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La Fiscalía orteguista empieza a sufrir los primeros estragos económicos por las sanciones de EE. UU.

LA PRENSA te explica la principal razón de por qué las estaciones de combustibles se están desvinculando de la sancionada Fiscalía.

El Ministerio Público comenzó a sentir los primeros estragos de las sanciones de Estados Unidos, luego que las estaciones de gasolineras más importantes de Nicaragua bajaran orientación a los bomberos de que no aceptaran la compra de combustible con cupones de esta institución.

En algunas de estas estaciones aparecieron carteles en los que se lee: “A partir del día de hoy 15 de noviembre del 2021, ya no se aceptan cupones del Ministerio Público”. La orientación es firmada por la gerencia.

LA PRENSA conoció también que Puma envió mensajes a los administradores de la red de estaciones pidiéndoles que por favor verificaran si en las estaciones habían cupones a nombre del Ministerio Público. En caso de ser así, que mandaran la información a Puma “para su registro y dar orientación a su personal que a partir de hoy no se reciben cupones de gobierno del Ministerio Público, porque Puma no los estará aceptando como método de pago”.

Lea también: Qué significa para Daniel Ortega que casi todo su equipo de asesores económicos esté sancionado. Año negro para el gabinete

La orientación de ambas distribuidoras de combustibles en Nicaragua se bajó el mismo día que Estados Unidos anunció sanciones a la Fiscalía por ser utilizada como órgano represivo por parte del régimen de Daniel Ortega, mediante el cual se fabrican los delitos a los opositores que luego son arrestados y procesados.

La Fiscalía fue incorporada en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que automáticamente se traduce en “muerte financiera” porque ningún estadounidense ni entidad financiera que tenga vínculos económicos con Estados Unidos puede asistir a la persona o institución bloqueada. El contacto no puede ser ni de manera indirecta.

El Ministerio Público se ha encargado de acusar formalmente a los opositores que fueron detenidos.

EE. UU. es el principal proveedor de petróleo

En ese sentido, Puma es el principal importador de petróleo de Nicaragua, cuya materia prima se trae principalmente de Estados Unidos, por lo que si mantiene vínculo comercial o financiero con una entidad bloqueada por la OFAC podría poner en riesgo su relación comercial con ese país, lo que trastornaría el suministro local.

Según datos del Banco Central de Nicaragua, hasta agosto de este año de los 721.04 millones de dólares facturados en importación de petróleo y derivados, 521.97 millones de dólares fueron pagados a Estados Unidos, lo que implicaría entonces que ese país es el primer destino de compra de este producto por parte de Puma, que es el que ahora controla la traída de crudo y parte de los derivados.

La petrolera Uno también importa otros productos, aunque a menor escala, pero Puma actúa como proveedor del resto de red del sector, incluidas las estaciones de bandera blanca, que aparecieron en Nicaragua luego de las sanciones de Estados Unidos a Albanisa y DNP Petronic, que antes controlaban el total de las importaciones y se traían desde Venezuela, que perdió fuerza con como proveedor.

Hasta el 2019, que es el último anuario publicado por el Ministerio de Energía y Minas, Puma trajo 3.91 millones de barriles de crudo, es decir el total de la materia prima que se compra para procesar en su refinería. Pero la participación de la petrolera totaliza 6.33 millones de barriles si se incorporan otros derivados, es decir casi la mitad de los 13.15 millones de barriles que se consumieron ese año en todo el mercado de hidrocarburos y derivados.

En ese año, según las mismas estadísticas, “Estados Unidos se destacó como el principal suplidor de hidrocarburos de Nicaragua, con el 64.03 por ciento del volumen total recibido. Respecto la factura petrolera, este país representó 610.65 millones de dólares (69.36 por ciento del total de la factura)”.

El segundo mayor proveedor del país fue Ecuador, con 141.61 millones de dólares (16.08 por ciento) y en tercer lugar El Salvador, con 35.77 millones de dólares (4.06 por ciento), según cifras oficiales.

El fuerte peso de Estados Unidos como proveedor de crudo y derivados de Nicaragua a través de Puma, principal importador, explicaría entonces la decisión de ambas petroleras, incluida la Uno, le cerrar el grifo al Ministerio Público, una situación similar que ocurre con la Policía Orteguista, que está en la lista indeseable de Estados Unidos.

¿Por qué castigaron a la Fiscalía?

El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, explicó este lunes que el Ministerio Público de Nicaragua o Fiscalía fue designado «por ser responsable o cómplice o por haber participado o intentado participar directa o indirectamente en acciones o políticas que atentan contra los procesos o instituciones democráticas en Nicaragua».

También precisa que bajo los fundamentos de las leyes aprobadas por el régimen de Daniel Ortega para reprimir a los opositores —entre estas la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz” (Ley 1055)—, «el Ministerio Público ha arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales y les ha impedido postularse para cargos públicos, socavando así la democracia en Nicaragua».

Lea además: ¿Qué implicaciones tiene la reciente sanción de Estados Unidos al Ministerio Público?

La OFAC agrega que «en junio de 2021, el Ministerio Público utilizó la Ley 1055 y solicitó que la principal candidata presidencial opositora Cristiana Chamorro, a quien investigaba por cargos infundados relacionados con los delitos de blanqueo, falsificación de documentos oficiales y manejo abusivo”, fuera inhibida del proceso electoral en marcha.

Igualmente, señala que «el Ministerio Público también inició investigaciones o presentó cargos contra los principales candidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, todos detenidos desde junio de este año en el período previo a las simuladas elecciones de noviembre».

Y por último, la OFAC manifiesta que «el Ministerio Público también es responsable de la detención de casi 40 personas desde fines de mayo, entre ellos líderes de la sociedad civil, el sector privado, estudiantes y periodistas».

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