Este domingo 7 de noviembre se realizan las votaciones generales en Nicaragua para elegir presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Nacional y ante el Parlamento Centroamericanos (Parlacen). Pero los hechos demuestran que es imposible que pueda haber un cambio y, en realidad, las votaciones son solo un requisito de apariencia en un país que lleva 14 años gobernado por la misma persona: Daniel Ortega.
Estas son algunas de las principales razones por las que, según diversos organismos nacionales e internacionales, las votaciones de este domingo carecen de legitimidad y, en consecuencia, el resultado debería ser desconocido por la comunidad internacional.
Sin oposición y con aspirantes presidenciales presos
Pese a que en la boleta electoral aparecen cinco candidatos a presidente, además de Daniel Ortega, ninguno de los partidos a los que representan son considerados opositores y, en cambio, tienen un historial de colaboracionismo con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La oposición fue eliminada entre junio y julio por medio del encarcelamiento de siete personas que buscaban competir contra Ortega; y luego a través de la cancelación de partidos políticos que aún tenían credibilidad para ser la casilla de la oposición. Los aspirantes presos y quienes tenían alta valoración en la opinión pública son: Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Medardo Mairena, Noel Vidaurre y Miguel Mora. Según una encuesta de CID-Gallup publicada el pasado septiembre, de poder hacerlo, el 65 % de los nicaragüenses votaría por cualquiera de los aspirantes presos y apenas un 19 % por Daniel Ortega.
Además de estos precandidatos, el Gobierno también encarceló a 32 líderes opositores, entre universitarios, líderes campesinos, empresarios, periodistas, dueños de medios de comunicación, un banquero, abogados, disidentes sandinistas, entre otros. La mayoría son acusados del delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y de “traición a la patria” de acuerdo con los establecimientos de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley 1055). Pero también de lavado de dinero.
Todos tienen procesos judiciales irregulares en marcha, no han podido reunirse con sus abogados y apenas han visto dos veces a sus familiares. Las condiciones en las que los mantienen han sido calificadas como tortura y han sufrido pérdida extrema de peso debido a la mala alimentación. Además, hay otros 130 opositores presos, algunos desde 2018, por haber participado en las protestas de ese año o manifestarse contra Ortega.
CSE y estructura electoral controlados por el FSLN
El Consejo Supremo Electoral (CSE) es la institución encargada de dirigir las elecciones en Nicaragua. Está conformado por 10 magistrados: siete propietarios y tres suplentes. Seis de ellos son declarados militantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que dirige Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Los demás tienen antecedentes de defender al gobierno de Ortega y hacen caso omiso a los cuestionamientos y críticas al sistema electoral.
En mayo pasado, el régimen Ortega Murillo cerró toda posibilidad de imparcialidad del CSE. A través de su control en la Asamblea Nacional, el régimen aprobó una reforma a la Ley Electoral (Ley 331) que incorporó los fundamentos de la Ley de Agentes Extranjeros, Ley de Ciberdelitos y Ley de Soberanía, tres leyes que restringen la participación de los opositores en las elecciones y limitan las libertades públicas. El mismo día de esta reforma, el FSLN aumentó el número de magistrados sandinistas en el CSE, lo que también fue ratificado por la Asamblea Nacional controlada por una mayoría de diputados del partido gobernante.
Los sectores críticos y opositores rechazaron estos cambios y advirtieron que esto significaría que el proceso electoral no sería justo, libre, transparente ni imparcial bajo el control de los partidarios del FSLN.
Por otra parte, por Ley el partido gobernante FSLN preside la mitad de toda la estructura electoral a nivel nacional y la otra mitad es presidida por la segunda fuerza política, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Pero los mismos liberales se han quejado de que en todos los Consejos Electorales Municipales, Departamentales y Regionales (CEM, CED y CER) los sandinistas toman las decisiones pasando por encima del criterio de los presidentes liberales.
Además, el día de las votaciones, la autoridad principal en cada Centro de Votación (CV) es el denominado coordinador de CV. Este año en particular serán dos coordinadores de CV, un hombre y una mujer. Según la experiencia de votaciones anteriores, el coordinador de CV es militante sandinista que baja orientaciones a los miembros de la Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Partidos cancelados
Tres partidos políticos opositores fueron cancelados en pleno proceso electoral por el CSE. La cancelación de la personalidad jurídica a un partido significa que pierde su derecho a participar con su casilla en un proceso electoral, aunque puede ir en alianza de hecho con otro partido político.
Los partidos eliminados este año fueron, en orden de cancelación: Partido Restauración Democrática (PRD), presidido por Saturnino Cerrato; el Partido Conservador (PC), presidido por Alfredo César, y Ciudadanos por la Libertad (CxL), presidido por Kitty Monterrey.
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El partido CxL alcanzó a presentar su fórmula presidencial ante el CSE el 2 de agosto, antes de ser eliminado. Su personalidad jurídica fue cancelada cuatro días después a solicitud del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), una organización que los críticos consideran aliada del orteguismo, porque sus miembros actúan en consonancia con los intereses del FSLN.
CxL había abierto este año un proceso de selección de su candidato presidencial, pero lo canceló tras la detención de tres de sus precandidatos presidenciales oficiales: Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Noel Vidaurre. También están detenidos dos miembros de CxL, que son parte del grupo de 39 opositores encarcelados este año.
Por otra parte, la legalidad del PRD fue cancelada el 18 de mayo, tras la denuncia de unos pastores afines al FSLN, que lo acusaron de faltar a los principios cristianos con los que se fundó. El PRD era la casilla de la plataforma opositora más grande, Coalición Nacional, que agrupaba a diversas organizaciones civiles y políticas opositoras al orteguismo, y también tenía un proceso formal de selección del candidato presidencial único. Dos precandidatos de la CN están presos, así como al menos 10 miembros de las organizaciones que la conforman.
El Partido Conservador fue cancelado un día después del PRD, tras anunciar que había decidido no participar en el proceso electoral.
Sin observación electoral internacional
La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter son los organismos internacionales que históricamente han llegado al país a observar los procesos electorales, invitados por los gobiernos de turno, pero esta vez ninguno estará presente en el proceso.
Ya en el año electoral de 2016, Daniel Ortega declaró el fin de la observación electoral tradicional. En las votaciones de ese año, por primera vez no hubo participación de los organismos de observación electoral internacionales. Ortega los llamó “sinvergüenzas” aludiendo a la Unión Europea y a la OEA, dos organismos que hasta el día de hoy mantienen firme su demanda de libertad y democracia para el pueblo de Nicaragua.
“Observadores sinvergüenzas. Aquí se acabó la observación, que vayan a observar a otros países”, dijo Ortega en su discurso ante el congreso del FSLN, el 4 de junio de 2016.
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Este año electoral en particular, los magistrados del CSE descalificaron la observación electoral y confirmaron que solo se permitirá “acompañantes electorales”, porque no critican el proceso electoral. La figura de acompañante quedó establecida por ley.
“El observador se te pone como que está por encima de tu proceso nacional, de tu legislación y quiere incluso intervenir en los aspectos que no debe intervenir, porque tu legislación no lo permite”, expresó la magistrada electoral Mayra Salinas, el pasado 28 de septiembre.
Para los críticos y opositores, la importancia de la observación electoral radica en su función de examinar todos los pasos del proceso electoral, para asegurar que el resultado sea confiable. Sin embargo, adversarios de Ortega han valorado que “al no cumplirse con ninguna de las condiciones básicas establecidas por la Asamblea General de la OEA y al no haber observadores internacionales serios y profesionales”, este proceso no es confiable.
“Estas podrán ser votaciones, pero no elecciones, porque el único propósito de las mismas será acreditar a Ortega y Murillo por cinco años más, pero se tratará, como es evidente, de una acreditación falsa, amañada y sin ningún valor jurídico, político o moral”, valoró un opositor que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato por temor a represalias.
El orteguismo anunció que son 170 acompañantes electorales quienes estarán presentes este domingo, pero ninguno pertenece a una organización reconocida a nivel internacional.
Sin acreditación a la prensa
A diferencia de las últimas elecciones, este año el CSE no otorgó acreditaciones a los medios de comunicación independientes y ha negado la entrada al país a corresponsales de medios extranjeros como CNN, Le Monde, The New York Times y El Heraldo.
Los medios nacionales se mantienen bajo constante asedio y las oficinas de LA PRENSA, Confidencial y 100% Noticias están tomadas. El más reciente allanamiento, que fue contra este Diario, incluyó el arresto de su gerente general, Juan Lorenzo Holmann.
Nula campaña electoral
Ninguno de los seis partidos hizo campaña electoral, no hubo presentación de plan de gobierno ni mítines ni debates. Nada de lo que tradicionalmente identifica a una campaña competitiva donde el votante debe tomar una decisión para depositar su voto. La falta de una oferta electoral en estas “elecciones” solo deja en evidencia el desprecio de la dictadura hacia el voto ciudadano que, cuando ha sido ejercido libremente, ha quedado demostrado que Ortega y al Frente Sandinista son minoría en Nicaragua.
A diferencia de otras elecciones y tomando como motivo la pandemia del covid, el CSE prohibió a los partidos realizar aglomeraciones con más de 200 personas; tampoco podían realizar caravanas vehiculares y el máximo tiempo que podía tardar una actividad era una hora y media. Pero el Gobierno, a través de sus instituciones, cada fin de semana —desde que inició la pandemia— ha promovido miles de actividades que representan alto peligro para la transmisión del virus.
