Desde el año 2018, en el país se ha incrementado la violencia hacia los nicaragüenses, especialmente la política, la que proviene del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se caracteriza por “la represión y la imposición de un estado de excepción (limitando o eliminando los derechos de la ciudadanía)”, indicó Elvira Cuadra, especialista en seguridad ciudadana.
Según ella, sobre lo que ha ocurrido en los últimos dos años en Nicaragua, es imposible hablar de seguridad ciudadana si no se habla de la violencia política.
Antes de 2018, especialmente desde el año 2013, cuando se iniciaron una serie de protestas y movilizaciones ciudadanas protestando por sus derechos, la violencia estaba vinculada principalmente con la delincuencia común, el crimen organizado y “ciertas expresiones de violencia política”. Pero ese escenario ha cambiado significativamente en los últimos dos años, cuando lo que prevalece es la violencia política.
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Principalmente, explica Cuadra, la Policía ha pasado de ser una institución legalmente establecida para defender a la ciudadanía a un aparato de represión que utiliza la dictadura en contra de las protestas ciudadanas.
Debido a que se supone que el próximo año 2021 sería electoral, la violencia política podría crecer, indica la especialista. Hasta el momento, desde 2018, la ciudadanía ha experimentado nueve fases de represión de parte de la dictadura, cada una con objetivos distintos, para contener y eliminar las protestas y el descontento de los ciudadanos.
Armas de guerra y paramilitares
Un aspecto a tomar en cuenta es que la violencia común crece dentro del contexto de la violencia política. Por ejemplo, señaló la experta, en la comisión de delitos comunes se usan ahora más armas de fuego que antes de 2016 y también aparece el uso de armas de guerra, antes no se veían por completo.
Otro dato nuevo es la operatividad de los paramilitares orteguistas, que actúan con impunidad en todo el país.
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Entre las zonas rurales que más han sufrido la violencia en los últimos años están Matagalpa y Jinotega, especialmente en Wiwilí, San José de Bocay y El Cuá.
En las áreas urbanas, la liberación en los últimos dos años de unos 5,000 delincuentes que estaban presos también ha provocado incremente de violencia. “Tal vez no todos andan cometiendo delitos”, aclara Cuadra.
Pobreza, desempleo, Covid-19
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La situación actual de violencia se ve agravada por el incremento del desempleo y la pobreza, ya que ha afectado económicamente a las pequeñas y medianas empresas, así como a las personas que trabajan en el sector informal. A la disminución de los ingresos en los hogares nicaragüenses se le suma la reducción de las remesas, porque el Covid-19 ha afectado a nivel mundial.