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CONTENIDO EXCLUSIVO.Desde el punto de vista del abogado constitucionalista, Gabriel Álvarez, el proyecto de reforma y adición a la Ley Electoral (No.331), propuesto por la bancada orteguista, no cumple en su totalidad con las demandas de los nicaragüenses y la comunidad internacional, pero podrá ser usado por la dictadura para demostrar una falsa voluntad para aplicar cambios al sistema electoral como lo exigió la OEA, en su resolución sobre la crisis de Nicaragua en octubre pasado.
El proyecto de reformas fue enviado el miércoles por la junta directiva de la Asamblea Nacional a la Comisión Especial para Asuntos Electorales, para iniciar los trámites de discusión y aprobación.
El eje más importante precisamente, por las que se han demandado reformas electorales creíbles, es para recuperar la confianza de la ciudadanía, y que se tenga la convicción de que ir a votar va a tener un alto significado e impacto en la vida política del país y por lo tanto le va a dar mayor legitimidad a los resultados y a los gobernantes que resulten en noviembre, señala el experto en temas constitucionales.
«Esto que acabo de decir no se cumple a mi juicio a través de un análisis general en la propuesta presentada por el oficialismo», expresó Álvarez.
A su criterio, el sociólogo y catedrático Cirilo Otero, opinó que dicho proyecto de reforma «que aparentemente presentaron los diputados sandinistas, pero que se preparó en El Carmen», residencia donde habita la pareja dictatorial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, solo refleja la falta de voluntad del régimen de querer cambiar y mejorar las relaciones entra la sociedad civil y la sociedad política. Es decir, «Ya va cargando los dados para un resultado negativo», expresó.
Falsa voluntad de cambios al sistema
En el marco de las elecciones generales en noviembre próximo, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo (PE), así como la Unión Europea (UE), organismos internacionales de derechos humanos, y otras instancias internacionales han exigido a la dictadura Ortega Murillo que cambie el rumbo del país y que haga reformas electorales verdaderas y creíbles, para dar una salida democrática a la crisis sociopolítica.
«Mis expectativas con lo que pudiera haber introducido el gobierno o su bancada en la Asamblea Nacional, no iba a convertirse en un régimen democrático de la noche a la mañana. Ellos (el régimen) obviamente iban a intentar aparentar cumplir algunos de los aspectos que aprobó la OEA en octubre el año pasado, sin que eso significara crear verdaderas condiciones democráticas para las elecciones», dijo Álvarez.
No obstante, «a mí me parece que pueden haber algunos aspectos puntuales que podrían considerarse positivos, pero que en general no se trata más que un intento de tratar de cumplir a las demandas de la comunidad internacional, pero que no abre realmente las posibilidades para disputar el poder en noviembre próximo», insistió.
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Aunque, «deberían de considerarse como punto de partida para que la sociedad nicaragüense, la oposición política democrática, asuma también el reto que esta iniciativa de reforma a la Ley Electoral supone y que se planteé un debate político, una dinámica democrática de contra argumentaciones, de contra propuestas», agregó el experto.
Ortega se prepara para mentirle a la OEA
La OEA emplazó al régimen de Daniel Ortega hasta mayo de 2021 para que implemente reformas electorales que permitan elecciones libres, justas y transparentes, de lo contrario advirtió que su gobierno sería declarado ilegítimo.
Lo que a juicio de Álvarez, indica que Ortega presentará como respuesta ante la OEA, que está cumpliendo sus demandas. Aspectos que no se pueden analizar y desvincularlos del hecho de la convocatoria a integrar el Consejo Supremos Electoral, la convocatoria de candidatos a magistrados del CSE, ya que, el primer punto de la resolución del organismo regional, orienta la modernización y restructuración del CSE.
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Pues bien, «ellos van a decir que reestructuraron el CSE y que lo están modernizando. Efectivamente hay muchas disposiciones de la Ley, como por ejemplo la acreditación de fiscales, la presentación de de la integración de organismos electorales; el propio Padrón Electoral, para la verificación de los ciudadanos en sus respectivos centro de votación. Esto lo señalo como aspectos que pueden ser positivos, pero vuelvo al primer punto, que solo es para decir que lo hicieron, que están cumpliendo», insistió el abogado constitucionalista.
Sin embargo, aclaró que «no es cierto que no se cumple con ninguno de los aspectos de la resolución de la OEA (en la reforma orteguista). Hay otro aspecto que habla de la observación internacional. Puede ser aunque la mayoría de los sectores se esté cuestionando que se sustituyó la observación electoral, por el acompañamiento electoral, la verdad es que eso no significa mucho. Perfectamente puede haber un régimen jurídico con el nombre de acompañamiento electoral, muy similar al régimen jurídico que contiene el concepto de observación electoral», explicó el experto.
Por lo que, «yo todavía no me adelantaría a decir que están negando la observación, solamente señalo que marca un mensaje poco esperanzador», añadió. Es decir, «ellos podrán alegar ante la comunidad internacional que de alguna manera si se pusieron a trabajar en algunos o varios (puntos de la Resolución), porque no es lo mismo de que no hayan reformado nada, sino que todo lo contrario, ellos de manera muy hábil están presentando una iniciativa de ley que desde mi punto de vista sí abordan algunos aspectos que puede ser defendibles y presentados como una voluntad de cumplimiento y mejora en el sistema electoral», dijo Álvarez.
El fraude está en camino
Para Otero, a estas alturas todos los sectores de oposición en general, partidos, alianzas, organizaciones políticas y los precandidatos a la Presidencia, deberían estar convocando a una sola declaración en rechazo total a dicha iniciativa de reforma electoral. De lo contrario, si no hay presión social, la reforma podría quedar a como esta, alertó el sociólogo.
«Lo importante es rechazarlas y volver a insistir en qué cosas deben ser superadas en esa propuesta. Toda la oposición debe unirse, no como para escoger a un solo candidato, si no para rechazar el texto de las reformas propuestas por los sandinistas. Hay que hacer presión social, hay que denunciarlas, hay que demandar en el mundo entero que el fraude (electoral) está en camino», dijo.
Juez y parte
Por otro lado, el artículo 89 del proyecto de reforma electora del orteguismo, establece que para todas las actividades públicas de motivo electoral, los partidos o alianzas políticas deberán solicitar autorización a la Policía Nacional, la cual estará coordinando las actividades con el CSE.
De manera que, Otero señala que «no hay que olvidar que Ortega es el jefe supremo de la Policía, o sea, se está convirtiendo en juez y parte con esa reforma. Todo va a ir a parar al jefe de la Policía, él es el jefe de (Francisco) Díaz, y Díaz es él que va a dar las instrucciones, si acaso quiere, sino las da él directamente a los agentes policiales», expresó el sociólogo.
Desde el estallido de las protestas ciudadanas en abril de 2018, que dejó más de 320 personas asesinadas, la Policía como el brazo represor del régimen Ortega Murillo, para impedir cualquier intento de manifestación antigubernamental.
Otero también comentó, que lo que históricamente ha existido en las elecciones anteriores en Nicaragua son policías electorales. «Que a veces son personas civiles que las entrenan para coordinar y manejar el flujo de las personas votantes, que le digan a qué hora entrar, si alguien está haciendo un alboroto, sacarlo y llamar a la Policía de línea para que se lo lleven. A vigilar que la gente no ente armada, etcétera. La Policía Electoral es temporal, no como él (Ortega) está mandando a la Policía a que siga reprimiendo», indicó el sociólogo.
