En estos momentos, cuando los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de Nicaragua, están siendo vilmente pisoteadas por los esbirros al servicio de la dictadura de los Ortega-Murillo, me parece oportuno invocar con espíritu americanista la famosa frase que manifestó el prócer mexicano y Benemérito de las Américas, Benito Juárez (1806-1872) en la ciudad de México, el 15 de julio de 1867: “Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Me parece también muy conveniente hacer esta invocación, cuando la OEA podría aplicar la Carta Democrática Interamericana, frente a la pertinacia del binomio dictatorial de mantenerse en el poder, a espaldas de la voluntad mayoritaria de nuestros conciudadanos.
Es obvio que la pretensión totalitaria de los Ortega–Murillo se ha puesto más en evidencia en los últimos días, porque nos estamos acercando al 7 de noviembre, en que por mandato constitucional la dictadura deberá realizar elecciones libres y competitivas. De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, deberán efectuarse elecciones de autoridades supremas, diputados nacionales y departamentales, y lo que ha hecho la dictadura es montar todo el andamiaje de un nuevo y monstruoso fraude electoral nombrando magistrados, juntas electorales, inhibiendo y encarcelando a los pre-candidatos presidenciales de la oposición, con más probabilidades de ganar la elección. Tal es el caso de Cristiana Chamorro Barrios, que por aparecer en primer lugar en las encuestas, ha sido inhibida y secuestrada por la Policía orteguista con la infame acusación de lavado de dinero. Igualmente han sido privados de libertad otro de los Pre-candidatos presidenciales, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, que en las encuestas independientes aparecen con distintos grados de aceptación popular. Todas estas arbitrariedades han provocado la natural indignación de la ciudadanía, que ya está harta de tanto abuso e impunidad de la tiranía.
Traigo todo esto a colación porque el pasado 31 de mayo se venció la resolución que aprobó la Asamblea General de la OEA el 21 de octubre del 2020, respaldada por 20 países, en la que se le exige a la dictadura: 1) Reformas Electorales, 2) Misión de Observación para las elecciones nacionales del 7 de noviembre próximo, 3) Reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE) que funcione en forma independiente, transparente y responsable. Debo hacer notar que ninguna de estas resoluciones ha sido adoptada por la dictadura. Haciendo todo lo contrario y actuando siempre con olímpico desprecio en todo lo referente a la OEA y a sus honorables representantes, ha aumentado la represión aprobando leyes draconianas y multiplicado los atropellos a los dirigentes opositores, con miras a abortar las elecciones del 7 de noviembre próximo y perpetuarse en el poder indefinidamente.
Por todo lo anterior, hay gran expectativa mundial y principalmente en los pueblos democráticos de nuestro continente, sobre la actitud que asumirá la OEA en los próximos días, en relación a la crisis profunda por la que atraviesa Nicaragua desde hace tres años. El pueblo nicaragüense está demandando hechos y no simples declaraciones de condena, que se las lleva el viento. Ser o no ser, es el dilema que enfrenta la OEA en el caso de Nicaragua. Ya todo el mundo sabe que la lucha allí planteada es entre dictadura y democracia o entre opresores y oprimidos. La pregunta es: ¿Cuál de estos dos sectores contará con el apoyo solidario y efectivo de los gobiernos democráticos de la OEA, cuando se delibere en torno a la situación de Nicaragua a la luz de la Carta Democrática Interamericana?
El autor es periodista y secretario general de la Asociación de Nicaragüenses en el Extranjero (ANE).