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Un agente la patrulla fronteriza de EE.UU. vigila un sector de la frontera entre Estados Unidos y México. LA PRENSA/Archivo AP

Nicaragüenses que migren a EE. UU. en busca de asilo se verán afectados con el programa «Permanecer en México»

Los especialistas señalaron que con esta medida ahora las familias nicaragüenses deberán estar mejor preparadas económica y emocionalmente para poder sobrevivir en México el tiempo que dure el proceso de asilo en Estados Unidos

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Los Gobiernos de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador reactivarán el programa «Permanecer en México», en el que buscan que los migrantes esperen en suelo mexicano el trámite de solicitud de asilo político, lo que significa que los miles de nicaragüenses que actualmente están saliendo del país ahora se enfrenten no solo a un nuevo desafío para poder ingresar a Estados Unidos, sino a un engorroso proceso para poder llegar a suelo norteamericano, expusieron especialistas en temas de migración.

Pero, ¿cómo afecta específicamente a los migrantes nicaragüenses la reactivación de dicho programa? Los expertos señalaron que con esta medida ahora las familias deberán estar mejor preparadas económica y emocionalmente para poder sobrevivir en México el tiempo que dure el proceso de asilo en Estados Unidos.

Haydée Castillo, socióloga y activista de derechos humanos —exiliada en Estados Unidos—, explicó que con dicha medida los nicaragüenses que entren a territorio estadounidense de manera irregular ya no serán enviados a centros de detención, sino que serán regresados a México, desde donde tendrán que gestionar sus solicitudes de asilo —proceso que puede durar entre uno y dos años—, y deberán de buscar los recursos económicos, sanitarios y humanitarios que necesitan para su estadía en ese país.

«Tengo información de nicaragüenses que esperaron hasta 19 meses en la frontera (de México), sin ayuda alguna, antes de ser admitidos para una audiencia sobre sus casos de asilo, es por eso que el programa fue duramente criticado (en la era de Donald Trump) por organizaciones de derechos humanos, porque exponía a los inmigrantes a ser victimas de violencia, secuestros, tráfico humano y peligros en las ciudades donde las personas acampaban esperando sus audiencias», señaló Castillo.

Realidad paralela

Sin embargo, la realidad de los nicaragüenses es otra. Las familias, para aventurarse a esta travesía, en su mayoría venden todas sus pertenencias para cubrir los gastos de traslado hacia Estados Unidos de forma irregular. Otros viajan con una pesada mochila de deudas que también adquirieron para asegurar la ruta de su destino, por lo que no llevan suficiente dinero para prolongar su estadía en México.

Los especialistas agregaron que estas personas, por su desesperación de cruzar a suelo norteamericano, son más vulnerables a las propuestas de migración ilegal con los denominados «coyotes», exponiéndose al secuestro.

«Miguel» es un nicaragüense de 33 años que salió de su casa el 2 de diciembre, dejando a su esposa y cuatro hijos, todos menores de edad. Aunque estaba consciente de las nuevas disposiciones del gobierno norteamericano y mexicano, él desconoce cuánto puede durar el proceso de asilo una vez se entregue a las autoridades migratorias.

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«Él me había dicho que si a un caso lo regresan a México trabajaría ahí para mientras le aprueban la solicitud. La verdad yo desconocía que ese proceso podría dilatar hasta un año. Mi esposo se fue solo con la mano y cobertura de Dios, en México no tiene a nadie conocido. La idea era que estando en migración de Estados Unidos él llame a una persona residente, que es quien lo va a pedir», contó su esposa.

Al respecto, la abogada Supervisora y Asesora Legal de la organización Nicaraguan American Human Rights Alliance (NAHRA), Astrid Montealegre, señaló que esta medida representa un «impacto directo» en los migrantes nicaragüenses, porque ahora necesitarán suficientes recursos para poder sobrevivir en México, donde también pueden ser víctimas de malos tratos.

«El programa tiene un impacto directo para los nicaragüenses porque requiere que cuenten con recursos (económicos) para permanecer en México durante su proceso y que estén preparados psicológicamente y emocionalmente para enfrentar xenofobia, explotación económica, y asedio de parte de paramilitares del régimen que se encuentran en territorio mexicano», expuso Montealergre.

Lo que establece el acuerdo

El acuerdo suscrito entre Estados Unidos y México obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras sus casos son revisados por las autoridades norteamericanas.

Autoridades estadounidenses informaron que se espera que el programa, oficialmente conocido como Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) inicie a implementarse a partir de este lunes 6 de diciembre.

El polémico programa fue instaurado en 2019 bajo la administración del expresidente Donald Trump, sin embargo la reactivación se espera que tenga ciertos cambios. “México ha exigido una serie de mejoras humanitarias como condiciones para aceptar inscritos”, dijo un funcionario estadounidense, incluidas garantías de que los solicitantes de asilo tendrán acceso a asesoría legal y sus solicitudes humanitarias serán procesadas dentro de 180 días, según informó el medio The Washington Post.

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muro fronterizo
Imagen de la frontera entre Estados Unidos y México, en la zona que separa las ciudades de Anapra, México y Sunland Park, Nuevo México. LA PRENSA/Archivo de AP

El mismo Joe Biden calificó el programa como inhumano y le puso fin rápidamente después de asumir el cargo, pero los funcionarios republicanos en Texas y Missouri demandaron a la administración en un tribunal federal y ganaron una orden judicial en agosto que obligó al gobierno a restablecerlo.

Al respecto, Haydée Castillo señala que tuvo conocimiento que antes de que el migrante sea enrolado en el programa, tendrá la oportunidad de contestar si es un perseguido político o si tiene un caso de miedo creíble, «por eso es importante contar con las pruebas necesarias para demonstrar un caso de asilo político», dijo.

¿Qué pasa con las personas que actualmente están detenidos en algún centro de reclusión de Estados Unidos? ¿Serán llevados a México mientras se resuelve su solicitud? La abogada de NAHRA explicó que a partir del lunes esa decisión quedará a criterio del oficial de deportación.

«Si hay personas en los centros de detención, está a discreción del oficial si deportar a esa persona a México, porque el hecho que estén los Estados Unidos no les segura de que van a permanecer aquí durante su proceso y corren el riesgo, a partir del lunes, de ser regresados a México», alertó.

Nicas en el exilio

El éxodo de nicaragüenses incrementó desde el 2018, tras la brutal represión que ejecutó la dictadura de Daniel Ortega contra ciudadanos opositores, pero este 2021 el flujo migratorio aumenta aceleradamente tras la ola de secuestros a líderes políticos y ciudadanos que denuncian al régimen, la falta de oportunidades laborales y la crisis económica.

Aunque Costa Rica históricamente ha ocupado el primer lugar como principal destino de los connacionales, en los últimos meses se ha visto un flujo migratorio sumamente acelerado hacia el norte. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, refirió recientemente que entre enero y noviembre de este año al menos 95 mil nicaragüenses han abandonado el país, la mayoría de ellos rumbo a Estados Unidos.

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Ante este difícil escenario, Castillo enfatizó que junto a otras organizaciones seguirá insistiendo para que Estados Unidos otorgue un tratamiento temporal especial (TPS) para nicaragüenses que salen del país por la represión y asedio del régimen de Daniel Ortega.

«Mientras tanto lo mejor que nos puede pasar a los nicaragüenses es que todos nos unamos en un solo bloque de nación para salir de la dictadura Ortega Murillo. Solo así se puede avanzar a un nuevo sistema político y económico que brinde oportunidades por igual para que gocemos de una paz duradera que incluye el acceso a ingresos y medios para llevar una vida digna y no tener que salir de Nicaragua», reflexionó la activista.

Lo importante, dijo Astrid Montealegre, es que las familias cuenten con una red de apoyo y un plan que incluya asesoramiento legal.

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