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CONTENIDO EXCLUSIVO.El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) afrontará el próximo año una nueva prueba de fuego con Nicaragua, luego que se venza la Estrategia País 2018-2022 y por tanto se deberá diseñar el nuevo programa de financiamiento para Nicaragua, para el periodo 2023-2027, en un contexto económico y político que apunta a un país completamente convulsionado si finalmente las elecciones en noviembre no son justas ni transparentes.
Desde ahora Estados Unidos va camino a un desconocimiento de los comicios de noviembre, un sentir que también se ha extendido a la Unión Europea, lo que colocaría a Daniel Ortega, que se quedaría por la fuerza en el poder, en un gobierno totalmente ilegítimo, es decir no reconocido por la comunidad internacional.
En ese inminente contexto, el directorio del BCIE, que está integrado por los países fundadores —principalmente centroamericanos— de la entidad, así como otros socios extrarregionales, deben definir si van a pactar financiamiento para Nicaragua en el siguiente quinquenio.
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La Estrategia País, que generalmente los multilaterales negocian con los países beneficiarios de préstamos es una “herramienta operativa” donde se establecen las áreas de inversión (infraestructura, educación, sector productivo, entre otros) que se van a trabajar en el quinquenio. En el mismo se recogen los montos y proyectos que se tendrán en cartera y que deberán entrar a aprobación del directorio del banco para su posterior desembolso.
Por ejemplo, cuando se diseñó la Estrategia País 2018-2022 en la misma se plasmó que tenían contemplado para el periodo aprobaciones por 400 millones de dólares promedio anual, superior a los 349.6 millones en la estrategia del periodo 2013-2017. Es decir que, en el actual periodo, cuando se diseñó la estrategia, se iba a tener asegurado unos 2,000 millones de dólares en aprobaciones si se avanzaba con los proyectos pactados.
Una mayor aprobación iba a garantizar más desembolsos, según la ejecución de las obras. Con ello, para la Estrategia País actual, se estimaba que al vencimiento de la misma los desembolsos anuales fueran de 320 millones de dólares, por encima de los 189.6 millones de dólares en el quinquenio anterior. Eso garantizaba a Nicaragua 1,600 millones de dólares en el periodo de referencia.
De ahí la importancia de estas estrategias, que también se tenían con organismos como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las cuales no se han podido renovar desde el 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica en abril del 2018, que trajo como consecuencia la aprobación de la Nica Act, una regulación de Estados Unidos que endureció el acceso del régimen de Ortega en esa ventanillas.
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La Nica Act no afecta al BCIE, porque en este organismo Estados Unidos no tiene poder de veto, pero ya en marzo del 2020, el banco regional debió retirar un préstamo a la Policía orteguista, bajo la figura de desobligación, luego que la entidad represora fuera sancionada ese mismo mes por EE. UU., dejándola “muerta” financieramente.
El BCIE es un banco que tiene operaciones financieras internacionales, siendo el mercado estadounidense el que domina las transacciones mundiales. EE. UU. prohíbe a sus ciudadanos, entidades comerciales o financieras negociar con personas o entidades que estén sancionadas o con los que tienen relaciones de manera directa o indirecta con un bloqueado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
Hasta ahora el BCIE mantiene abierto el “grifo” de financiamiento al régimen de Daniel Ortega, que aún sigue siendo un gobierno reconocido por la comunidad internacional, que le exige ahora elecciones transparentes y justas. El régimen ha respondido con encarcelamiento a casi todos los líderes opositores, incluidos ocho aspirantes presidenciales a los que inhibió fabricándoles delitos y acusándolos de “traición a la patria”.
Esas acciones tienen precisamente a Ortega por el camino de la ilegitimidad en el 2022, si en noviembre se impone como ganador de las elecciones presidenciales, controladas por él y donde no participará el único partido opositor que había (Ciudadano por la Libertad), el cual ordenó su decapitación.
Decisión compleja para el BCIE
En ese contexto: ¿aceptará el BCIE seguir otorgando financiamiento a Ortega y diseñar la próxima Estrategia País con un país cuyo Gobierno no será reconocido a nivel internacional?
El excontralor Agustín Jarquín reconoció que el BCIE y su directorio tendrán que tomar una decisión muy compleja si a Nicaragua finalmente la Organización de los Estados Americanos (OEA) le aplica la Carta Democrática.
“Siendo las elecciones para muchos actores nacionales e internacionales carentes de legitimidad, en consecuencia el Gobierno no es reconocido, es probable que la Asamblea General de la OEA, que se realizará en Guatemala y es probable… (que se aplique la Carta Democrática). Si eso ocurre el BCIE estará ante una decisión muy compleja que puede ser similar a la que ocurrió en el año 2009 cuando se aplicó esa sanción al gobierno de Roberto Micheletti”, dijo Jarquín.
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Señala que el riesgo que existe es que la OEA exija al BCIE cumplir con el Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”. El mismo, suscrito por los mandatarios de la región en abril de 2018, contempla que el banco regional se alineará a los compromisos con “la transparencia y protección de los derechos humanos y la libertad de expresión; el financiamiento de las organizaciones políticas y campañas electorales; la prevención de la corrupción en obras y contrataciones públicas; el combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; el fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción; y los mecanismos de seguimiento e informe sobre estas medidas”.
BCIE ha privilegiado los intereses económicos
Quien no se muestra muy convencido de que el BCIE vaya a cambiar su posición es el economista y analista político Enrique Sáenz, quien recordó que dentro del BCIE están representados intereses de los países fundadores y los países socios extrarregionales, y en consecuencia tienen una correlación cambiante.
“Si ellos adoptan razones para negar créditos por motivos políticos, en el mañana ellos mismos pueden ser objeto de este tipo de decisiones. Ejemplo de esto es el presidente de Honduras, que tiene una serie de cuestionamientos, si él y los miembros de su gobierno que saben que tienen un grado de vulnerabilidad, si se establece un precedente por razones políticas no van a poder oponerse en un futuro”, explicó.
Los miembros del directorio que toman la aprobación de los créditos han privilegiado un tipo de intereses donde ellos no se vean afectados en el futuro, manifestó el economista. “Si ellos adoptan razones para negar créditos por motivos políticos, en el mañana ellos mismos pueden ser objeto de este tipo de decisiones. Ejemplo de esto es el presidente de Honduras, que tiene una serie de cuestionamientos, si él y los miembros de su gobierno que saben que tienen un grado de vulnerabilidad, si se establece un precedente por razones políticas no van a poder oponerse en un futuro”, explicó.
De hecho el BCIE, ante duros cuestionamientos en Nicaragua, se ha declarado apolítico y ha defendido que el Gobierno nicaragüense está al día con sus pagos y ha cumplido todos los requisitos técnicos establecidos en la ejecución de proyectos.
“El BCIE es el banco de Centroamérica y no condicionamos nuestra asistencia a valoraciones distintas a las económicas. Somos un banco fruto de la convicción de la necesidad de trabajar juntos desde 1960, la misión de trabajar por una mejor Centroamérica sigue vigente”, publicó en su Twitter el director ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, el 21 de junio de este año.
Impacto de la Ley Renacer
Pero la expectativa de Sáenz es que el paquete de leyes que se han aprobado en Estados Unidos para sancionar al régimen de Ortega se fortalezca si se concreta la aprobación de la Ley Renacer, la cual debería tener una mayor influencia política no solo en Nicaragua sino también en el resto de Centroamérica.
Un análisis que también comparte Jarquín, quien cree que es probable que la Renacer tenga efecto porque la relación entre Estados Unidos y el BCIE es estrecha, esta ley va a tener incidencia en los fondos que Estados Unidos entrega a diferentes instituciones alrededor del mundo y el BCIE no puede ser ajeno a esto.
“Es probable que sí tenga efecto por cuanto EE. UU. es uno de los países con mayor financiamiento al BCIE, no conozco la estructura de los países donantes y cooperantes, pero sin duda EE. UU. es uno de los países más importantes en este campo. Como describe en esta Ley Renacer que es más severa que la Nica Act, va a tener incidencia en el destino de los fondos que ellos colocan en diferentes instituciones en el mundo, incluido el BCIE”, afirmó.
Pero más allá de ello, Jarquín dice que la lucha por la democracia en Nicaragua va a continuar, aunque el BCIE siga asistiendo con financiamiento al Gobierno, aunque este no vaya a ser reconocido a nivel internacional.
“Lo más probable es que si el Gobierno formalmente se declara ilegítimo, lo más probable es que BCIE cese sus flujos de cooperación, pero eso está por verse. En el caso menos probable que el BCIE continuará (financiando al Gobierno), la lucha por la democracia va a continuar sin lugar a duda, sobre todo porque los últimos desembolsos del BCIE están orientados a temas de interés social, todos los programas que el Gobierno ha venido desarrollando, incluso en el sector privado, ha sido gracias a una cooperación del BCIE”, afirmó Jarquín.
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“El BCIE ha sido clave en ese sentido, muchos de estos programas generan fuentes de empleo importantes, aunque el BCIE continúe su cooperación, la lucha por una institucionalidad, el ejercicio de las libertades públicas que están en la Constitución (Política de Nicaragua), por el restablecimiento de un sistema democrático va a continuar (en Nicaragua) sin lugar a dudas”, enfatizó.
Para Jarquín, la situación del país se tornará más tensa para Ortega, porque aunque se reelija en noviembre de este año, “que es la tendencia actual porque estas elecciones no son competitivas, le será más difícil (gobernar) porque habrá mayor reclamación de parte de la población”.
Un contexto económico distinto
Además de toparse con un Gobierno no reconocido a nivel internacional, el BCIE tendría que diseñar con Nicaragua una estrategia país cuya economía ha sido desgastada por tres años de recesión, aumento de la pobreza, mayor desempleo, fuga de la inversión extranjera, Sistema Financiero debilitado y una sociedad profundamente polarizada.
Cuando se diseñó la estrategia actual, el BCIE resaltó en la misma:“Las autoridades del país han realizado una serie de esfuerzos para promover un ambiente atractivo para los inversionistas, caracterizado principalmente por la estabilidad de precios, el repunte de las principales actividades económicas, la diversificación de la oferta exportable, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la robustez del Sistema Financiero”. De esto poco sobrevive.