The Economist Intelligence Unit advierte más tensión política en Nicaragua a medida que se acerquen las elecciones generales del próximo 7 de noviembre y, en consecuencia ve a este país «cada vez más aislado, tanto a nivel regional como global», según el análisis de su informe de este mes.
The Economist Intelligence Unit es la división de investigación y análisis de The Economist Group, cuya publicación, el periódico The Economist, goza de prestigio mundial y es una fuente de información para inversionistas en el mundo. En el caso de Nicaragua, el grupo valora que la crisis política se debe a que el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo «se niega a abordar las preocupaciones de la comunidad internacional sobre las violaciones de derechos humanos, derechos y libertades políticas».
El informe contextualiza la situación de Nicaragua en el plano internacional. Destaca la tensa relación entre el régimen de Ortega y el gobierno de Joe Biden, en gran medida por la aplicación de sanciones de parte de Estados Unidos (EE. UU.) contra los funcionarios del régimen.
«La principal vulnerabilidad del régimen es su exposición a las medidas punitivas de Estados Unidos. El Gobierno de los Estados Unidos ahora aplicó sanciones a 31 altos funcionarios nicaragüenses, incluida la vicepresidente y primera dama Rosario Murillo. Aunque no esperamos que medidas específicas como estas tengan mucho impacto en el régimen, existe el riesgo de que EE. UU. aumente las presiones a través de toda la economía, sanciones que eventualmente podrían debilitar la posición de Ortega», manifiesta el escrito.
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The Economist señala que «las relaciones con los Estados Unidos (el mayor socio comercial e inversor de Nicaragua) se vuelven cada vez más tensas».
«Además de imponer sanciones selectivas, EE. UU. ha utilizado su influencia en organizaciones multilaterales clave para limitar el alcance de la nueva ayuda y los desembolsos de deuda a Nicaragua. En los casos en que se hayan otorgado préstamos, por ejemplo por motivos humanitarios, ha sido objeto de una supervisión sustancial», expresa.
El informe además hace una valoración del proyecto de Ley de Reforzamiento del Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer Act), que busca endurecer la política de sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Ortega. Entre otras medidas, este proyecto de Ley propone que el poder ejecutivo de Estados Unidos revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica (DR-Cafta), pero The Economist no le ve futuro a esta iniciativa.
«Aunque esperamos que se apruebe la Ley Renacer, consideramos poco probable que EE. UU. avance con los esfuerzos para excluir a Nicaragua del DR-Cafta. Tal movimiento no solo sería legalmente complicado, sino que también impondría graves dificultades económicas a los nicaragüenses comunes y podría tener importantes efectos colaterales negativos para la región centroamericana en general», explica el documento.
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Dependencia del BCIE
También proyecta que Nicaragua se volverá un país cada vez más dependiente de un solo organismo financiero, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), «único organismo que se encuentra fuera del alcance de sanciones estadounidenses, por la mayor parte de su ayuda externa».
Además, recuerda que en junio «el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) votó abrumadoramente a favor de una resolución condenando la represión del Gobierno contra sus oponentes políticos».
The Economist valora que «existe un riesgo creciente de que Nicaragua sea expulsado del cuerpo por completo».
Ortega sostenido por autoritarismo
Pese a todas esas presiones de la comunidad internacional, The Economist pronostica que Ortega podría mantenerse en el gobierno después de 2021, porque, según las valoraciones del informe, no hay una amenaza creíble que lo haga tambalearse en el poder.
«The Economist Intelligence Unit espera que el clima político se vuelva cada vez más tenso en el período previo a las elecciones generales del 7 de noviembre. Sin embargo, es poco probable que el gobernante Frente Sandinista de Liberación (FSLN, los sandinistas) sea amenazado de manera creíble. El dominio político de los sandinistas tiene sus raíces en un autoritarismo creciente», manifiesta el documento.
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El informe reconoce que la crisis política actual de Nicaragua es el resultado de «un conflicto político no resuelto que comenzó en 2018″, cuando iniciaron las protestas civiles contra una reforma a la seguridad social. Las manifestaciones ciudadanas fueron reprimidas por la Policía y civiles armados, dejando más de 300 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«El movimiento de base de la sociedad civil contra el régimen se afianzó a mediados de 2018, exigiendo reformas a favor de la democracia de base amplia, pero las manifestaciones pacíficas de la oposición cívica fueron reprimidas violentamente por las fuerzas progubernamentales, dejando cientos de muertos. Cualquier signo de disensión es ahora sofocado rápidamente, manteniendo la oposición contenida», detalla The Economist.
La oposición
También señala que la oposición organizada en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) —ambas surgidas de los movimientos de protesta de 2018—, hicieron alianzas con partidos políticos menores, con la esperanza de lograr un cambio de régimen a través de una vía cívica electoral este año.
Sin embargo, The Economist reporta «que estas esperanzas fueron rápida y notoriamente frustradas por los sandinistas: desde principios de junio el régimen de Ortega ha detenido preventivamente a 20 figuras de la oposición, cinco de las cuales aspiran a la Presidencia, utilizando leyes controvertidas destinadas a restringir la competencia electoral».
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The Economist reconoce que la oposición participa en desventaja en las elecciones nicaragüenses, por lo cual ve a Ortega reeligiéndose por tercera vez consecutiva.
«Con las reglas del juego manipuladas contra la oposición, esperamos que Ortega (o un candidato de su elección, como su esposa Rosario Murillo) gane la Presidencia. También es probable que el FSLN mantenga una mayoría cualificada en la legislatura. Es probable que la oposición nacional y la comunidad internacional impugnen la legitimidad de las elecciones. No obstante, los sandinistas mantendrán el poder de facto en todas las ramas del Gobierno», indica el informe.
El documento valora que «la influencia ilimitada de Ortega sobre las instituciones estatales le ha permitido mantenerse en el poder, a pesar de la creciente oposición pública».
Ortega regresó al poder en 2007 y desde entonces han pasado dos elecciones presidenciales más (2011 y 2016) en las que se ha reelegido. Este año estaría buscando mantenerse en el poder sin duda.
«El dominio político de los sandinistas tiene sus raíces en un autoritarismo creciente. El presidente Daniel Ortega ha celebrado cargo desde 2007 y ha utilizado la mayoría legislativa del FSLN para eliminar los límites del mandato presidencial, fortalecer los poderes ejecutivos y reforzar el aparato de seguridad estatal (ya fuerte)», expresa el informe.
El informe además registra los acontecimientos de junio, cuando comenzaron las detenciones de aspirantes presidenciales y destacados opositores, y también contextualiza la respuesta de la comunidad internacional que se ha pronunciado, condenando y aplicando más sanciones al régimen de Ortega.
