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El líder campesino nicaragüense Reinaldo Picado, mejor conocido como comandante Omar cuando fue parte de la Contrarrevolución, sufrió un atentado en Costa Rica, a un año de la cancelación de su extradición solicitada en 2022 por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo al Gobierno Costarricense.
Picado, de 53 años, fue interceptado en el distrito de San Diego, del cantón de La Unión, provincia de Cartago, Costa Rica, el sábado 27 de junio, en horas de la mañana, por sujetos desconocidos que se trasladaban a bordo de un vehículo e intentaron asesinarlo con un arma de fuego.
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«Me encontré con un vehículo azul, lo normal que uno va por la calle, que pasan un montón de vehículos, pero al momento que paso un poco de ese carro, de repente escucho que alguien viene corriendo tras de mí, volteé y vi al sujeto que viene apuntando directo a la cabeza», denunció Picado en un video divulgado por la organización Unidad de Exiliados Nicaragüenses.
Detalló que logró forcejear con el sujeto e intentó evitar que disparara en su contra, tomándolo de la mano donde portaba el arma. «Intentó detonar el arma, pero no salió la detonación; forcejeamos y se me logró soltar; al soltarse, se corrió», añadió Picado.
Víctima señala a la dictadura como la responsable del atentado
Picado tuvo formación o entrenamiento militar cuando fue miembro de la Contrarrevolución en los años ochenta, enfrentándose en ese tiempo al Frente Sandinista. Tras terminar la guerra, desde los años noventa, se unió al Partido Liberal Constitucionalista (PLC). En 2017, a través de ese partido, resultó electo como concejal en su municipio, Kukra Hill, en el Caribe Sur de Nicaragua.
El opositor nicaragüense, tras el atentado, señaló como responsable directo a la dictadura Ortega-Murillo.
«A mí no me queda ninguna duda de que es el régimen de Ortega y Murillo, porque ya, como te digo, de una u otra manera nos han querido matar. Estuve detenido aquí en Costa Rica por casi tres años y tuvimos una batalla bien fuerte, nosotros demostrando que no somos delincuentes, hasta llegar al punto que la CIDH logró poner medidas cautelares donde prohíbe que me expulsen o me extraditen», afirmó Picado.
Además, aseguró que amigos que conserva en Seguridad Nacional de Nicaragua le han confirmado que «los llama el Ejército preguntando por mí, que si saben dónde estoy, entonces ya sabemos que la acción viene directamente de allá. Al no poder llevarme al momento que ellos pensaban llevarme, quedaron, a como dicen, picados».
Fracasó en solicitud de extradición de Picado
El hombre se sumó activamente a las protestas sociales de 2018. Participó en los tranques de ese año, donde se exigía la salida de la dictadura Ortega-Murillo, y fue víctima de persecución incluso tras exiliarse ese mismo año en Costa Rica.
En 2022 fue acusado de un asalto a empleados de la empresa Agro Industrial del Río S.A., que transportaban en una camioneta medio millón de córdobas para el pago de planilla.
Los asaltantes, entre los que supuestamente la Policía orteguista identifica a Reinaldo Picado, mataron a la oficial de Policía Aracelys Díaz, de 20 años, y al trabajador de la empresa Pedro Pablo Chavarría, de 56 años.
El orteguismo, tras esa acusación, solicitó formalmente la extradición de Picado al Gobierno de Costa Rica. Ese mismo año, el 18 de octubre de 2022, Picado fue detenido cuando estaba almorzando en un lugar cercano al Parque Central de San José, Costa Rica. Agentes de Interpol lo capturaron y trasladaron a Los Lagos de Heredia, donde se ubica el Centro de Aprehensión Temporal para Extranjeros.
La extradición de Picado, tras presiones del Movimiento Campesino, opositores en el exilio y organizaciones de derechos humanos, se frenó por un habeas corpus presentado a las autoridades costarricenses.
CIDH reconoció riesgo de Picado en caso de volver a Nicaragua
La CIDH, en noviembre de 2024, también se sumó a las presiones para evitar la extradición, otorgando medidas cautelares a favor de Reinaldo Picado Miranda, en Costa Rica, argumentando que el beneficiario se encontraba en «riesgo de tortura si regresaba a Nicaragua».
En septiembre de 2025, la CIDH levantó dichas medidas al confirmar que ese riesgo de extradición ya no existía para Picado, quien en mayo de ese año fue declarado beneficiario de refugio en Costa Rica al quedar demostrado el riesgo que corría en caso de volver a Nicaragua.
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El atentado de este fin de semana contra Picado fue calificado por el Movimiento Campesino de Nicaragua, a través de sus líderes exiliados, como una muestra más de la persecución transnacional del orteguismo y de sus verdaderas intenciones al solicitar en 2022 la extradición de Picado, la cual fue cancelada en mayo de 2025, tras presión internacional y de exiliados, por el Tribunal Administrativo Migratorio de Costa Rica.
Campesinos urgen firme investigación del atentado
El líder campesino Medardo Mairena, desde su exilio forzado en Estados Unidos, donde fue desterrado por la dictadura orteguista tras ser un reo político en las cárceles de Nicaragua, en entrevista con LA PRENSA, apuntó que lo sufrido por Picado «es parte de la represión transnacional que continúa persiguiendo a los opositores fuera del país».
«Es una alarma más en este momento para las autoridades de Costa Rica, que deben hacer una investigación exhaustiva sobre esta situación y dar con estos criminales que entran a hacer daño a Costa Rica», añadió.
La Unidad de Exiliados Nicaragüenses, a través de una nota de prensa divulgada en sus redes sociales, expresó su profunda «preocupación y enérgica condena ante este atentado contra la vida del opositor nicaragüense Reinaldo Picado Miranda».
La organización también hizo un «firme llamado al Gobierno de Costa Rica, al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al Ministerio de Seguridad Pública y a la comunidad internacional para que permanezcan vigilantes ante cualquier indicio de persecución transnacional y adopten todas las acciones necesarias para proteger la vida, la integridad y la libertad de las personas exiliadas».
Las autoridades costarricenses, según el testimonio de Picado divulgado en redes sociales, ya tienen conocimiento del atentado ocurrido este fin de semana. Hasta el momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica no ha informado públicamente sobre detenciones, sospechosos o avances de la investigación relacionada con este caso.
