El régimen de Daniel Ortega mantiene a más de 160 personas privadas de libertad, producto de la crisis sociopolítica iniciada desde abril 2018, según el monitoreo y registro de las diferentes organizaciones y asociaciones de presos políticos y familiares de presos políticos que en esta época navideña y fin de año, demanda la libertad inmediata e incondicional de sus parientes encarcelados.
Los familiares y las organizaciones sostienen que los presos políticos «no son monedas de cambio», para superar la crisis que vive el país desde hace cuatro años, y que proponer e instaurar en el país una «diálogo nacional», primero no debe haber «un solo presos político en las prisiones del régimen».
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De acuerdo con el más reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, hasta el 30 de noviembre, la cifra de presos políticos en Nicaragua es de 167. De estos, 157 detenidos en el contexto de abril de 2018 y 10 previo a abril de 2018.
Sin embargo, la tarde de este miércoles se conoció sobre la liberación del preso político Marlon Castellón Ubilla, después haber sido encarcelado por segunda vez el 19 de marzo de este año, según confirmaron a LA PRENSA familiares del joven de 26 años. Este dato no está aun incluido en el informe.
Ubicación de los presos políticos encarcelados desde 2018
Del total de 157 personas presas políticas (en el contexto de abril 2018) a la fecha, 116 se encuentran en los distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional, 35 en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como «El Chipote» en Managua. Adicionalmente, cuatro personas están en delegaciones municipales de la policía y dos en arresto domiciliar.
No obstante, pese a no aparecer en el listado del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, el abogado y reconocido opositor, Noel Vidaurre, y el comentarista Jaime Arrellano, también se encuentran bajo arresto domiciliar desde hace 144 días.
Cabe mencionar que el listado de personas presas políticas en Nicaragua es construido por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogadas y abogados defensores de personas presas políticas, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales. Reconocido además por las organizaciones opositoras Alianza Cívica (AC) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
El organismo explica «en el listado solamente se incluyen a la personas presas políticas de quienes se obtuvo autorización de sus familiares para su publicación».
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, que se encarga de actualizar el listado mensualmente, brinda además información sobre sus condiciones carcelarias y las violaciones a derechos humanos.
Por otro lado, todo el grupo (10) de personas presas previo a abril de 2018, se encuentran recluidos desde 2014 en celdas de máxima seguridad del Centro Penitenciario Jorge Navarro conocido como La Modelo: 8 de ellos en el área conocida como “La 300” y 2 en el área conocida como “El Infiernillo”.
Género y procedencia de los reos políticos
El informe señala que del total de las 157 personas presas políticas desde 2018 a la fecha se encuentran 144 hombres y 13 mujeres. Mientras que los 10 detenidos antes de abril de 2018, todos son hombres.
Las detenciones a manifestantes, activistas territoriales, personas opositoras y liderazgos políticos de la disidencia son parte de la estrategia represiva del régimen, que dadas sus dimensiones y alcances territoriales puede entenderse de carácter sistemático y generalizado a nivel nacional, señalan.
Actualmente el régimen mantiene en prisión a personas procedentes de 13 de los 15 departamentos del país, así como de las dos Regiones Autónomas de la Costa Caribe.
Trece encarcelados mayores de 65 años
De las 157 personas presas políticas del contexto de 2018, las organizaciones reportan que: 23 corresponden a la edad laboral temprana de 15-24 años, 101 están en el rango de edad de los 25-54 años (edad laboral máxima) y 20 entre los 55-64 años (edad laboral madura).
Las personas mayores de 65 años son 13: Edgard Parrales, 79 años; Francisco Aguirre Sacasa (77); Hugo Torres Jiménez (73), Mauricio Díaz Dávila (71); Violeta Granera Padilla (70); Pedro Joaquín Chamorro (70), Victor Hugo Tinoco (69), José Pallais Arana (68), Arturo Cruz Sequeira (68), Bernardo Ramos (67), Cristiana Chamorro (67), Dora María Téllez (66) y Nidia Barbosa (66).
Por su parte, el promedio de edad de las personas presas políticas previo a abril 2018 es de 50 años. Dos personas se encuentran en el rango de edad de adultos mayores, siendo 66 la edad máxima del grupo.
El Mecanismos explica que, a partir de un trabajo de documentación el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Mas, se reconoció el carácter político de las 10 personas, que se conocen como presos políticos previos al contexto abril 2018 en Nicaragua, y que luego de la publicación del documento, más de 150 organizaciones de la sociedad civil nicaragüense lo suscribieron.
Más de 40 recapturas
Actualmente de las 157 personas presas políticas del contexto de abril 2018, 37 están detenidas por segunda ocasión y 6 por tercera ocasión. Es decir, hay un total de 43 personas recapturadas quienes, considerando todas las veces que han estado detenidas, han pasado en promedio un total de 750 días en prisión, detallan el organismo.
Lo que «resulta preocupante porque las detenciones prolongadas en las condiciones en que se encuentran recluidas los presos y presas políticas, ocasionan impactos muy negativos en su salud y en sus hogares» advierten.
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Señalan que entre dos y 17 meses fue el período de tiempo en libertad que las personas recapturadas políticas tuvieron entre su última excarcelación y la fecha de su detención más reciente. «La mayoría de personas que han pasado por más de una detención de carácter político son líderes y liderezas territoriales, campesinos, jóvenes de barrios populares y estudiantes quienes participaron marchas, protestas, en tranques en sus vecindarios o carreteras, o se atrincheraron en sus universidades».
Organizaciones y familiares exigen liberación
Olama Hurtado, encargada de prensa de la UNAB, detalló que de la lista de 167 presos políticos, 18 son miembros de esta organización, entre ellos, se encuentra el precandidato presidencial Félix Maradiaga y reconocidos líderes opositores como Violeta Granera, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, José Peraza, entre otros.
«Nosotros pues hemos venido demando la liberación, no solo de ellos (los integrantes de la UNAB) sino de los más de 160 presos políticos. Mantenemos una relación muy estrecha y reuniones constantes con las asociaciones de presos políticos, sobre todo con los familiares de presos políticos y de la UNAB para tomar en consideración sus puntos de vistas, por ejemplo entorno al supuesto diálogo y otros temas también de asunto humanitario», expresó Hurtado.
Actualmente, agregó que «los que están en el Chipote están completamente aislados, no hemos vuelto a tener comunicación con ninguno de ellos, ni se nos ha permitido visitas en los últimos 30 días, casi. Nadie da razón de su salud».
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Según los miembros de la Comisión de Verificación y Seguimiento de Presos Políticos de la Alianza Cívica, en esta última y actualizada lista de presos políticos hay nueve de sus integrantes, entre los que figuran Juan Sebastián Chamorro, Max Jerez Meza, Lesther Alemán Alfaro, Álvaro Vargas Duarte, José Adán Aguerri Chamorro, Michael Healy Lacayo, entre otros.
«En este momento nosotros llevamos un informe donde todas estas personas que están detenidas. Los apoyamos con el proceso legal, el acompañamiento familiar e incidiendo en la comunidad internacional. «Como Alianza Cívica lanzamos por cuarto año la campaña, una navidad sin presos políticos para hacer presión nacional e intencionalmente para que liberen a todos los presos políticos», manifestó Yunova Acosta, miembro de la Comisión.
Por su parte, la organización de excarcelados político, Unión de Presas y Presos Políticos (UPPN) también se une a la demanda de liberación de todos los presos políticos. «Hemos estado trabajando costosamente en la demanda de liberación de todos los presos políticos, porque tengan una navidad en libertad y puedan pasar con sus familias, quienes también son víctimas de represión, asedio del régimen», dijo un miembro de UPPN, quien prefirió el anonimato.
«No son monedas de cambio»
Además de las demandas generalizadas de liberación de las organizaciones y familiares, Hurtado sostuvo que «nuestros familiares tampoco son monedas de cambio para un diálogo, y ahí es donde hay bastante consenso entre los familiares de presos políticos en el hecho de que no puede haber un diálogo para resolver los problemas profundos del país habiendo presos políticos en las prisiones del régimen».
La Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP), también ha expresado un «no al diálogo» mientras hayan presos y presas política y Ortega permanezca en el poder.
Karen Lacayo, hermana del reo político Edward Lacayo, conocido como la Loba Feroz y coordinadora de la AFPP, dijo que «como hermana de un preso político yo no participaría si mis hermanos están en la cárcel, que liberen primeramente a nuestros hermanos y que se vaya Ortega, ese es el único diálogo que queremos”.
Asimismo pidió por la liberación de todos los presos políticos en esta época navideña y de fin de año «estas fechas son dolorosas para los hijos, las madres, hermanas, esposas y todos los familiares, nuestro llamado es a liberar a los más de 160 presos, no queremos otra navidad con nuestros familiares en la cárcel», insistió.
Persiste demanda de una «Navidad sin Presos Políticos»
Una vez más, las organizaciones y familiares de presos políticos hacen una denuncia ante el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional que los derechos humanos de sus familiares presos siguen siendo violentados, tanto para los que tiene tres años en los diferentes sistemas penitenciarios del país, como para los que se encuentran en las celdas de máxima seguridad de la Dirección de Auxilio Judicial, Complejo Evaristo Vásquez Sánchez, conocido como el nuevo Chipote y de estaciones policiales.
“Todos están detenidos injustamente, acusados de delitos que no han cometido, el ejercicio de sus derechos de libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de movilización, libertad de asociación está siendo criminalizado, pretendiéndole aplicársele tipos penales no configurados por los hechos”, denunciaron este miércoles en un Comunicado.
Agregan que “no se ha respetado el debido proceso y se les tiene sometido a total indefensión. Particular preocupación tenemos por aquellos con más de un mes de estar incomunicados y por todos aquellos que presentan condiciones graves de salud producto al encierro prolongado y de todas las personas de la tercera edad”.
E insisten en que “la libertad inmediata, irrestricta e incondicional de nuestros presos políticos es la mínima expresión de respeto a los derechos fundamentales consignados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, y de voluntad para aminorar la crisis en la que está sumido el país”.
