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TOMADA DEL 19 DIGITAL

Qué significa para Daniel Ortega que casi todo su equipo de asesores económicos esté sancionado. Año negro para el gabinete

Hasta ahora al menos 14 funcionarios ligados al círculo de asesores económicos y el gabinete han sido alcanzados por las sanciones. Pero ¿por qué el 2021 se convierte en el peor año para el gabinete? Analistas explican el alcance de estas sanciones

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No le han dejado espacio en ningún campo. Las sanciones internacionales, especialmente las de Estados Unidos, han golpeado este año duro el círculo de asesores económicos del régimen de Daniel Ortega en todos los campos: energía y minas, bancario, seguridad social, macroeconomía, finanzas públicas, atracción de inversión, políticas públicas y otros. Una batería de sanciones que comenzó desde el 2018 y que han dejado “muerto financieramente” a por lo menos 14 funcionarios ligados al gabinete económico, incluidos los asesores.

El mayor golpe al equipo económico hasta ahora lo ha asestado Estados Unidos, que este lunes anunció una batería de sanciones donde incluyó al Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), Luis Ángel Montenegro Espinoza; y a José Adrián Chavarría, actual viceministro de Hacienda y Crédito Público, que el 29 de mayo de este año asumió todas las funciones legales de Iván Acosta Montalván, luego que este último fuera incluido en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

A través del decreto presidencial 45-2020 divulgado en La Gaceta, Ortega ordenó que Chavarría firmara “todos los documentos relacionados a la administración de las finanzas públicas”. También es la firma autorizada para gestionar los “desembolsos de fondos nacionales y extranjeros, así como los derivados de la suscripción y ejecución de contratos de préstamos, donaciones y otros mecanismos de cooperación financiera internacional”.

De esta manera, las sanciones impuestas por Estados Unidos este 15 de noviembre de este año volvieron dejar al régimen de Daniel Ortega sin firma legal para tramitar los millonarios recursos externos que ya consiguió desde finales del 2020 y que están en proceso de concretarse o desembolsarse y para ello el papel de Chavarría, como presta firma, es fundamental y por tanto la dictadura tendría que buscar rápidamente otro funcionario que quiera asumir esa responsabilidad.

Iván Acosta, sanciones, sancionados. Wálmaro Gutiérrez, Ley de los consumidores
Los sancionados Iván Acosta, ministro de Hacienda, y el diputado Wálmaro Gutiérrez. LA PRENSA ARCHIVO/ TOMADA DE PRESIDENCIA

Irán tras los que se presten al juego

Sin embargo, un analista, que prefiere no ser citado por temor a represalias por parte de la dictadura, señala que las sanciones de Chavarría es un claro mensaje de Estados Unidos que va a perseguir a los funcionarios que se presten al papel de facilitadores de sobrevivencia de la dictadura.

De hecho al anunciar las sanciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos recordó que: “Chavarría reemplazó, como miembro del directorio de la Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica, al designado por Estados Unidos Ivan Adolfo Acosta Montalvan, quien organizó un importante apoyo financiero al régimen de Ortega”. De ahí el origen de la inclusión en la lista de sancionados que ya rebasa los 30 funcionarios orteguistas.

Según el especialista Estados Unidos perseguirá a cualquier persona que decida convertirse en agentes sustitutos de de los sancionados y que por ahora la ficha más visible había sido la de Chavarría, pero que hay más personas que han optado por asumir esos roles desde que ese país comenzó a sancionar y que ahora estas son las que están en la mira internacional.

Chavarría estaba jugando un papel clave en la obtención de casi mil millones de dólares que el régimen de Ortega logró conseguir desde el 2020 a raíz del impacto de la pandemia y las afectaciones de los huracanes Iota y Eta y que, según la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings los fondos permitirán al Gobierno sobrevivir hasta el 2023.

«La relajación de los requisitos crediticios durante la pandemia permitió al gobierno asegurar un fuerte flujo de desembolsos externos hasta 2023. Creemos que es probable que se desembolsen los acuerdos de préstamo firmados, pero las sanciones pueden limitar el nuevo financiamiento externo, en particular de instituciones donde EE. UU. tiene un gran poder de voto”, dijo en un análisis reciente tras el fracaso de las elecciones del pasado 7 de noviembre.

A criterio de otro economista, que no quiere ser citado porque la dictadura encarcela a los que opinen sobre las sanciones, Chavarría pasará a engrosar la figura decorativa del resto de grupo de asesores ya sancionados. “El primer titular (Iván Acosta) había pasado a ser una figura decorativa, ahora el segundo va a pasar a serlo también, es decir, una figura política al mando de un ministerio que forma parte de la estructura del poder ejecutivo”, precisó.

En ese contexto se cuestiona: “¿Cómo van a seguir operando titulares de instituciones políticas y económicas cuando han sido sancionados? Es decir, ¿cuáles van a ser los efectos en materia de relaciones políticas y económicas internacionales? Porque también estos funcionarios participan de foros regionales, internacionales, y de cumbres y reuniones en virtud de su cargo en el concierto internacional. Por ahí tiene implicancias jurídicas, porque si sancionan a tus funcionarios y ministros y a estos les toca viajar, entonces, ¿cuál va a ser el reconocimiento?, ¿qué tipo de legitimidad le van a otorgar?”.

Un exdiplomático y analista político, quien también solicitó no ser citado, recuerda que el Ministerio de Hacienda es “clave en la conducción de las relaciones financieras con los organismos internacionales”. “Es difícil predecir el alcance institucional de estas sanciones, que son individuales, es decir, afectan en principio el patrimonio y las finanzas privadas de estas personas. Pero como ha sucedido en otros casos de sanciones a altos funcionarios administrativos, se han ingeniado mecanismos que han permitido que las instituciones siguieran funcionando. Esto se ha dado incluso en los casos de sanciones a instituciones como la Policía Nacional y esos mecanismos diseñados para sortearlas con toda seguridad serán implementados en el presente caso del Ministerio Público”, sostuvo.

Ovidio Reyes, Nicaragua
Ovidio Reyes, presidente del BCN. LA PRENSA/Jader Flores

El día más negro para el gabinete

Aunque las sanciones internacionales, especialmente las de Estados Unidos, comenzaron a complicar el trabajo del equipo de asesores económicos y miembros del gabinete presidencial en esta materia desde el 5 de julio del 2018, cuando se anunció castigos para Francisco López, en ese momento presidente de la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic) y la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), lo cierto es que la batería de sanciones impuestas ayer ha sido el día más negro para este grupo.

De hecho ha sido el peor año para el gabinete económico en materia de sanciones. De los 14 que han sido sancionados dentro del equipo económico, al menos siete fueron castigados este año, lo que prácticamente limita el ejercicio de las funciones de estos, principalmente aquellos que requieren relacionarse a nivel internacional con inversionistas, organismos financieros internacionales y cooperantes.

Además de los dos altos cargos de la Siboif y Hacienda, ayer también se decretó la muerte financiera de los principales funcionarios en el campo de la energía, uno de los pocos sectores económicos que hasta ahora continuaba atrayendo inversiones y que incluso junto con la minería estaban siendo la principal fuente de los 577.8 millones de dólares que hasta junio de este año se captó vía inversión extranjera directa.

A la lista negra de Estados Unidos ingresaron Salvador Mansell Castrillo, titular del Ministerio de Energía y Minas; José Antonio Castañeda Méndez, titular del Instituto Nicaragüense de Energía (INE); así como Rodolfo López Gutiérrez actual director gerente de la Distribuidora Eléctrica del Norte (Disnorte) y Distribuidora Eléctrica del Sur (Dissur). Estos son los tres principales asesores en el campo energético de Ortega, que ahora quedan expulsados por ejemplo del sistema financiero internacional y limitados en sus funciones.

Uno de los altos cargos sancionados dentro del círculo de asesores económicos de Ortega es Ovidio Reyes, que el 9 de junio fue castigado por Estados Unidos, señalado de coliderar “la implementación de la nueva Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, que podría obligar a las instituciones financieras nicaragüenses a realizar operaciones con personas designadas en Nicaragua exponiéndose al riesgo de facilitar transacciones pasibles de sanciones. Las instituciones financieras de Nicaragua que se nieguen a cumplir la ley podrán ser objeto de medidas punitivas por parte del BCN y la Superintendencia de Bancos, entidades adeptas al régimen que tienen la función de implementar la ley, todo lo cual contribuye a la desestabilización de la economía nicaragüense. La designación de hoy se aplica únicamente a Reyes; el BCN no ha sido alcanzado por designaciones».

Un exdiplomático y analista político indicó que el Gobierno de Estados Unidos sancionó a estas personas debido a que “evidentemente se busca golpear no tanto la infraestructura económica en sí misma como el capital humano al frente de la misma, para desmoralizarlo y dificultar la operatividad y credibilidad”.

“No ha habido una investigación a fondo de las formas en que tanto las personas como las instituciones sancionadas han podido evadir las consecuencias de estas medidas. Y mucho menos una evaluación de la efectividad de las mismas. La entrada en efecto de la Ley Renacer podría ser el marco adecuado para este tipo de análisis, que permita corregir los fallos y garantizar el impacto perseguido por las medidas”, afirmó.

Para uno de los especialistas, las sanciones al gabinete económico es apenas el inicio de impedimentos de la ejecución gubernamental, donde argumentarán que como el Gobierno no es reconocido, cualquier acción que haga no tendrá validez desde la perspectiva internacional. “La medida viene a reentorpecer y obstaculizar la ejecución del aparato administrativo del Estado. Aunque ahorita no tiene impacto en el Gobierno porque sencillamente cambian de personas. Él sigue mandando, pero la gente que firma esto y lo otro, lo ejecutan. Su cerebro está ahí”, aseguró.

“Lo que ellos van a estar impidiendo es la movilidad del capital propio y familiar de esta gente y complicarles la gestión ejecutiva del Estado. Esas medidas van a ir incrementándose de tal forma de que una vez lograda la salida de Nicaragua del marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Gobierno nicaragüense se va a ver con muchas dificultades de ejercer una administración eficiente, que nunca la han tenido, pero por lo menos de manejar la economía en un contexto de mucha incertidumbre y de mucha presión internacional”, puntualizó.

Mensaje al gran capital

La pregunta que se plantea es: “¿Estas sanciones podrán hacer reflexionar al gran capital nicaragüense?”. Al trastocar a casi todo el gabinete económico, los analistas consideran que esto envía un mensaje al gran capital nicaragüense que deberá decidir entre sumarse al esfuerzo internacional o acoplarse al prometido diálogo que el régimen de Ortega pretende establecer el próximo año cuando deba encarar el inicio de su cuarto mandato consecutivo carente de legitimidad y reconocimiento a nivel intenacional.

Al respecto, Óscar René Vargas, economista y sociólogo que está en el exilio, considera que Ortega busca, a través de la propuesta de diálogo nacional, una forma para ganar tiempo y espacio. “Queda la duda de si el gran capital va a negociar con ellos”, comentó.

“Desde 2018 el pensamiento de la cúpula del gran capital ha venido en el ´todo vale´, es decir, en una suerte de negociar con Ortega y no vetar las propuestas del régimen. La pregunta es, qué si el declive que hay de la dictadura nos va a ayudar a morir con ella o a sufrir las consecuencias con el declive de estos cargos”, comentó.

Aseguró que con el encarcelamiento del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, y del vicepresidente de dicha entidad y también presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Álvaro Vargas, hubo un cambio en la correlación de fuerzas al interior del Cosep “y creo que ese cambio es que la cúpula está a favor del diálogo”.

“Es decir, que ellos están a favor del orteguismo con Ortega. ¿Estas sanciones podrán hacer reflexionar al gran capital y hacerlos cambiar de posición? Esa es la gran interrogante”, dijo.

Además, se pregunta si estas sanciones o las que podrían venir en un futuro afectarían la construcción de la planta de gas natural en Puerto Sandino, proyecto de la empresa New Fortress Energy, de capital estadounidense. “¿Hasta qué punto van a afectar todas estas sanciones a esa empresa y decir ´bueno me retiro´?, no sabemos todavía el alcance de todas las cosas”, sostuvo.

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Laureano Ortega y Murillo junto a Paul Oquist en un viaje que hicieron a Rusia en el 2019. Foto: /TOMADA DE PRESIDENCIA

Otros operadores del gabinete y asesores

Las sanciones internacionales también han alcanzado a funcionarios en el área de atracción de inversiones, como es el caso del hijo del dictador, Laureano Ortega Murillo, que en abril del 2019 se le decretó la “muerte financiera” y que desde que asumió funciones públicas se encarga de promover las supuestas facilidades y condiciones que ofrece el país para invertir.

En el caso de Bayardo Arce, otro polémico miembro del gabinete económico, este si bien no ha sido incorporado en la lista negra de Estados Unidos, fue alcanzado por las sanciones de la Unión Europea (UE) donde habitualmente viajaba en búsqueda de empresarios españoles que tuvieran interesados en venir a invertir en Nicaragua. También este lunes fue castigado por Canadá y el 13 de agosto del año en ejercicio por Suiza.

En junio del 2019, Arce se quejó de las sanciones de Estados Unidos. “Se ha preguntado alguna vez si esos sancionados fueron investigados, si hay una acusación se les dio derecho a la defensa porque hay principios internacionales en el derechos de la justicia. Allá un funcionario del Tesoro (de Estados Unidos) dice fulano es corrupto y violó derechos humanos, sanción. El otro principio del derecho internacional es el derecho a la defensa, a nadie le dan derecho a la defensa, están sancionados. Y corren los bancos, cierran las cuentas. Como que nos estamos acostumbrando a un mundo tremendamente perverso e injusto, eso es lo que desgraciadamente nos viene de nuestro vecino del norte», aseguró Arce.

Arce, que hasta el 2018 era una de las figuras más activas y polémicas dentro del gabinete económico y financiero del Gobierno, había mantenido un perfil relativamente bajo en el contexto de la crisis política. Había reducido drásticamente su presencia mediática y su última aparición fue en diciembre del año pasado, cuando anunció que el Ejecutivo este año iba a revisar la reforma tributaria de 2019, la que admitió había sido «altamente exigente», algo que hasta ahora no ha ocurrido, pese a que la misma ha asfixiado a las empresas.

Un economista calificó como “muy grave” la sanción a Luis Ángel Montenegro, designado como Superintendente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), tomando en cuenta el papel que este juega entre la relación del sistema financiero nacional y el entramado internacional financiero, así como la lucha contra delitos que Estados Unidos persigue. Montenegro en la práctica está muerto financieramente.

La razón de las sanciones

Pero ¿por qué han sido sancionados estos funcionarios? El economista dice que se les está asociando de transgresores de derechos humanos, por actos de corrupción y de ser responsables de crímenes de lesa humanidad, además de ser titulares de instituciones y ministerios del Gobierno de turno.

“Lo cierto es que, desde las mismas instituciones, estas personas han tomado decisiones en perjuicio de la ciudadanía al violar derechos humanos, cometerse crímenes de lesa humanidad y por supuesto, como titulares de instituciones políticas y económicas han hecho posible la canalización de recursos para llevar a cabo todos estos desafueros y transgresiones a los derechos constitucionales y a las libertades civiles”, mencionó.

Siguiendo esta línea, detalló que “ellos han hecho posible que a través de los fondos públicos se financie la represión política, además de que han hecho posible de que haya un movimiento de recursos o de fondos públicos hacia organizaciones privadas en el sentido de que se confunde lo estatal y lo privado, desde el punto de vista de las empresas que son propiedades de la familia que está gobernando”.

“Además de que son operadores políticos, también pueden ser testaferros y sirven para ocultar bienes y patrimonios de la familia gobernante cuyo lucro o enriquecimiento ha sido ilícito por estarse perpetrando desde que están en el poder. Ahí puede haber delitos contra el patrimonio socioeconómico del Estado”, puntualizó.

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