antes del triunfo sandinista; seis representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), uno por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y uno por la Asociación Nacional del Clero, donde la mayoría eran sacerdotes simpatizantes de la izquierda. El representante de la Iglesia fue el padre jesuita Álvaro Argüello.
“Cuando ya estaban en el poder, los sandinistas hicieron una reunión clandestina en agosto de 1979 en El Crucero (en las afueras de Managua) y ahí determinaron que como habían obtenido el poder absoluto por el desbande de la Guardia (somocista), entonces iban a cambiar las reglas del juego para la transición y decidieron entonces, y luego lo formalizaron, que el Consejo de Estado, en vez de tener 33 iba a tener 47 miembros, es decir, el Cosep, el FAO, los mismos, pero los sandinistas aumentaron su cuota de sillas hasta llegar más o menos al nivel de control que tienen ahora en la Asamblea Nacional”, recordó la fuente.
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¿Por qué la Iglesia tenía un escaño?
La historiadora y disidente del FSLN, Mónica Baltodano, quien actualmente se encuentra en el exilio por su oposición al régimen de Daniel Ortega, explicó que desde el propio Estatuto Nacional se le dio a la Asociación Nacional del Clero un escaño, por considerar que la Iglesia católica era muy importante en la realidad nicaragüense.
“No olvidar que el cardenal Miguel Obando y Bravo había servido de mediador en los momentos que exigieron la negociación, como fue el asalto al Palacio, en la insurrección de Matagalpa y también en las negociaciones para que saliera Somoza”, valoró la exguerrillera.
Moisés Hassan, ahora en la oposición, cuenta en su libro La Maldición del Güegüense, cómo fue la votación en la JGRN, para incorporar a más organizaciones afines al FSLN en el Consejo de Estado.
Hassan confirmó que “hasta abril de 1980 la Junta de Gobierno había hecho las veces simultáneamente de poder ejecutivo y órgano legislativo” e incluso “de organismo al que se subordinaba la Corte Suprema de Justicia”, no obstante, reconoció que “era la Dirección Nacional del FSLN que en realidad asumía ese triple papel”.
“Pero ya se volvía ineludible la instalación del cuerpo legislativo independiente cuya creación y composición, bajo los auspicios de Washington, habían sido acordados en San José (Costa Rica) con los aliados antisomocistas. Una combinación de presiones internas e internacionales exigía con creciente vehemencia el cumplimiento de lo convenido”, manifestó Hassan.
El ahora opositor reconoce que, el que entonces era su partido, “actuando típicamente, optó por una salida mañosa: la de proceder con la creación del órgano legislativo, pero no como entidad independiente, sino como un servil apéndice adicional”.
“Tal objetivo solo podía ser alcanzado mediante una alteración drástica de la composición pactada en Costa Rica, y fue en estas circunstancias como un buen día de principios de abril de 1980, a nueve meses justos del 19 de julio, la Dirección Nacional del Frente introdujo el proyecto de ley creador del Consejo de Estado”, recordó Hassan.
La reunión de la Junta de Gobierno se dio en la casa de Violeta Barrios de Chamorro, en el reparto Las Palmas en Managua, porque ella tenía su pierna enyesada a causa de un leve accidente doméstico.
“Inmersos en un ambiente cargado de tensión nos sentamos, alrededor de una mesa redonda, nuestra anfitriona, el ingeniero Alfonso Robelo, el doctor Sergio Ramírez y yo. Daniel Ortega, a la sazón en una gira por varios países del África subsahariana, estaba ausente. En su lugar nos acompañaban Jaime Wheelock y Víctor Tirado, también miembros de la Dirección Nacional del Frente. Mucho más tarde, extemporáneamente y ya retirado de la Junta de Gobierno, alegaría Alfonso la nulidad de la votación que tuvo lugar ese día, basándose en que no existía ningún mecanismo legal que permitiera a Wheelock votar en lugar de Ortega, exactamente lo que ocurrió”, relata Hassan.
Hassan recordó que la discusión que se entabló ese día tuvo por protagonistas y contrincantes a Alfonso Robelo y Sergio Ramírez.
Robelo sostenía que “los acuerdos de San José, base de la alianza antisomocista, debían ser respetados, y por ende la composición aprobada entonces para el Consejo de Estado”. Y Ramírez argumentó “que la vida no había quedado congelada, que nuevas realidades habían surgido desde San José; sería pues insensato pasar por alto el nacimiento y consolidación de poderosas y representativas organizaciones, como la Central Sandinista de Trabajadores (CST), la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) y los Comités de Defensa Sandinista (CDS)”.
Hassan apuntó que “desde luego la incorporación de las organizaciones mencionadas y otras inclinaría la balanza del poder abrumadoramente del lado del Frente y convertiría a los presuntos aliados en meras comparsas, la verdadera motivación detrás de los cambios propuestos, sobra decirlo”.
Tras una larga discusión, Ramírez exigió que se pasara a votar; dos eran las opciones: la moción Robelo y la moción Ramírez.
Ramírez fue el primero en votar, seguido prontamente por Robelo y Wheelock. “Dos a uno, a favor de la moción Ramírez”.
Víctor Tirado, quien llegó en representación de Ortega, estaba a favor de la moción de Ramírez, pero su participación estaba en duda porque también se discutió que no había un mecanismos formal de designación de un suplente.
Era el turno de Violeta Chamorro “sin vacilación alguna su voto fue por la moción Robelo”.
“Dos a dos, y mi voto decidía”, cuenta Hassan en su libro.
“Por un tiempo imposible de precisar, deben haber sido solo unos pocos segundos, pero eternos, mantuve el mutismo en el que me había refugiado desde el inicio de la reunión. Desde ese momento una desgarradora pugna interna había estado teniendo lugar en mi interior. Batallaban, por un lado la lealtad a la organización a la cual pertenecía y que contaba conmigo; por el otro la convicción, que tengo muy arraigada, de que los compromisos contraídos se cumplen. Y yo, pese a no haber estado en San José, y por tanto no estar personalmente involucrado, me sentía en la obligación de respetar esos acuerdos. No hallaba qué hacer. Como de una pesadilla me sacó de mis confusos pensamientos un grito desesperado, exigente. Era Sergio Ramírez: ‘¡Votá, Moisés!, ¿qué esperás?’ La hora de la verdad había llegado. Debilitada como estaba por las dudas que he expuesto, fue más fuerte mi vinculación política, que tanto todavía entrañaba para mí. Lentamente, en voz baja, casi imperceptible, sin ninguna convicción musité: ‘Voto por la moción Ramírez'”.
El decreto número 374 quedó aprobado y tras su presurosa publicación en La Gaceta número 89, del 22 de abril de 1980, se convirtió en Ley de la República.
LA PRENSA intentó conocer la versión de Sergio Ramírez, actualmente en el exilio por la persecución del régimen de Ortega, pero contestó por mensaje de texto que no tuvo que ver con el Consejo de Estado. Ramírez además fue vicepresidente de Nicaragua en el primer gobierno de Daniel Ortega en el período 1985-1990.
El Día de la Dignidad
El Consejo de Estado se instaló el 4 de mayo de 1980, Día de la Dignidad Nacional, en conmemoración al reclamo que hizo Agusto C. Sandino contra el llamado Pacto del Espino Negro en esa fecha de 1927, firmado entre un representante de Estados Unidos y el presidente de esa época, Adolfo Díaz.
Funcionó hasta que fue sustituido por la Asamblea Nacional electa en las votaciones de noviembre de 1984, precisó la historiadora Baltodano. En esos comicios fue que Daniel Ortega gana la Presidencia por primera vez y asumió el 10 de enero de 1985.
El primer presidente del Consejo de Estado fue el sandinista Bayardo Arce y el secretario fue el actual preso político y disidente sandinista, general Hugo Torres, ambos por “muy corto tiempo” (menos de un año), según la fuente consultada.
Luego asumió la presidencia Carlos Núñez, miembro de la Dirección Nacional del FSLN, fallecido en octubre de 1990 y de secretario, Rafael Solís, ambos delegados por la Dirección del FSLN, por el resto de tiempo que duró el Consejo de Estado hasta 1985. Núñez también presidió por varios años la Asamblea Nacional electa después.
La visión que tenían los sandinistas
En una entrevista que le hizo el Canal Parlamentario a Bayardo Arce, con motivo de conmemorar al fallecido presidente de la Asamblea Nacional, Carlos Núñez, Arce explicó que el Consejo de Estado tenía funciones “colegislativas” con la Junta de Gobierno. También reconoció que la Dirección Nacional del FSLN se reunía para repartirse el trabajo en la Junta de Gobierno y en el Consejo de Estado.
“Una de las particularidades de la revolución popular sandinista es que comenzó de cero. ¿Qué significa que comenzó de cero? Que cuando aquí triunfamos no había asamblea legislativa, no había poder judicial, no había gobierno, no había ejército, no había nada. Entonces entre los miembros de la Dirección nos distribuimos las tareas. Entonces una de las primeras tareas que se acordaron en julio de 1979 fue en el aspecto organizativo”, relató Arce.
Con visto bueno previo
La fuente que habló bajo anonimato reconoció que las propuestas e iniciativas que llegaban al Consejo de Estado eran debatidas, aunque solo eran aprobadas si tenían el visto bueno del FSLN.
“A pesar de que modificaron la composición para darle la enorme mayoría al Frente Sandinista, había un mejor juego político. Había posibilidad de hacer propuestas, por supuesto que era en cuestiones menores, no en las principales; lo que proponía la Junta de Gobierno, es decir, la Dirección Nacional del Frente Sandinista, eso se aprobaba, pero nosotros podíamos proponer iniciativas propias, que por lo menos se discutían si no afectaba la estrategia del Frente”, contó la fuente.
Mónica Baltodano, quien entre 1979 y 1982 estaba fuera del trabajo del Estado y operaba más de manera política en el FSLN, confirmó que la mayoría de las iniciativas aprobadas en el Consejo de Estado llegaban de la JGRN influidas por la Dirección General del FSLN.
Baltodano fue elegida diputada por primera vez en las votaciones de 1996, para el período 1997-2001 y más tarde para el período 2007-2011. Aunque no estuvo en el primer período 1985-1990, como historiadora Baltodano confirmó que la Asamblea de 1985 tuvo facultades constituyentes “elaborando la Constitución de 1987 y otras leyes importantes como la Ley de Municipios, la Ley de División Político Administrativa y otras”.
En ese periodo en que el FSLN quedó como segunda fuerza —tras la victoria de Violeta Barrios de Chamorro en las elecciones de 1990—, Baltodano aseguró que en el Legislativo “se dieron importantísimas reformas para fortalecer los derechos individuales, los derechos políticos, se creó la posibilidad de optar a cargos municipales por la vía de la suscripción popular”.
Luego en la asamblea de 1997, cuando ya era diputada, Baltodano valoró que “se retrocedió con las reformas del pacto”, en alusión al acuerdo político entre Daniel Ortega y el presidente de ese entonces, Arnoldo Alemán, que significó la instauración de un sistema bipartidista (FSLN y PLC) que llevó al país gradualmente a la actual dictadura de la familia Ortega-Murillo.
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El exdiputado y opositor en el exilio, Eliseo Núñez Morales, valoró que a partir de los años noventa la Asamblea Nacional de Nicaragua venía evolucionando casi a la par de otras experiencias democráticas en países de Latinoamerica, donde también hubo cambios totales, tras conflictos armados, lo que, según Núñez, se conoce como “democracias restauradas”.
El opositor coincidió con Baltodano en que durante el período de los noventa, cuando estaba en el poder el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, la Asamblea Nacional practicaba un modelo de fiscalización, de mecanismo de consulta a la ciudadanía y mecanismo de control al Ejecutivo.
Pero en los gobiernos siguientes de Arnoldo Alemán (1997-2001) y de Enrique Bolaños (2002-2006), la Asamblea Nacional pasó a ser un poder relevante para aprobar cambios en el Estado, debido a que los diputados sandinistas y los diputados del gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dirigidos por Alemán, tenían las bancadas mayoritarias y podían unir fuerzas para aprobar iniciativas y leyes, como lo hicieron para aprobar juntos una reforma constitucional pactada previamente por Alemán y Ortega para repartirse los cargos en los poderes del Estado, lo que devino en un sistema bipartidista, que escaló gradualmente al poder absoluto de Ortega.
“Esto es un retroceso, la democracia representativa está basada en que el diputado representa al elector y eso no está sucediendo”, aseveró Núñez.
Hoy en día, las reformas aprobadas por el régimen orteguista a lo largo de 15 años en el poder, “dejó a los diputados sin la posibilidad de tener voz propia y sumarse a las decisiones del partido”, valoró Núñez.
“Más valiera eliminar la Asamblea así como está y dejar nada más a los jefes de bancada que decidan basado en la proporcionalidad de votos que tuvieron, porque para qué querés a diputados discutiendo si tienen que decir lo que dice el partido al final, que es lo que se conoce como la reforma contra el transfuguismo”, agregó el opositor.
Ortega regresó al poder en 2007 y desde entonces comenzó a concentrar el poder de todos los poderes del Estado, anuló la prohibición a la reelección presidencial y actualmente está en su quinto período presidencial. La Asamblea Nacional está totalmente bajo su control, con 75 diputados sandinistas, de un total de 91, y los otros partidos que tienen el resto de diputados son considerados por los críticos como comparsas o colaboradores del régimen orteguista.
De esta manera el sandinismo volvió a manejar el poder legislativo, que inició con un Consejo de Estado instalado con la ideología a cargo de los nueve miembros de la Dirección Nacional del Frente Sandinista y que 42 años después se convirtió en una Asamblea Nacional con el 82 por ciento de diputados leales a Daniel Ortega, convertido en secretario general del partido sandinista.