Desde el 2018, con el inicio de las protestas antigubernamentales, los abogados nicaragüenses han sido blanco del régimen de Daniel Ortega por su rol en la defensa de los derechos humanos y denuncia ante las arbitrariedades cometidas por el poder judicial contra los opositores y autoconvocados, quienes fueron encarcelados por ejercer su derecho a la protesta cívica.
Sin embargo, desde mayo de 2021 el régimen orteguista recrudeció la represión contra este sector de la sociedad, al que ha perseguido, amenazado, asediado y encarcelado, razón que ha obligado a muchos a irse al exilio, denunció este lunes un grupo de abogados en una conferencia vía zoom, organizada por el Colegio de Abogados de Barcelona, España, con el apoyo del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + y otras dos organizaciones civiles.
«En mayo de 2021 la represión se incrementó, hubo una escalada fuerte que conllevó la detención de 39 personas, entre candidatos presidenciales, políticos y activistas. Entre las personas detenidas (también) encontramos abogadas tales como Ana Margarita Vijil y María Oviedo, y los abogados José Pallais y Róger Reyes», mencionó Alexandra Salazar, abogada y coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).
En el caso de Vijil y Pallais fueron secuestrados por su activismo político, mientras que Oviedo y Reyes por su labor como abogados defensores de presos políticos. Todos ellos se encuentran recluidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como el nuevo Chipote, donde a diario son sometidos a tratos inhumanos y cuestionamientos (interrogatorios), denunció Salazar.
«Esto ha hecho que de una población de al menos 30 mil abogados en nuestro país, solamente unos cuantos son los que han decidido asumir la defensa de personas presas políticas, porque esto ha convertido el ejercicio de la defensa en un ejercicio de alto riesgo», lamentó la coordinadora de UDJ.
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La abogada agregó que quienes han tenido la valentía de asumir la defensa de presos políticos en la actualidad se han encontrado con una serie de obstáculos durante el proceso. «Son escasos los casos que se ha permitido a las defensas el acceso a los centros de reclusión para tener entrevistas con sus defendidos, los únicos momentos que pueden verle es en las audiencias que permiten de manera breve intercambiar unas breves palabras bajo un fuerte resguardo policial», agregó.
Demolición del Estado de derecho
Salazar señaló que la Fiscalía y el poder judicial son parte de los principales verdugos legales de los abogados, a quienes han tratado como “golpistas”, entre otros términos descalificativos. «En audiencia le toman foto a sus carnet que los acredita como abogados, le hacen esperar largas horas para la documentación solicitada y son fotografiados ellos y sus vehículos», continuó exponiendo.
Al respecto, Wendy Flores, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, señaló que lo que vive Nicaragua desde 2018 es una “demolición total del Estado de derecho” por parte de la dictadura, la cual controla todos los poderes estatales y represivos como la Policía.
Flores recordó que debido a la represión y matanza perpetrada por el régimen desde el 2018, de más de 325 personas asesinadas según la CIDH, ha provocado un desplazamiento masivo de nicas al exterior, principalmente Costa Rica y Estados Unidos, a los que se suman defensores de derechos humanos que huyen de la represión gubernamental.
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«Desde el Colectivo hemos documentado 14 denuncias de abogados que han sido sometidos a amenazas, agresiones, ataques en sus redes sociales, vigilancia permanente, que las llantas de sus vehículos son ponchadas y una serie de agresiones que ponen en riesgo la vida del abogado que está dando estos acompañamientos», señaló Flores.
La representante del Colectivo detalló que debido a estos actos represivos, en el 2021 al menos de una decena de abogados que ejercían representación penal a favor de presos políticos tuvieron que salir del país, ya que la represión se ha extendido hasta sus familiares.