Casi dos semanas antes de que EE. UU. impusiera sanciones a las principales cabezas que están el mercado eléctrico, New Fortress reiteró ante la Comisión de Valores de Estados Unidos su temor de que sus operaciones en Nicaragua pudieran verse afectadas no solo por posibles disturbios políticos sino también por sanciones a su contraparte (en este caso el sector público), lo que incluso podría ocasionar que se retiren del país.
El temor fue expresado una vez más en el informe trimestral que los accionistas presentaron ante la Comisión Nacional de Mercado de Valores, en cuyo documento se proporciona una visión sobre la situación financiera de la empresa con cifras financieras correspondientes a septiembre. La información fue enviada a dicha comisión el 29 de octubre de este año, es decir 15 días antes de que Estados Unidos anunciara sanciones contra los titulares del Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y la Distribuidora de Energía eléctrica Disnorte-Dissur.
En el reporte, que recoge riesgos a los que se expone New Fortress en los países donde tienen presencia, indican que en el caso de Nicaragua sus operaciones futuras se podrían ver afectadas “materialmente por incertidumbres políticas, económicas y de otro tipo”.
Específicamente les inquietaba la posibilidad de que su contraparte, en este caso el sector público, se viera afectada por sanciones, que podría ocasionar daños a sus operaciones y por ende retirarse del país ya sea de manera indefinida o temporal.
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“Si alguna de nuestras contrapartes queda sujeta a sanciones como resultado de estas leyes (las que se han aprobado en EE. UU.) y regulaciones, cambios a las mismas o de otro tipo, podemos enfrentar una serie de problemas, que incluyen, entre otros: tener que suspender nuestro desarrollo u operaciones de forma temporal o permanente, no pudiendo recuperar el tiempo y el capital invertidos anteriormente o estar sujeto a demandas, investigaciones o
procedimientos que podrían llevar mucho tiempo y ser costosos de responder y que podrían dar lugar a multas o sanciones penales o civiles”, temía la empresa de capital estadounidense, que estimó en 700 millones de dólares el costo de construcción de una planta de gas en Puerto Sandino, en el Pacífico nicaragüense.
Los inversores admitieron que estaban conscientes del riesgo de que en Nicaragua se desarrollen disturbios civiles o políticos, así como huelgas, aunque predecir la magnitud de estos era imposible. Este temor ya había sido incorporado en reportes anteriores, pero aún así los inversores continuaron con el proceso de construcción de la planta, que está en fase final.
En el reporte publicado en noviembre, pero enviado a las autoridades bursátiles de Estados Unidos en octubre, ellos mencionan que “Nicaragua ha experimentado recientemente desafíos políticos y económicos. Específicamente, en 2018, se aprobó la legislación estadounidense para restringir la ayuda estadounidense a Nicaragua. En 2018, 2019 y 2020, las autoridades gubernamentales de EE. UU. y Europa impusieron una serie de sanciones contra entidades e individuos en o asociado al gobierno de Nicaragua y Venezuela”. Precisamente de ahí surgía la preocupación por las sanciones a la contraparte.
New Fortress, que espera entre en operación en el corto plazo, transa en la bolsa de valores de los Estados Unidos, por lo que está obligada a presentar periódicamente reportes a los inversionistas, que incluyan los riesgos a los que se enfrentan sus operaciones. La información es pública.
Ortega deberá decidir futuro
El pasado 15 de noviembre Estados Unidos incorporó en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) a Salvador Mansell Castrillo, ministro de Energía y Minas (MEM) y presidente de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel); José Antonio Castañeda Méndez, presidente del consejo directivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE); y a Rodolfo Francisco López Gutiérrez, director de la Empresa Distribuidora del Norte-Disnorte y Distribuidora del Sur-Dissur.
Aunque las sanciones no afectan a las instituciones como tal, como sí ocurrió con el Ministerio Público, lo cierto es que New Fortress, al ser de origen estadounidense, no puede entrar en contacto ni de forma directa e indirecta con estos funcionarios, porque se expondría a sanciones de Estados Unidos, por lo que el régimen de Daniel Ortega deberá decidir si mantiene en el cargo a dichos funcionarios o busca una salida que garantice que la inversión estadounidense no abandone Nicaragua.
Ortega hasta ahora no ha anunciado cambios en la dirección de estas instituciones y en sanciones anteriores a funcionarios a varios de estos ha dejado al frente de las entidades, aunque asigna la responsabilidad administrativa y legal a una tercera persona.
Pero lo cierto es que hasta ahora esta inversión ha sido el mayor capital fresco que el régimen de Ortega ha conseguido en los últimos tres años de convulsión política y se ha convertido en la bandera de recuperación de la inversión extranjera que la dictadura promueve este año junto con inversiones del sector minero, donde también hay fuerte participación de capital estadounidense.
En el reporte New Fortress explica que esperan que la planta de regasificación y la planta de energía de gas natural en Puerto Sandino, estén completadas en el cuarto trimestre de 2021 y que la puesta en servicio de la planta de energía comience en el primer trimestre de 2022.
“Hemos entrado en un 25- PPA anual con las empresas de distribución de electricidad de Nicaragua, y nuestra planta de energía a gas natural de 300 MW consumirá aproximadamente 700,000 galones de GNL (57,500 MMBtus) por día”, especificó. Actualmente esta empresa tiene operaciones en EE. UU., Jamaica, México, Puerto Rico, Irlanda, Brasil y
otros países donde están en proceso de incursión. El PPA o Power Purchase Agreement se refiere a los contratos de compra de energía por parte de la distribuidora en Nicaragua.
