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CONTENIDO EXCLUSIVO.La puesta en escena de un fraude electoral en noviembre en Nicaragua está preparada. Daniel Ortega está obstinado en continuar en el poder sin importarle las consecuencias políticas, económicas y sociales que esto traería al país, y sin un bloque opositor aún unificado los grandes perdedores de este proceso serían los nicaragüenses, afirman analistas políticos, quienes advierten más desempleo, represión e inseguridad social si el dictador decide quedarse por la fuerza en el poder cinco años más.
«Un Ortega impuesto sobre un megafraude, estaríamos hablando de una crisis política y social sin precedentes, eso sería desastroso para los nicaragüenses», advierte la exguerrillera sandinista Dora María Téllez.
Y agrega: «El peor escenario para Nicaragua en materia económica y social sería que Ortega se instale en el poder en el 2022 con un súper fraude, que tiene que robar el 70 por ciento de los votos nicaragüenses que están claramente en contra de él. Ortega está hundiendo a Nicaragua».
El control absoluto de poder, las reformas a la Ley Electoral y el nombramiento de magistrados subordinados de Ortega son los principales indicativos de que preparan un fraude apuntan los especialistas, al señalar que precisamente por esa razón el régimen decidió omitir en las reformas las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) que era lo único que iba a garantizar un proceso libre, transparente y fiscalizado. Ortega reformó, pero a su medida.
Al respecto, el analista político y exembajador de Nicaragua ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Julio Icaza Gallard, destaca que a esos indicativos se le debe sumar las violaciones a los derechos humanos, represión y presos políticos.
«(Los indicativos principales) son una evidencia de que los resultados de una elección en estas circunstancias serán fraudulentos. Las previsiones empeoran si tomamos en cuenta el estado policíaco que prevalece en el país, la violación permanente de los derechos humanos, los presos políticos, la ausencia de libertad de reunión y manifestación, y la persecución y acoso a los líderes opositores».
El Consejo Supremo Electoral (CSE), conformado por militantes sandinistas y personajes afines al régimen de Daniel Ortega, convocó elecciones el 7 de noviembre para elegir presidente, vicepresidente, diputados nacionales, departamentales y ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen). También emitió un proyecto de calendario electoral, cuyas observaciones debían ser remitidas por los partidos políticos a más tardar este sábado 8 de mayo.
Efecto político
Icaza Gallard avizora que el fraude o la farsa electoral no provocará la caída inmediata del régimen, pero profundizará la crisis múltiple que vive el país desde 2018. El aislamiento internacional será la primera consecuencia de ese fraude.
«Se trata de un escenario muy negativo que debe empujarnos a redoblar los esfuerzos para consolidar cuanto antes una alternativa unitaria de la oposición democrática. Creo que el despunte de un candidato mayoritario, con capacidad de diálogo y entendimiento con todo el arco político ideológico opositor, con reconocimiento nacional e internacional, con un legado ejemplar (…) vendría a ayudar muchísimo a la pronta consecución de este objetivo estratégico», valora el analista.
El sociólogo Cirilo Otero también señala que lo primero que debe hacer el bloque opositor es unirse para poder derrotar a Ortega en las urnas, y recordó a este grupo que primero se debe resolver la agenda política para poder encontrar solución a los problemas económicos y sociales que atraviesa el país.
«La inestabilidad política-social será mayor, constante y de difícil manejo, recordar que el Gobierno actúa actualmente como un grupo en el conflicto no como administración. Después de 2018, (Ortega) perdió la brújula como gobierno, como dirigente político, nadie le cree, no lo respetan», comparte el sociólogo, quien hizo un llamado a los opositores a unirse para lograr convencer a la población de que vote masivamente.
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Ámbito económico
El economista y expresidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), Róger Arteaga, considera que la comunidad internacional declare ilegítimo el gobierno de Ortega «es lo más suave», pero unido a la suspensión como miembro de la OEA, es decir aplicarle la Carta Interamericana, el país se vería no solo aislado, sino limitado con el uso de los fondos disponibles para la reactivación económica de los países centroamericanos en el contexto de la pandemia.
«Ortega no va a tener con qué ejecutar ninguna reactivación económica porque Rusia no le va a venir a dejar dinero, Venezuela tampoco, y entonces se quedaría sin fondos (…) A la hora de aislarlos o expulsarlos, se le suspendería no solo los nuevos préstamos sino también los desembolsos (dinero) pendiente del préstamo ya aprobado, o sea, se le cierra la llave, todo», expone Arteaga.
El economista agrega que Ortega, tras quedarse de forma fraudulenta en el poder, quedaría sin ninguna posibilidad económica para implementar proyectos que reactiven la economía del país, sumándole los efectos que tendría la aplicación de la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral o Ley Renacer —de Estados Unidos— que tiene como objetivo garantizar que se realicen elecciones presidenciales libres y fiscalizadas, y ejercer más presión con sanciones enfocadas al círculo orteguista. La Unión Europea también ejecutaría más sanciones contra el régimen.
«Una vez que se apliquen estas sanciones, no van a venir fondos, no va a haber financiamientos ni posibilidades de comercio porque le pueden cerrar el mercado, como el Cafta (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana), Estados Unidos tiene la potestad de excluir al país del DR-Cafta, más del 70 por ciento del comercio internacional de Nicaragua es de Estados Unidos, y si eso ocurre mucho del producto exportable no vamos a poder sacarlo del país», ejemplifica.
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Arteaga contextualiza los efectos económicos en el país con el cierre de empresas y disminución de la producción, lo que provocaría el aumento del desempleo y pobreza. El único sector que podría sobrevivir, según el economista, es la minería, por ser un mercado «particular». «Toda la población, tanto el sector productivo, el agrícola, el industrial, la construcción (…) todos se verán afectados».
Más deterioro social
Las fuentes coincidieron en que el fraude electoral, el aislamiento del país de la comunidad internacional y por ende, la afectación en la economía, será el «caldo perfecto» para que nuevamente se dé una rebelión de la población nicaragüense.
«Ese aislamiento ya no solo será para Ortega, sino que nos va afectar a todos porque todos vamos a perder, y ese es el caldo para una rebelión de la población porque no le están dejando opciones», declara Arteaga.
Para el sociólogo Otero, el comportamiento de la sociedad, al no tener en qué emplearse y sus ingresos disminuyan, conllevará a la desesperación e inestabilidad y creará un «descontrol social». «Las consecuencias es que la gente se vaya a las calles con violencia, eso puede ser, porque la gente se va a dar cuenta que (Ortega) se está burlando de ellos, pero si ellos (la ciudadanía) se abstienen de votar, lo más probable es que Ortega se va a quedar», dice el especialista.
Más violencia en Nicaragua
La socióloga y especialista en seguridad ciudadana, Elvira Cuadra, vislumbra un incremento de la violencia durante el proceso electoral, tal y como ha sucedido anteriormente, debido a que esta sería la esperanza de los nicaragüenses de poner fin a la crisis política que arrastra el país desde el 2018. El escenario se volvería más violento si se consuma el fraude electoral.
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«Desde este año Nicaragua entró en un nuevo escenario de conflictos sociales y violencia política porque el Gobierno ha decidido mantener la política de represión que ha impuesto sobre la sociedad nicaragüense, así como el estado de excepción de facto. Los años electorales en Nicaragua siempre han presentado incrementos en la violencia política, eso es previsible también para el 2021 por la importancia que estas elecciones presidenciales revisten para el país y porque la ciudadanía las ve como una posibilidad para resolver la crisis sociopolítica que inició en el 2018», expone Cuadra.
Por su parte Icaza Gallard plantea que si hasta hoy se ha mantenido la esperanza de una solución pacífica, tras la perspectiva de cinco años más de crisis, desempleo, sanciones, posibles bloqueos, represión, falta de inversiones y huida de capitales, aumentará la emigración.
El analista añade que al agravamiento de la crisis de derechos humanos se sumarán posibles crisis humanitarias, producto del hambre, la subalimentación, las enfermedades, la delincuencia y la desintegración social. «No debe descartarse que la desesperación lleve a algunos a abandonar la lucha pacífica y regresar a los métodos violentos que tanto dolor y destrucción han provocado en el pasado».
Los analistas concluyeron que el pueblo nicaragüense, al no tener opciones de una calidad de vida digna, la única salida será rebelarse y tomar las calles tal y como sucedió en el 2018, lo que conllevará nuevamente a Ortega a justificar su represión en contra de la ciudadanía.
