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El grupo opositor Gran Confederación Opositora (GCON) respaldó un pronunciamiento del Movimiento Campesino en el que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgar medidas cautelares para el nicaragüense Pedro Javier Fernández Sandoval, residente en Costa Rica y detenido desde el 27 de febrero de 2025 en ese país.
Según las organizaciones opositoras, Fernández Sandoval enfrenta un proceso de extradición hacia Nicaragua, el cual atribuyen a una persecución política por parte del régimen Ortega-Murillo.
«Denunciamos que esta detención se produjo mediante engaños y que, tras más de cinco meses de encierro en el Centro de Atención Institucional (CAI) en San José, el señor Fernández enfrenta una grave amenaza de daño irreparable si la extradición se ejecuta. De ser enviado a Nicaragua correría riesgo real de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada o incluso la muerte», señala el pronunciamiento.
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Circulado por el asesinato de una policía en Río San Juan
Fernández es señalado de participar junto a Reinaldo Picado, Serapio Fernández, René Navarrete y Douglas Álvarez Morales —este último extraditado a Nicaragua— en el asesinato de una oficial de la Policía en El Castillo, Río San Juan, cuando presuntamente emboscaron a un vehículo de la Empresa Río, del que sustrajeron dinero destinado al pago de planilla.
La Fiscalía de Nicaragua acusó ante las autoridades judiciales a todos los presuntos integrantes de la banda por los delitos de crimen organizado y secuestro simple en perjuicio de 19 personas, entre otros cargos.
«Exigimos a las autoridades de Costa Rica que no se presten a la persecución transnacional impulsada por la dictadura Ortega Murillo, que respeten los derechos humanos del señor Fernández Sandoval y que procedan a su liberación inmediata», señaló la GCON.
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El 3 de julio de 2023, el juez Luden Rojas condenó a Ramón Argeñal, uno de los supuestos implicados, a prisión perpetua por el asesinato de la oficial Díaz y a 103 años de cárcel por otros delitos. Según la sentencia emitida por Rojas, la Fiscalía sostuvo que Picado fue uno de los orquestadores del crimen, aunque él es tajante en afirmar que no conoce a Argeñal.
«A ese señor ni lo conozco. A mí me vinculan porque desde hace años han querido hacerme daño», dijo Picado en una entrevista concedida a LA PRENSA.
Hay más circulados
Según informó la vocería de la GCON, existe otro opositor detenido que presuntamente es requerido por Nicaragua. El grupo lo identificó con las iniciales P.M. y, de acuerdo con lo explicado a LA PRENSA, esta información fue comunicada a Andrés Celis, representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
«Es importante destacar que, según pruebas presentadas por su familia, P.M. no se encontraba en Nicaragua en las fechas en que supuestamente ocurrieron los hechos por los que se le acusa, lo cual refuerza la naturaleza política de la acusación», señalaron.
