El desastre electoral del pasado 7 de noviembre amenaza con repetirse el próximo año, si la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no cede en su posición de impulsar las reformas electorales que pide la comunidad internacional y reinstalar la democracia en Nicaragua. Grupos opositores en el exilio promoverán que los comicios municipales que se celebrarán en el 2022 sean declarados ilegítimos, en cuyo proceso se escogerán a alcaldes, vicealcaldes y concejales de 153 municipios de Nicaragua.
El pasado 7 de noviembre, en medio de la crítica por las las votaciones presidenciales sin competencia que se realizaron ese día, Daniel Ortega confirmó que «el 6 de noviembre de 2022 habrá una nueva jornada electoral correspondiente al de autoridades municipales». También adelantó que el 5 de marzo del año 2023 se elegirán a los miembros de los Concejos Regionales del Caribe Norte y Sur del país.
Desde que Ortega regresó al poder en 2007, los procesos electorales nicaragüenses se han caracterizado por la falta de transparencia de los resultados; el control del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la estructura electoral; las irregularidades en todo el proceso; las limitaciones y exclusión de los partidos opositores.
Tras 15 años en el poder, Ortega logró en noviembre pasado consolidar una dictadura de la mano de su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, por lo que ambos asumirán el próximo 10 de enero un nuevo periodo de cinco años y se espera que lo hagan sin el reconocimiento de la comunidad internacional, que ya declaró ilegítimos los resultados electorales de este año.
Las votaciones presidenciales de este año, que reafirmaron al régimen Ortega-Murillo cinco años más en el gobierno, fueron declaradas ilegítimas por la mayoría de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) y por la Unión Europea; además del rechazo de varias organizaciones internacionales de derechos humanos, que denuncian la represión interna del orteguismo para someter y callar las críticas de los opositores.
Mientras que los comicios municipales le han servido a Ortega para acaparar cada vez más alcaldías. Actualmente, el FSLN gobierna en 135 municipios, de un total de 153.
Presupuesto listo
Para los comicios municipales 2022 ya se presupuestaron 1,823 millones de córdobas, por encima de los 1,180 millones de córdobas de este año, que también sirvieron para sufragar los cuestionados comicios del pasado 7 de noviembre.
El exalcalde del municipio de San José de Bocay, Jinotega, Erlis Torres, dijo que como diáspora nicaragüense trabajarán para promover el desconocimiento de esos comicios.
«Nosotros como nicaragüenses que estamos en el exilio y que hemos vivido en carne propia todo este régimen, vamos a trabajar en función de también declarar ilegítimas las elecciones municipales que vienen, porque en Nicaragua tiene que haber un cambio profundo», expresó el opositor.
Torres fue alcalde de San José de Bocay en el período 2008-2012 y después, con un período de por medio (2012-2017), se postuló para la reelección con el partido opositor Ciudadanos por la Libertad (cancelado actualmente) en las votaciones municipales de 2017.
En ese proceso electoral, Torres demostró con actas en mano que ganó la alcaldía, pero el CSE, controlado por el régimen orteguista, colocó como ganador al candidato del partido sandinista.
En 2019, Torres se vio obligado a salir del país tras las persecución del régimen a las personas que lideraron las protestas civiles de 2018, que fueron aplastadas por medio de una represión armada que dejó más de 300 muertos, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«No podemos traicionar la sangre de todos los caídos, de todas las personas que se han sacrificado, creyendo en que tenemos derecho en vivir en un Nicaragua mejor. Nosotros no podemos caer en el juego nuevamente del régimen y dejar en el olvido todo ese sacrificio y que se nos olvide en un año o dos años de que el régimen en 2018 asesinó a muchas personas por el simple hecho de pedir que hubiera libertad, que hubiera democracia y respeto a sus derechos», agregó Torres.
El vocero del partido Unión Democrática Renovadora (Unamos, antes MRS), Héctor Mairena, advirtió que el régimen orteguista tratará de darle legitimidad a los comicios electorales futuros con negociaciones a su medida, pero aseguró que mientras Ortega y su esposa se mantengan en el poder, no podrá haber en Nicaragua un proceso electoral creíble.
«Es un interés del régimen de Daniel Ortega intentar atraer a sectores que pueden llegar a acuerdo con ellos y participar en unas supuestas elecciones municipales. La posición de nuestro partido es que Nicaragua, bajo el régimen de Ortega y en las circunstancias actuales, no existe posibilidad de tener elecciones libres, transparentes y justas», manifestó el vocero.
Mairena dijo que una de las principales demandas de Unamos, es la liberación de los más de 160 presos políticos, entre ellos seis de sus miembros más destacados.
Unamos es una organización política que en 2008 –cuando todavía se llamaba MRS–, el régimen orteguista le quitó la personalidad jurídica, para evitar su participación en los comicios municipales de ese entonces. Originalmente el MRS fue fundado en 1995 por disidentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que es el partido que lidera Ortega.
Urnas Abiertas se alista para observar en 2022
El observatorio electoral Urnas Abiertas reveló que tiene planes de monitorear el proceso electoral municipal, pero los miembros de este organismo manifestaron tener claro que «sin las condiciones necesarias se volverá a estar ante un proceso electoral ilegítimo».
«Es urgente que se restituyan las libertades fundamentales y una profunda reforma al sistema electoral, partiendo de que el CSE de Ortega no puede organizar elecciones, por la ausencia de legitimidad y los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el gobierno del FSLN», contestó Urnas Abiertas a LA PRENSA.
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El organismo de observación insistió en que si las condiciones necesarias no se garantizan, lo más posible es que se vuelva a ver una «farsa electoral caracterizada por la coacción del voto a favor del FSLN; uso de recursos del Estado con fines partidarios; violencia política contra personas opositoras.
Durante el proceso de votaciones generales de este año, Urnas Abiertas contabilizó 1,656 hechos de violencia en un año de monitoreo. También reportó en su último informe un sin número de irregularidades vinculadas al uso de los recursos público de parte del FSLN.
Los cuestionados comicios se desarrollaron en medio de una crisis sociopolítica que inició en 2018, y estuvo marcada por el encarcelamiento de más de 40 destacados opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales considerados los más peligrosos para la permanencia de Ortega en el poder, activistas opositores, líderes estudiantiles y campesinos, defensores de derechos humanos, periodistas y reconocidos empresarios.
