En este año electoral, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha convertido en una aplanadora de partidos políticos y precandidatos presidenciales opositores, ya que a través del Consejo Supremo Electoral (CSE), conformado por funcionarios de tendencia sandinista, ya eliminó a tres agrupaciones políticas que tenían personería jurídica y mantiene tras las rejas o bajo arresto domiciliar a ocho aspirantes a la Presidencia y la Vicepresidencia de la República.
El pasado 18 de mayo, los magistrados del CSE orteguista despojaron de la personería jurídica al Partido de Restauración Democrática (PRD) con el argumento de que «el CSE ha podido constatar como hechos notorios y públicos, que efectivamente el PRD se ha aliado políticamente con asociaciones y personas en fechas posteriores al 7 de mayo, implicando con ello cambios estatutarios que comprometen su razón fundacional».
Este partido era la opción que consideraba usar la Coalición Nacional, conformada por varias organizaciones, para competir en contra de la dictadura en las elecciones del 7 de noviembre.
Ese mismo día, la dictadura decidió cancelar la personería jurídica al Partido Conservador. Entre los argumentos del CSE estuvo que los miembros de esa agrupación política habían anunciado que no participarían de las elecciones. Y así, los conservadores también se quedaron fuera de la contienda.
Este viernes, después de que el régimen le permitió inscribirse como parte de una alianza de partidos para las elecciones y, además, inscribir a su fórmula presidencial, el CSE eliminó de la competencia electoral al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), luego de atender y acceder de manera inmediata a una denuncia interpuesta por la presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Haydée Osuna, y quitarle la personería jurídica.
En las cuestionadas elecciones generales aún quedan los siguientes aspirantes a cargos públicos y sus respectivos partidos, que son vistos por la población como colaboracionistas de la dictadura: Gerson Gutiérrez Gasparín y Claudia Romero, fórmula presidencial del partido Alianza por la República (Apre); Marcelo Montiel y Jennifer Espinoza, candidatos a presidente y vicepresidenta del partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN); Mauricio Orúe y Zobeyda Rodríguez, candidatos a presidente y vicepresidenta del Partido Liberal Independiente (PLI); Milton Arcia y María Dolores Moncada, candidatos a presidente y vicepresidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Arcia manifestó este viernes que renunciará a esa candidatura.
También siguen en la contienda Guillermo Osorno y Violeta Martínez de Moncada, candidatos a presidente y vicepresidenta del partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN); y Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, candidatos a reelegirse como presidente y vicepresidenta del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Precandidatos secuestrados
En los últimos tres meses, el régimen Ortega Murillo ha detenido a 32 personas, la mayoría destacados opositores que participarían como candidatos a ocupar cargos públicos a través de las elecciones generales, pero fueron acusados de «traición a la patria», usando la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz (Ley 1055) y en algunos casos por otros delitos.
El pasado 2 de junio, el régimen ordenó mantener bajo arresto domiciliar, incomunicada y asediada por policías a la precandidata presidencial independiente Cristiana Chamorro Barrios. Tres días después capturó al precandidato presidencial Arturo Cruz, inscrito en el proceso de selección de la Alianza Ciudadana. Este, supuestamente, permanece tras las rejas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo «Chipote».
Golpeados y recapturados
El pasado 8 de junio, la dictadura detuvo violentamente al precandidato presidencial por parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Félix Maradiaga, luego de que fue interrogado en la Fiscalía orteguista. Sus acompañantes denunciaron que fue golpeado por los policías. Ese mismo día, pero en horas de la noche detuvieron a Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial independiente. Al momento en que llegaron los uniformados a su vivienda, éste se arrodilló para evitar que lo golpearan.
El pasado 20 de junio también fue detenido el precandidato presidencial por el Partido de Renovación Democrática (PRD), Miguel Mora, cuando estaba en su vivienda junto a su familia. A Mora es la segunda vez que la dictadura lo mantiene tras las rejas. El 5 de julio recapturaron también al precandidato presidencial por parte del Movimiento Campesino, Medardo Mairena, quién, al igual que Mora, había sido «beneficiado» por la Ley de Amnistía orteguista.
El pasado 24 de julio, el precandidato presidencial de ideología conservadora, Noel Vidaurre, fue puesto bajo arresto domiciliar por el régimen. Finalmente, este martes 3 de agosto inhibieron de participar en la contienda electoral a Berenice Xuyamy Quezada Herrera, candidata a la Vicepresidencia por parte del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), luego que la Fiscalía orteguista la acusara de supuestamente «realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia, acciones que encuadran en el tipo penal de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas».
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Ley no establece penas ni cárcel
Según los críticos, la Ley 1055, aprobada en diciembre del año pasado, fue creada para inhibir la candidatura de los opositores a cargos de elección popular. Dicha Ley consta de dos artículos: el primero —el más amplió— establece una serie de acciones que en general definen a los «traidores a la patria» y de cometer esos actos, la ley sentencia que «no podrán optar a cargos públicos».
Abogados expertos en derecho penal han explicado que la Ley 1055 no establece penas ni cárcel que avalen la detención o arresto domiciliar de los opositores, que además están bajo investigación de 90 días, porque supuestamente violentaron dicha legislación. Han afirmado que es de carácter administrativo electoral.
