Imagen referencial. Foto: Óscar Navarrete/LA PRENSA

Qué significará para la economía cinco años de ilegitimidad de Ortega en el poder

Este domingo Daniel Ortega busca triunfar en las urnas y dirigirse hacia su cuarto mandato presidencial consecutivo, con el que acumularía 20 años en el poder, además del periodo en el que ejerció su primer mandato (1985 y 1990). Sin embargo, Ortega no cuenta ni con la aprobación de la mayoría de los nicaragüenses, ni con el visto bueno de la comunidad internacional.

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La comunidad internacional se ha mostrado firme en expresar su descontento y cuestionamiento acerca de las elecciones presidenciales en Nicaragua de este 7 de noviembre, lo que apunta a declarar como Gobierno ilegítimo cinco años más en el poder de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, lo que pondrá en jaque la ya debilitada economía, que ha sido azotada por tres años de recesión.

En ese contexto, ¿qué consecuencias tendría para la economía, cinco años de un Gobierno que no será reconocido a nivel internacional?

Lo vimos en Cuba y en Venezuela, naciones sumidas en profundas crisis políticas, económicas y sociales, donde el país andino tiene un gobierno no reconocido por potencias extranjeras y el de la isla es visto como una dictadura. Por ejemplo, en Venezuela carecen de inversiones para poder recuperar la infraestructura petrolera, no cuentan con acceso al crédito internacional, además, se suma el hecho de que el gobernante de ese país, Nicolás Maduro, perdió la credibilidad ante los mercados financieros del exterior.

Este domingo Daniel Ortega busca triunfar en las urnas y dirigirse hacia su cuarto mandato presidencial consecutivo, con el que acumularía 20 años en el poder, además del periodo en el que ejerció su primer mandato (1985 y 1990). Sin embargo, Ortega no cuenta ni con la aprobación de la mayoría de los nicaragüenses ni con el visto bueno de la comunidad internacional, desde que se vio envuelto en graves violaciones de derechos humanos y represión en contra de opositores y precandidatos presidenciales, entre otras cosas las personas que reclaman su renuncia y exigen comicios libres y justos. Pero, ¿qué pasará con la economía nacional después del 10 de enero cuando se espera que Ortega inicie un nuevo periodo de cinco años sin legitimidad?

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Un economista, que prefirió el anonimato por temor a represalias, explicó a LA PRENSA que de continuar cinco años más con el Gobierno actual hay altas probabilidades de que la crisis de incertidumbre, desconfianza e inseguridad se vuelva a agudizar, a tal punto de alcanzar los niveles vistos en 2018 y 2019.

“Desconfianza hacia las instituciones, hacia el Gobierno y entre los mismos ciudadanos. En esta sociedad no ha habido justicia sobre los hechos acaecidos, entonces la polarización existe, aunque no se exprese con otra explosión social por un miedo a la represión, eso genera inseguridad e incertidumbre porque no se sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana”, afirmó.

¿Qué sucede en estas situaciones? El especialista indicó que desde la economía institucional ninguna política va a funcionar de manera eficaz y efectiva, ni el mercado se moverá dinámicamente mientras los ciudadanos no se tengan confianza entre sí, no haya credibilidad en el Gobierno y no exista seguridad, paz y cohesión social, “mientras esos elementos no se den, entonces el funcionamiento de la economía va a estar a mediogás”.

También aseguró que cuando se arrecien las sanciones en contra del Gobierno habrá menos credibilidad, lo que volverá difícil el acceso a créditos provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM) y de otros organismos financieros internacionales, “solo va a quedar con entidades multilaterales como el Banco Centroamericano de la Integración Económica (BCIE) y con cooperación bilateral de países aliados y afines ideológicamente o políticamente, como Rusia, Venezuela y Cuba”.

“El panorama es muy complicado”

El economista señaló que actualmente se está aumentando el nivel de deuda pública para financiar el gasto, “significa que están comprometiendo nuestros recursos del futuro, ya que se van a utilizar para el pago de esa deuda porque no estamos produciendo en el presente y no veo que el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) se reactive sustancialmente, tomando en cuenta que acá se mete presos a gerentes de bancos y líderes empresariales gremiales y están bajo amenaza todas aquellas personas que critican o expresan no estar de acuerdo con el Gobierno, eso vuelve muy difícil un despegue económico de Nicaragua”, lamentó.

Rosario Murillo y Daniel Ortega. Archivo/LA PRENSA

Continuando en esta línea, recordó que Nicaragua sigue siendo el segundo país con volúmenes de producción más bajos en América Latina, además de ser un país con un índice de desarrollo humano mediano. “También Nicaragua sigue teniendo un índice de progreso social medio bajo, con un PIB per cápita cerca de 2,200 dólares con apenas 7 millones de habitantes”.

“Esa es la realidad económica actual y si la parte política no se soluciona, seguirá causando crisis económica. El conflicto social genera inestabilidad sociopolítica, esta aumenta el riesgo país y el riesgo político, baja los niveles de inversión, se contraen los niveles de flujo de IED, se cae la producción y entonces se está en contracción económica, si esta se prolonga y perjudica otras variables, entonces se vuelve recesión económica”, mencionó.

Agregó que “para muchos analistas lo que podría pasar aquí es un escenario de cubanización o venezuelización, que en ambos casos es sinónimo de precariedad, crisis económica, inestabilidad, conflicto social, fracaso y resultados económicos negativos. El panorama es muy complicado”.

Los peculiares aliados de Ortega

Como se mencionaba anteriormente, mientras Ortega encamina a Nicaragua hacia un peligroso aislamiento internacional, similar al de Venezuela, en paralelo, el dictador busca reconocimiento en países lejanos, mientras profundiza su distanciamiento de Estados Unidos, el principal socio comercial de Nicaragua.

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Los nuevos aliados que busca Ortega, además de lejanos, tienen baja probabilidad de llenar el vacío que dejaría Estados Unidos. Por ejemplo, el pasado 25 de septiembre el Gobierno de Nicaragua estableció relaciones diplomáticas con la República de Chad, en un acto que se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas, en el marco de la 76 Asamblea General. En ese momento, los representantes de ambos países estuvieron de acuerdo en seguir luchando por la prosperidad, desarrollo y la seguridad climática de las naciones. Pero hasta ahora no se conoce ningún programa de cooperación bilateral.

Además a finales de julio de 2019 la vicepresidenta designada de Nicaragua, Rosario Murillo, dio a conocer a través de medios oficialistas que, desde mayo hasta esa fecha, 11 países habían formalizado relaciones diplomáticas con Nicaragua. Entre esos países se encuentran Sri Lanka, Uganda, Eritrea, República Centroafricana, Islas Marshall, Palau, Burundi, Túnez, Gambia, Sudán del Sur y Kenia.

A criterio del economista consultado, estas naciones generarían una ayuda insuficiente hacia Nicaragua, “porque los que sí tienen una cooperación significativa (con Nicaragua) son países de la Unión Europea, Estados Unidos, en materia de relaciones comerciales y remesas, y Costa Rica, España, etcétera”.

Rosario Murillo, Daniel Ortega y el ministro de Relaciones Exteriores de Abjasia, Kove Daur, durante la celebración del 19 de julio. Foto tomada de El 19 Digital. Cortesía/LA PRENSA

Por otro lado, a inicios de septiembre de 2019, el Gobierno de Nicaragua mostraba interés en estrechar más sus relaciones comerciales y de inversión con países del norte de Medio Oriente. Particularmente, buscaba inversiones en las naciones que integran la Liga Árabe, donde, si bien participan países petroleros, hay naciones que han sobresalido por estar inmersas en conflictos internacionales.

Los países que integran la Liga Árabe son: Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Siria (suspendida), Yemen, Libia, Sudán, Túnez, Marruecos, Kuwait, Argelia, Bahréin, Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania, Somalia, Palestina, Djibouti, y las Islas Comoras.

De la lista antes mencionada, Nicaragua tiene relaciones con Egipto, Kuwait, Arabia Saudita, Palestina, Emiratos Árabes Unidos, Siria, Líbano, Libia, Djibouti, las Islas Comoras y Túnez.

Los otros países que integran la rara “colección de amigos” de Ortega son: Rusia, Venezuela, Cuba, Bolivia, Abjasia, Osetia del Sur, Bahréin, Myanmar, Dominica, Saharau, Corea del Norte, Irán, Israel, Esuatini, Níger, Principado de Mónaco, Sierra Leona, Kiribati, Etiopía, Granada, Senegal y Jamaica.

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Cabe recalcar que el acercamiento de Nicaragua con Irán ha generado preocupación por tratarse de una nación señalada de apoyar y fomentar el terrorismo. Una economía también en crisis y con baja probabilidad de invertir en Nicaragua.

La situación financiera de Nicaragua es propensa a la precariedad

Otro economista consultado por LA PRENSA, quien también solicitó no ser citado, indicó que para conocer las consecuencias que tendría para la economía dicho escenario, primero habría que ver qué tan aislado queda el Gobierno después de las elecciones.

“Nicaragua es un país que depende casi del 99 por ciento de la comunidad internacional, es decir, de los pequeños, medianos y de los grandes países. Nuestras exportaciones están orientadas hacia Estados Unidos, la Unión Europea, el mercado centroamericano”.

Y puso como ejemplo la amenaza de Estados Unidos de suspender a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés). “En esta situación hablamos solamente de quitar los beneficios que tiene Nicaragua para ingresar al mercado estadounidense, es decir, no es que se va a cerrar ese mercado, Nicaragua va a poder exportar, pero no en las condiciones en las que lo está haciendo ahorita. Entraríamos en desventaja con otros proveedores y eso obviamente nos puede sacar del juego. Ese sector exportador es muy importante para nosotros, igual de cara a la Unión Europea”.

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Recordó que Nicaragua es muy sensible a los créditos y financiamientos provenientes del exterior y si se establece un Gobierno no reconocido internacionalmente la situación financiera del país sería muy precaria y difícil de enfrentar.  

“Ahorita está llegando dinero para enfrentar la covid-19, pero no es de libre disponibilidad, viene atado a programas para combatir la pandemia. Incluso las líneas de los derechos especiales de giro del FMI están orientadas hacia eso y la entidad establece controles igual que los otros organismos para que ese dinero se utilice exclusivamente para ese tema”, sostuvo.

Y agregó que “esto no va a ser para oxigenar al Gobierno y decir ´bueno, tenemos 200 millones disponibles y vamos a hacer lo que nosotros queremos con ellos´, no, no se trata de eso, entonces al quedar más aislado, a diferencia por ejemplo en el caso de los 80, que Nicaragua tenía apoyo de países solidarios, en esta ocasión ya no existen esos gobiernos y los pocos que pueda tener no necesariamente van a tener posibilidades de ayudar, desde el punto de vista económico”, advirtió.

Aseguró que, de continuar con el rumbo en el que van las cosas, ese escenario se puede presentar el próximo año, puesto que las inversiones han estado en su punto más bajo durante los últimos tres años, “la inversión prácticamente se ha retirado de Nicaragua, el financiamiento también ha bajado, si bien es cierto, se mantienen los flujos, pero realmente están atados a lo que ya mencionaba anteriormente y la capacidad productiva del país no está reaccionando de la mejor manera, no estamos en condiciones de decir que con nuestros propios recursos vamos a reactivar la economía, porque estamos en los mismos niveles de siempre”, puntualizó.

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Tomando en cuenta esos elementos y lo anteriormente expuesto, considera que el apoyo internacional necesario se reducirá más rápido de lo esperado y no cree que el Gobierno pueda sostenerse adecuadamente si no cuenta con esos recursos.

“Sobre las perspectivas, el panorama es extraordinariamente gris por todas las amenazas que hay en el entorno. Este problema va a colapsar a finales de este año y habría que ver cómo comenzamos el próximo año, realmente no es fácil. Apunto a una salida a esta crisis política para poder comenzar a reactivar la economía”, expresó.

La desigualdad se va a agrandar

El economista y sociólogo, Óscar René Vargas, compartió que las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y del Banco Mundial apuntan que Nicaragua crecerá entre el 2022 y el 2026 a un promedio de 1.8 por ciento por año, “eso significa que la economía nicaragüense va a estar estancada y por lo tanto, va a tener efectos no positivos para la microeconomía, para los hogares, para las personas más vulnerables y tampoco va a ser positivo para la creación de empleos”.

Hasta septiembre de este año, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) registró 756,152 afiliados activos y aunque en los últimos meses la entidad ha logrado aumentar la planilla de cotizantes, esto es insuficiente para alcanzar los 914,196 cotizantes de 2017, la cifra más alta que ha registrado la institución en los últimos 27 años. Es decir que comparado con lo que había antes del estallido de la crisis sociopolítica, aún hay 158,044 trabajadores que aún no han recuperado sus plazas.

Imagen referencial. Archivo/LA PRENSA

Por otro lado, Vargas expresó que “en el mejor de los casos” la pobreza se quedará estancada, “pero creo que va a tener una repercusión negativa, es decir, va a incrementarse el número de pobres, aunque no aumente el porcentaje, por el número de personas que crece cada año, es decir, por el crecimiento poblacional”.

“La situación de hoy en día es que 1.3 millones de nicaragüenses siguen sin comprar los alimentos necesarios. ¿Qué significa esto? El mercado interno va a estar contraído, porque no va a haber más empleos, mejores salarios, etc. En resumidas cuentas, la desigualdad se va a agrandar”, indicó.

“El régimen no tiene un reconocimiento ni antes ni mucho menos después”

En consultas con un economista y especialista en políticas públicas, quien también prefirió el anonimato por temor a represalias, sostuvo que la economía de un país siempre está vinculada a las relaciones internacionales, comerciales y diplomáticas.

Recordó que “las sanciones de tipo económicas son las que se han estado usando, pero como han sido más de carácter vinculado a personas específicas, a operadores políticos, han sido fácilmente burladas, por ejemplo, cambian de nombre en los cheques, en las cuentas de los bancos, etc. Creo que la única institución que fue más severamente castigada fue la Policía Nacional, entonces empezaron a aparecer en las carreteras miles y miles de dólares que son productos de un oscuro origen, no se sabe de dónde vienen y entonces comienzan a alimentar con recursos en dólares a la Policía, porque lo que se encuentran en la carretera pasa a una cuenta del Estado”.

“Sin embargo, el nivel de credibilidad para las inversiones extranjeras es otra cosa, no se puede capear el bulto a efectos de poder seguir operando de manera escondida, traspasando nombres o abriendo cuentas en otro lugar, etcétera. Es difícil que un inversionista, tanto extranjero como nicaragüense, confíe en un país donde no hay respeto al Estado de derecho, a los derechos humanos e independencia de los poderes del Estado”, enfatizó.

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Compartió que con las recientes sesiones de la OEA, “los países le están diciendo al régimen ´hacé las correcciones y tomá en cuenta las recomendaciones de los especialistas sobre el proceso electoral’, porque han dicho que las reformas electorales deben ser con observación internacional y deben comenzar con la libertad de los precandidatos, entonces ¿qué podemos esperar de la imagen País?, una crisis mayor, más profunda”.

“Inclusive, la economía no crece como reflecta de un mayor nivel de inversiones extranjeras, que son las que generan empleos, sino que han crecido más por la inyección de dinero que le dieron por la covid-19 y para resolver el problema de los huracanes Eta y Iota. Aunque hay restricción en el uso de los recursos, porque le ponen cierta medida”, añadió.

El economista aseguró que ni la Unión Europea ni la OEA van a reconocer estas elecciones, “son países con los cuales Nicaragua tiene relaciones comerciales muy cercanas, hablando de la parte económica y política, por ejemplo, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, que forman parte del DR-Cafta, juegan un papel muy importante y han dicho que no van a permitir que se dañe el comercio por un capricho de un régimen”.  

“Tenemos un oscuro panorama donde si se aplicaran las sanciones a nivel ya de una suspensión temporal del DR-Cafta, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado?, más de 200 mil cabezas de familia directamente afectadas y más de medio millón de puestos de trabajo de todos aquellos que suplen servicios a las zonas francas. Todo es muy negativo, no hay manera que haya gobiernos del hemisferio occidental de valor que les reconozcan. El régimen autoritario y dictatorial no tiene un reconocimiento ni antes ni mucho menos después de este proceso electoral”, concluyó.

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