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CONTENIDO EXCLUSIVO.A Guillermo Osorno, el régimen de Daniel Ortega le mandó a cancelar la licencia de Enlace Canal 21 y de Radio Nexo. A Alejandro Martínez Cuenca, le anuló la personería jurídica de la Fundación Internacional para Desarrollo Económico Global (Fideg). Y a Leonardo Torres, le quitó la personería a la Asociación Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y la Asociación Consejo Nicaragüense de Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), entre otras. Todos tenían en común: viejos aliados del orteguismo, que ahora parecen haber caído en desgracia, lo que ha generado desconcierto tanto dentro como fuera de la misma base de la dictadura.
La arremetida más dura hasta ahora la ha experimentado el economista y empresario sandinista Leonardo Torres, quien además forma parte de la junta directiva del Banco Central. En cuestión de 48 horas, el orteguismo le quitó la personería jurídica de una universidad, una microfinanciera, organizaciones empresariales que dirige, pero antes le despojó de su pasaporte, al igual que hizo con Martínez Cuenca y otros allegados del orteguismo.
Todas estas medidas tienen un efecto económico entre los tres aliados del orteguismo, puesto que incluso hasta familiares de algunos de los afectados se empleaban en las entidades a las que se les arrebató la personería jurídica y que se han visto obligadas a cerrar o bien quedarse operando en redes sociales, como es el caso de los medios de comunicación de Osorno.
Pero ¿qué significa que Ortega arremeta contra los propios intereses de sus aliados? ¿qué efecto tiene esto más allá del entorno del orteguismo? “Lo que revela esta medida que ha tomado Ortega en contra de sus propios aliados demuestra el temor que él tiene de que el proceso de implosión de su base social y de sus aliados se profundice”, sostuvo el economista, sociólogo y analista político, Óscar René Vargas.
Por lo tanto, continuó el especialista, “lo que hace es mandar el mensaje a los demás de que cualquier aleteo que puedan presentar, él los va a reprimir. Es decir, Ortega está a favor de la dominación y control de todos y aplicará la represión selectiva a cada uno que demuestre dudas o infidelidades”.
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“Al comienzo Ortega pensaba que podía domesticar a sus aliados, la domesticación implicaba dialogar y no reprimir, pero ahora decide dominar, lo que significa imponer, someter y avasallar. Hemos llegado al pináculo del dominio de la dictadura sobre sus aliados, por medio de la represión”, expresó.
Más mensajes
Un economista y analista político, quien prefirió el anonimato por temor a represalias, indicó que la continua cacería del régimen contra opositores o aliados a su administración, afecta aún más la inversión ya que los empresarios no quieren hacer negocios con este Gobierno, pues prevén grandes dificultades en sus inversiones futuras. “Y ahí es donde está el elemento fundamental de las sanciones de Estados Unidos”, agregó.
“El temor de las sanciones aleja en alguna medida las relaciones que, en el fondo o a nivel superficial, pueda tener el sector empresarial con el Gobierno. Puede haber una fractura o una especie de contradicción más aguda con la cuestión de las sanciones de Estados Unidos, porque si este país comienza a sancionar a empresarios que están ligados al sandinismo, sería un problema serio”, precisó.
Recientemente el Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, implementó la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua o Ley Renacer, la que trajo consigo nuevas sanciones específicas y una prohibición general de visas para los funcionarios nicaragüenses cómplices del régimen Ortega-Murillo.
La misma ordena sanciones contra los que sirvan de soporte financiero de la dictadura, lo que a criterio de analistas, al arremeter Ortega contra los negocios de sus propios aliados, quiere enviar un mensaje al resto del sector privado de que no perdonará, a quien por temor a las sanciones de EE. UU., decida distanciarse.
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“Lo que está pasando en la conducción del Gobierno es esa relación implícita que existe con el empresariado grande y el temor que hay con relación a las sanciones, no solamente de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea”, afirma el economista.
El problema del empresariado nicaragüense “es que siempre ha estado ligado al poder político. Ha sido un patrón común no solo en Nicaragua, sino en toda Centroamérica. Todo lo que es el sistema político de Nicaragua tiene repercusiones en el sector empresariado grande del país”, señaló.
Otra lectura sobre lo que ha ocurrido, según el analista político Eliseo Núñez, es que hay una purga interna de la base del sandinismo. “Lo de Leonardo Torres es la punta del iceberg, Rosario comienza su operación limpieza de cara a su designación como sucesora de Ortega y “casualmente” el primer movimiento público es contra uno de los más leales a Bayardo Arce”, dijo Núñez en su cuenta de Twitter el 13 de diciembre.
El ataque y despojo a Torres
El pasado de Leonardo Torres está ligado al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Es conocido por ser uno de los empresarios que mostró total apoyo al régimen de Ortega durante el Diálogo Nacional de 2018, e incluso, solicitó a la oposición un cese de las manifestaciones y de los tranques, bajo la excusa de que estos estaban afectando la economía del país.
Cabe destacar que Torres no respaldó el paro nacional, lo que provocó una desautorización de las cámaras miembros de la Asociación Consejo Nicaragüense de Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), de cuyo gremio es presidente. Estas argumentaron que la posición de él no los representaba.
Tanta fue la inconformidad con Torres, que incluso miembros de la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur), también ligada al empresario, reclamaban su salida de su cargo públicamente, debido a que consideran que este tampoco representa el verdadero sentir de dicha cámara.
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Recientemente, el régimen ordenó ampliar la lista de personas que no pueden salir de Nicaragua, y según informaron medios de comunicación, Torres figuraba en esta. Incluso, fue despojado de su pasaporte.
El día de ayer recibió otro golpe del régimen cuando este ordenó quitar la personería jurídica de la Asociación Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y de Conimipyme, ambas ligadas al empresario, quien también funge como miembro del consejo directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN).
La petición fue hecha por el Ministerio de Gobernación aduciendo que los mismos no han presentado sus estados financieros correspondientes al 2020, así como un informe sobre las donaciones que las organizaciones reciben.
También señalaron que las juntas directivas de Conimipyme y la Uhispam se encuentran acéfalas desde hace años, lo que incumple la Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro.
Pero eso no termina ahí, la mañana de este martes el régimen volvió a arremeter contra los negocios de Torres y ordenó quitar la personería jurídica a varias organizaciones sin fines de lucro, entre estas a la Asociación Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Industria Turística (Cantur) y la Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Acodep), ambas vinculadas al empresario.
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El decreto de cancelación de personalidades jurídicas fue presentado en la Asamblea Nacional, con trámite de urgencia, con los argumentos de que Cantur y Acodep no han presentado sus estados financieros, no han detallado el ingreso de donaciones y que sus juntas directivas están acéfalas, entre otros.
El problema es que las acciones de Ortega contra sus propios aliados tienen un efecto dominó en el empleo de la gente que trabaja en esas organizaciones y en el caso específico de la universidad, en la vida de los universitarios, pues tras dicha decisión se dejó en el limbo a casi 4,000 universitarios.
En un giro inesperado, y lejos de la experiencia de otras 50 organizaciones no gubernamentales a las que el orteguismo le ha arrebatado sus personerías jurídicas, ayer la Uhispam anunció que continuará operando, aunque no está claro cómo se mantendrá operativa sin registro legal.
“A toda la comunidad universitaria, ante las noticias que circulan en los medios de comunicación respecto de, la cancelación de personería jurídica de la Universidad Hispanoamericana, les comunicamos que la universidad seguirá funcionando con normalidad en todos los procesos académicos y administrativos, independientemente de los cambios internos que se puedan generar, respetando lo establecido en la ley y nuestros estatutos”, se lee en el documento.
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Al respecto, Vargas considera que es probable que haya una negociación de por medio. “Es posible que sectores de los empresarios orteguistas estén negociando” para evitar el golpe más duro entre dicha comunidad universitaria.
Ataques contra Martínez Cuenca y Fideg
Por su parte, el 9 de diciembre del corriente, el régimen de Ortega ordenó cancelar la personería jurídica de la Fundación Internacional para el Desarrollo Económico Global (Fideg), que dirige el economista y empresario Alejandro Martínez Cuenca. La noticia se dio a conocer 26 días después del allanamiento de las oficinas de este organismo.
El decreto manifiesta que el motivo de la cancelación es porque Fideg no presentó los estados financieros de 2020 “con sus desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, origen y detalle de donaciones, proveniencia y beneficiario final”, incumpliendo lo establecido en la ley.
También señala que la fundación incumplió el artículo 38 de la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, indica que no presentó el informe de donaciones previas provenientes del exterior y no se registró como agente extranjero, lo que incumple con la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
Fideg surgió en 1990, con el objetivo de realizar estudios socioeconómicos. Uno de sus principales estudios es la Encuesta de Hogares para Medir la Pobreza en Nicaragua, la cual realiza desde el 2009.
Martínez Cuenca fue nombrado por Ortega en 2011 como miembro propietario del Consejo Directivo del BCN, cargo que fue ratificado en mayo de 2016. Posteriormente, renunció al puesto el 2 de agosto de 2018.
Durante el primer gobierno sandinista (1979-1990), se desempeñó como ministro de Planificación y ministro de Comercio Exterior. Y en el 2000 se encontraba en campaña, disputando la candidatura presidencial del Frente Sandinista con Ortega.
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“¿Qué es lo que tiene Martínez Cuenca distinto a los demás? Una forma y una experiencia acumulada que nos permite decir que Martínez Cuenca apela a la gente, su seriedad, su dominio de áreas importantísimas como es el área económica y financiera. Conozco la industria, no porque me lo dicen o lo he estudiado, sino porque soy industrial, he sido ganadero, he sido agricultor. Martínez Cuenca es el único candidato que puede conducir al Frente Sandinista al triunfo”, aseguró en diciembre del 2000 en una entrevista a LA PRENSA.
El analista político considera que es justamente por esa razón que el régimen está ejerciendo presión sobre el empresario, “porque ha sido siempre un competidor interno en el Frente Sandinista”.
“Él estuvo de candidato a la presidencia en años anteriores, pero no fue apoyado por el Frente por no desplazar a Daniel, pero ha sido el único candidato fuerte que este ha tenido para la presidencia y por ahí debe haber alguna especie de preocupación, porque jugó un importante papel y tiene una trayectoria bastante grande en el Frente Sandinista”, añadió.
Siguiendo esta línea, señaló que “el problema puede ser por celos políticos, y además que Martínez Cuenca es un empresario exitoso, con muchos vínculos en el sector empresarial, y esa una persona amigable y educada. Es una cara totalmente distinta a lo que ha tenido el sandinismo. Alejandro sí es una opción política en un Frente Sandinista reformado”, enfatizó.
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A criterio del analista, desde hace tiempo Martínez Cuenca presentaba contradicciones con Ortega y para muchos, es el único que podría presentar un rostro empresarial limpio, moderno y renovado del Frente Sandinista.
“Hay un sector del Frente que quiere una renovación, pero no los dejan, es un partido militarizado. Hay contradicciones enormes que se van agudizando cada vez más y eso es lo que va a provocar que Daniel Ortega, independientemente de que se mantenga en el poder, se enfrente a unos problemas muy serios a lo interno del Frente”.
El economista Enrique Sáenz en sus redes sociales el 4 de diciembre preguntó: ¿por qué allanaron las instalaciones del Fideg? Al respecto, recordó que la organización solo publicaba datos sobre la situación de la pobreza y estaba pendiente de publicar la edición del 2021.
“Seguramente el dictador quiso impedir que se conocieran esos datos. ¿Por qué el presidente del Fideg no denuncia este atropello”; afirmó Sáenz.
Ortega quita negocios a Guillermo Osorno
Otro castigado fue Guillermo Osorno, presidente y representante legal del partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) y diputado ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Fue uno de los seis candidatos que participó el pasado 7 de noviembre, en las elecciones presidenciales que ratificaron en el poder a Daniel Ortega y Rosario Murillo por cinco años más.
Un día después de que Osorno dijo en una conferencia de prensa que desconocía los resultados de esos comicios, Enlace Canal 21, que dirigía su familia, confirmó a través de un comunicado emitido el 10 de noviembre que el régimen de Ortega canceló, por medio del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), su licencia en televisión abierta.
Además, Radio Nexo, también vinculada a Osorno, emitió un comunicado informando la cancelación de su frecuencia 89.5 en FM. La familia era parte de la cadena mundial de medios cristianos desde hace más de 30 años.
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Según los comunicados de Canal 21 y Radio Nexo, el 9 de noviembre Telcor realizó una visita a las antenas del medio televisivo, ubicadas en El Crucero, para realizar una supuesta “inspección de rutina”.
Ese día “emitieron comunicado indicando causal de cancelación de nuestra licencia en TV señal abierta. Ante el argumento del comunicado, el día de hoy, nos presentamos a oficinas de Telcor con evidencias y pruebas que reflejan que estamos operando correctamente; sin embargo, de forma arbitraria, cancelaron nuestra licencia en TV señal abierta”, se lee en el comunicado.
“Ustedes saben el gobierno que tenemos acá. Y si no compaginas con ellos, no estás de acuerdo con lo de ello. Yo no he cometido ningún delito. Ni el canal tiene que ver nada, porque el canal no me pertenece a mí, le pertenece a Dios, así como en todos los países, pues, que lo que somos es simplemente mayordomos”, aseveró Osorno en una entrevista realizada el 10 de noviembre por este Diario.