El Observatorio pro Transparencia y Anticorrupción presentó este jueves un informe denominado «Consejo Supremo Electoral: discrecionalidad y deterioro del marco jurídico», que entre sus hallazgos mencionó valoró que el presupuesto designado este año al CSE, para organizar y dirigir las votaciones presidenciales y legislativas, fue de 773,428,000 córdobas y el reembolso aprobado para los partidos políticos que participaron y que será entregado el próximo año es de 806,700,000 córdobas, lo que suma 1,580,128,000 córdobas (1,580 millones de córdobas equivalentes a 44.5 millones de dólares al tipo de cambio oficial), que sería el costo total de los comicios 2021.
Agrega además que el voto electoral le costó 540 córdobas (15.27 dólares) a cada ciudadano que fue a votar el 7 de noviembre, tomando en cuenta los datos de participación electoral que se divulgaron oficialmente, de 65.26 por ciento.
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Ese dato, dividido entre los 2,922,561 ciudadanos, correspondiente al 65 por ciento de participación electoral, según el CSE, resulta 540 córdobas por voto.
El Observatorio indicó que el costo del voto por ciudadano que participó aumenta, si se toma en cuenta los datos, por ejemplo, del observatorio electoral Urnas Abiertas, que señaló una abstención del 81 por ciento, lo que significaría un participación del 19 por ciento.
Otro hallazgo del Observatorio fue que el CSE incumplió la Ley Electoral (Ley 331) al recortar los días de la campaña electoral. El informe explica que «el 11 de agosto del 2021 el CSE emitió una certificación en la que modificó el calendario electoral», para retrasar el inicio de la campaña electoral y moverlo 35 días, del 25 de septiembre al día 03 de noviembre. Originalmente iba a ser a partir del 21 de agosto.
«Esta modificación violenta la disposición legal del numeral 1 del artículo 75 de la Ley Electoral, que establece: Setenta y cinco días para las elecciones Presidenciales y de Diputados y Diputadas ante la Asamblea Nacional y para el Parlamento Centroamericano».
El informe recoge además la violación a las normativas éticas de la campaña electoral, que en su artículo 94 «prohíbe el uso de bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política. En las oficinas públicas no podrá hacerse proselitismo político. Cualquier denuncia sobre la violación de esta disposición o de cualquier otro tipo de coacción, se estará a lo dispuesto en la presente Ley y los o las responsables cometerán delitos electorales”.
No obstante, en las instituciones públicas, se exhiben la bandera del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). También se ha denunciado el uso de los vehículos de las instituciones para hacer caravanas proselitistas.
El Observatorio también señaló las anomalías en la asignación de escaños, puntualizando que el 10 de septiembre del 2021 en la Gaceta Diario Oficial No.171, fue publicada la lista oficial y definitiva de candidatos a diputados, en la que aparecía por el Partido Liberal Independiente (PLI), en la lista de diputados nacionales, Pedro Joaquín Treminio Mendoza (propietario) y Ana María Velásquez Suárez (suplente). También, por el PLI, en la lista de candidatos ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen): Adolfo José Martínez Cole (propietario) y Margine del Carme Trujillo Ruiz (suplente).
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Y por la Alianza Liberal Nicaragüenses (ALN), en la competencia de diputado por Managua: Harol Francisco Sánchez Chamberlain (propietario) y Gretchel Yolanda Porras Zavala (suplente).
Sin embargo, el 25 de noviembre en la proclamación de electos fueron invertidas todas estas posiciones, es decir, que los propietarios pasaron a ser suplentes.
Cuestiona contrataciones
El Observatorio hizo una revisión de las contrataciones del CSE, encontrando que el CSE, durante este año electoral, realizó diecinueve contrataciones simplificadas según el Portal Nicaragua Compra, sin embargo, se encontró que no se ajustaron a los parámetros establecidos por la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público (Ley 737) y el Reglamento que expone claramente bajo que causal se puede realizar.
El informe expone que «en más de una contratación se violenta el articulo 25 de la Ley 737 que establece lo siguiente:
“El Objeto de la contratación o la ejecución de un proyecto no podrán ser subdivididos en cuantías menores, de forma que, mediante la celebración de varios contratos, se eludan o se pretenda eludir los procedimientos de contrataciones establecidos en esta Ley para el caso. Se entenderá que no existe la antedicha subdivisión cuando, los mismos bienes o servicios a ser adquiridos se financiaren con préstamos o donaciones provenientes de diferentes Estados u Organismos Internacionales u otras fuentes de financiamiento, o cuando, al planificar la ejecución del proyecto o revisar la planificación, se hubieren previsto dos o más etapas específicas y diferenciadas”.
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El caso de las boletas electorales
Una de las violaciones más evidentes a la Ley 737 fue en el proceso de la impresión de las boletas electorales. Los expertos en ese tema indicaron a LA PRENSA que el CSE debió convocar a una licitación pública para recibir varias ofertas de diferentes empresas que ofrecen el servicio de impresión. Sin embargo, ni la convocatoria ni la contratación del servicio de impresión apareció publicado en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) o en el portal digital www.nicaraguacompra.gob.ni.
LA PRENSA consultó en su momento a un experto en artes gráficas y conocedor del mercado de imprenta comercial, quien accedió a hacer un cálculo bajo condición de anonimato. Valoró que si se hace un trabajo de calidad, como es necesario por las medidas de seguridad que requiere la boleta electoral (el mejor papel bond, imprimir en imprenta plana, colocar detalles con otras máquinas pequeñas), el costo andaría por unos 11 millones de córdobas, incluyendo un monto adicional que establece la empresa contratada porque solo se dedicará a este trabajo y perderá otras contrataciones. Un monto mayor a 3 millones de córdobas requiere una licitación pública, según la Ley 737.
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El Observatorio también menciona los incidentes que marcaron el año electoral, como la cancelación de personalidad jurídicas, la inhibición de aspirantes presidenciales, entre otras.
La votación del pasado 7 de noviembre fue para elegir presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Nacional y ante el Parlacen. El proceso electoral se caracterizó por el control del partido gobernante FSLN en el sistema electoral, la escasa participación ciudadana, el encarcelamiento de destacados opositores, entre ellos, siete aspirantes presidenciales.
CSE le asignó el 75.87 por ciento de los votos a Daniel Ortega y a su esposa y cogobernante Rosario Murillo, quienes se reelegían como presidente y vicepresidente en estos comicios. La segunda posición fue otorgada al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con 14.33 por ciento.
El Observatorio pro Transparencia y Anticorrupción se identifica como una organización independiente y apartidaria dedicada a la promoción de una cultura de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción en la sociedad.
