Aunque el régimen de Daniel Ortega ha minimizado el impacto de las sanciones de Estados Unidos a sus funcionarios, lo cierto es que la dictadura ordenó este viernes hacer cambios en todas las instituciones vinculadas al sector energético, que implicó el despojo de facultades a los titulares del Ministerio de Energía y Minas, la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica y el Instituto Nicaragüense de Electricidad (INE).
En primera instancia, a través del acuerdo presidencial 192-2021, publicado este viernes en La Gaceta, Ortega nombró a Estela María Martínez Cerrato como viceministra del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la que asumirá todas las funciones administrativas de Salvador Mansell Castrillo, que fue incorporado esta semana en la lista indeseable de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, con lo que automáticamente quedó “muerto financieramente”, es decir no puede tener ningún vínculo con el sector financiero.
Es por ello, que Martínez ahora tendrá la responsabilidad de firmar “todos los documentos relacionados a la rectoría y normación de los sectores eléctrico, hidrocarburo y minero competencia del Ministerio de Energía y Minas; así como todos los documentos necesarios para la correcta administración y funcionamiento del Ministerio, incluyendo los referidos a desembolsos de fondos nacionales y extranjeros, y los derivados de la suscripción, ejecución, evaluación y cierre de contratos de préstamos, donaciones y otros mecanismos de cooperación financiera y técnica internacional, previo cumplimiento de los procedimientos y normas que correspondan”.
También, mediante un segundo decreto, otorgó a Martínez la representación legal de capital por ministerio de las acciones propiedad del Estado en la Empresa Distribuidora de Electricidad Dissnorte-Dissur, cuya responsabilidad compartirá con Santiago Hernán Bermúdez Tapia, “con todas las facultades necesarias para participar de forma individual y/o conjunta en Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, con plenos derechos del voto de dichas acciones y a elegir y ser electos en las Juntas Directivas de las mismas y en Comités Ejecutivos u otros Comités Especiales que dichas juntas generales designen o creen”.
En dicho acuerdo ordena que se deja sin efecto el acuerdo presidencial No. 188-2020 publicado el 6 de enero del 2021, donde incorpora a Mansell como representante legal de las acciones del Estado en la distribuidora de electricidad junto con Martínez.
Pero además confirma el acuerdo presidencial 47-2020, del 29 de mayo de 2020, donde se nombraba a Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine, como representante de las acciones de capital propiedad del Estado de Nicaragua. Es decir habrían tres representantes. Gallardo es el mismo funcionario que Ortega ascendió al cargo de viceministro de Hacienda y asumirá las responsabilidades administrativas de José Adrián Chavarría, que quedó en ese cargo como figura decorativa tras ser sancionado por Estados Unidos esta seman.
En un tercer movimiento, Ortega también nombró como presidente de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) a la nueva viceministra del Ministerio de Energía y Minas, Estela María Martínez Cerrato, que hasta ahora ocupaba el cargo de secretaria dentro de la junta directiva de Enatrel.
También incorporó como vicepresidente a Gallardo Palaviccine dentro de la junta directiva de Enatrel, dejando por fuera a José Adrián Chavarría Montenegro, en representación del Ministerio de Hacienda. Cabe mencionara que Chavarría aún comparte cargo con Gallardo como viceministro de Hacienda.
Y un último movimiento lo hizo a través de una reforma a la Ley Orgánica del INE, en el que ordenó quitar las facultades y la representación legal y administrativa que le corresponde al presidente de esa institución, José Antonio Castañeda Méndez, también sancionado por Estados Unidos. No obstante, no deroga su nombramiento como presidente del INE.
«La dirección, administración y representación legal del Instituto estará a cargo de un Consejo de Dirección; el Consejo de Dirección deberá crear en forma progresiva sucursales de INE en las quince cabeceras departamentales y en las dos Regiones del Caribe», establece la reforma al artículo 8 de la Ley del INE.
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Agrega que «el Consejo de Dirección delegará parcial o totalmente representación legal del Instituto en cualquiera de sus miembros y/o en cualquier funcionario del Instituto, para la buena andanza en todos los asuntos de este».
Pese a todos estos movimientos en el gabinete de energía, la dictadura decidió mantener como titulares del Ministerio de Energía y Minas y el INE a los funcionarios sancionados por Estados Unidos, lo que supone un desafío para los inversionistas internacionales que tienen capitales invertidos en el área de minería y energía, tomando en cuenta que las regulaciones de Estados Unidos no permiten que haya contacto de manera directa o indirecta con una persona o entidad bloqueada por la OFAC.
El único cargo donde hubo cambio fue en Enatrel, donde Mansell ya no tiene la dirección de la empresa estatal. El régimen aún no ha anunciado cambios en la dirección de Disnorte-Dissur, donde Rodolfo Francisco López Gutiérrez, director de la empresa fue también incorporado en la lista de la OFAC.