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CONTENIDO EXCLUSIVO.Desde su regreso al poder en 2007, Daniel Ortega ha controlado totalmente el país, tanto así que rompió con la separación, el equilibrio y la autonomía los poderes del Estado.
Ortega, a través del Ejecutivo tiene el poder absoluto y ha explotado el nombramiento de asesores presidenciales. En 2017, cuando asumió su tercer periodo presidencial consecutivo, habían 20 personas que ocupaban estos cargos, pero también hay otros que lo son de facto, tal es el caso de al menos cinco hijos del mandatario.
Y aunque oficialmente no existe información sobre el salario que devenga mensualmente cada uno de estos funcionarios pues no está contenido en el Presupuesto General de la República. Lo que si se refleja es el número de personas que laboran para la presidencia: 501 y las cuales cuestan en salarios 172 millones de córdobas anuales, según los datos de 2021.
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Al respecto, el sociólogo e historiador Óscar René Vargas señala que el control del Ejecutivo es el mayor problema para Nicaragua, pues Ortega ha instalado su gobierno dictatorial y autoritario, de donde incluso, no solamente a subordinado ministros, si no que ha subordinado a los otros poderes del Estado.
“Ortega los nombra (a los asesores y ministros) ahí para tenerlos de cerca y que dependan de él siempre. Antes un ministro aparecía en la televisión dando opiniones sobre diferentes tópicos, o sobre los tópicos que consideraban más importantes, y con periodistas independientes no solo con periodistas oficialistas, ahora todos los ministros están esperando el visto bueno o la línea del gobierno para poder hablar públicamente, es decir, del poder Ejecutivo en este caso”, lamentó Vargas.
Cargos innecesarios
Para el exviceministro de Gobernación y exministro de Defensa, Avil Ramírez, Ortega está acostumbrado a utilizar el Estado cómo refugio para viejos camaradas que va descartando de su lado. Asimismo, señaló que Ortega acumula una cantidad de ministros y viceministros innecesarios. “Así fue también en los años 80, había ministros-delegados para cada región…etc.”, recordó.
Del número original de 20 asesores de 2017, se ha producido únicamente el retiro del científico Jaime Íncer Barquero quien dimitió como asesor medioambiental tras el estallido social de 2018. Hubo además un fallecido entre los asesores: Juan Delgado Romero.
Sin embargo, en los últimos dos años el régimen ha recurrido a nombramientos de “nuevos asesores” después de que algunos funcionarios fueran sancionados por Estados Unidos. Ese es el caso de Francisco López, de la Empresa Nicaragüense de Petróleos y Albanisa; así como la exministra de Salud, Sonia Castro, y la vicecanciller Arlette Marenco, quien en 2019 fue nombrada asesora presidencial para relaciones internacionales.
Vargas coincidió por separado con Ramírez, en que tal vez de los 18 que son asesores, tres o cuatro, realmente puedan ejercer alguna función. “El resto son para que tengan un salario y que dependan de él, no tienen una función verdadera”, criticó el sociólogo.
“En los 16 años de gobiernos democráticos, el FMI, el Banco Mundial y el BID fueron implacables en los condicionamientos que nos impusieron para poder otorgarnos la condonación de la enorme deuda externa que precisamente se heredó del FSLN con Ortega y (Sergio) Ramírez en 1990. Ahora estos organismos internacionales han sido benévolos con el titular del Ejecutivo y la deuda está en más de 12 mil millones de dólares otra vez y una burocracia ministerial que nadie sabe cuánto nos cuesta y se paga con nuestros impuestos por el secretismo ya conocido”, agregó Ramírez, sobre la evolución del Ejecutivo desde que Ortega retornó al poder.
Foráneos en el cargo
Entre los asesores hay incluso hasta de nacionalidad extranjera: Mohamed Farrara Lashtar, sobrino del exdictador libio Muamar Gadafi, es ministro asesor y delegado del presidente para África, Medio Oriente y Países Árabes, pero además embajador ante Kuwait.
Además, el puertorriqueño Rubén Ángel Berríos Martínez fue nombrado asesor del Presidente en Políticas Internacionales en Asuntos de Descolonización, y un italiano, de nombre Marco Marcucci, es asesor sobre la Economía Europea.
Entre los asesores aunque no nombrados oficialmente bajo este cargo, hay también cinco de los ocho hijos de Ortega y Rosario Murillo: Laureano Ortega Murillo es concurrente a los temas relacionados a inversiones. Mientras que sus hermanos Rafael Ortega, ha hecho lo propio en relaciones internacionales; Camila, Maurice y Luciana Ortega Murillo en el pasado han acompañado a delegaciones presidenciales o desarrollan funciones en actos protocolarios.
También entre los asesores está un excompañero de fórmula presidencial de Ortega, el empresario ganadero Juan Manuel Caldera Lacayo, quien en 1996 fue aspirante a la vicepresidencia del país. Caldera Lacayo aconseja a Ortega en asuntos de la Ganadería. De igual forma el excombatiente guerrillero, Manuel Ali Rivas Vallecillo, quien se desempeña como asesor de Seguridad de la Presidencia.
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El círculo
Bayardo Arce Castaño, es asesor del presidente para Asuntos Económicos y Financieros. El otrora comandante revolucionario, asumió este cargo desde el 2007 cuando Ortega retornó al poder.
Arce Castaño fue diputado ante la Asamblea durante dos periodos, entre 1996 y 2001 y posteriormente entre 2002 y 2006. Desde la vuelta de Ortega al Poder Ejecutivo, Arce fungió como enlace entre el gobierno y el sector privado del país, hasta que esa relación se fracturó tras la represión perpetrada por el gobierno a las manifestaciones antigubernamentales que iniciaron en abril de 2018 y que se saldaron con 328 víctimas, según reportes de organismos de Derechos Humanos.
Desde entonces ha bajado su perfil, y salvo algunas apariciones públicas, la última de ellas en diciembre de 2020 en una entrevista con el canal Vostv, propiedad del Grupo Pellas, el más sólido del país-. En esa ocasión el asesor presidencial dijo que este año el gobierno se acercaría al sector privado para conversar su una modificación a la Ley Tributaria y también en mayo se abordaría una eventual reforma electoral. Tras eso, Arce volvió a desaparecer de la palestra pública.
Samuel Santos López, asesor para políticas y asuntos internacionales. Fue nombrado en este cargo en enero de 2017, tras haberse desempeñado como canciller del país entre 2007 y 2016.
En el último año de su gestión, Santos estuvo prácticamente relevado del cargo y en distintas giras internacionales inclusive fue sustituido por Rosario Murillo. Desde su nombramiento, el excanciller se ha mantenido en un bajo perfil y dedicado a atender sus negocios personales.
Salvador Vanegas Guido, asesor del presidente de la República para todas las modalidades de Educación.
Tras la vuelta de Ortega en 2007, Vanegas Guido ocupó el cargo de encargado del despacho de la secretaría privada de la Presidencia, según los registros oficiales. Pero en 2010, tras la salida de Miguel de Castilla del Ministerio de Educación, hubo un reacomodo en los puestos de ese ministerio, nombrándose a Miriam Raudez al frente del mismo y a Vanegas como asesor presidencial para los temas de educación.
Vanegas es la cara pública del Mined ya que usualmente participa o dirige la presentación de planes estratégicos, suscripiones de acuerdos y reuniones de alto nivel, mientras que Raudez aparece en actos protocolarios.
José Antonio Zepeda López es asesor del presidente de la República para Educación y Cultura. El también diputado asumió esta función desde 2017, aunque su participación es mayor en el Poder Legislativo. Las funciones específicas para su cargo ante el mandatario son poco conocidas.
Emilio Jesús Rappaccioli Baltodano, con rango de ministro, es asesor del presidente de la República para Temas de Energía con Énfasis en Fuentes Renovables.
Rappaccioli asumió este cargo tras ser retirado como ministro de Energía y Minas. Durante su gestión al frente de esa entidad, el país comenzó a implementar diversos proyectos para cambiar la matriz de generación eléctrica de elementos fósiles a fuentes renovables cuyo porcentaje, según datos oficiales, es de 84.9 por ciento. Al igual que otros asesores, Rappaccioli tiene pocas apariciones públicas.
Ramón Orlando Núñez Soto, asesor del presidente de la República para Asuntos Sociales. Sociólogo de profesión, Núñez fue el artífice del Programa de asistencia social y partidaria Hambre Cero, el cual fue ampliamente difundido con fondos provenientes de la cooperación. Ese programa, sin embargo, dejó de ser gratuito hace tres años.
Juan Rodolfo Delgado Romero, hasta su fallecimientos en junio de 2020, ocupó el cargo de asesor presidencial para la participación ciudadana, la cual se traducía en implementar el tendido electoral del partido de gobierno en el distrito cinco de Managua.
Armando Agustín Rodríguez Serrano es asesor para asuntos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo. Estuvo al frente del Instituto Nacional de Información y Desarrollo desde 2007 hasta 2012, cuando fue nombrado asesor presidencial y así se ha mantenido desde entonces.
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Óscar Salvador Balladares Cardoza, asesor del presidente de la República para Asuntos de infraestructura. Es un exmilitar que pasó a retiro en el 2013. En el Ejército de Nicaragua, Balladares alcanzó el grado de Mayor General y fue jefe del Estado Mayor de la fuerza castrense.
Las razones por las que Balladares fue retirado causaron suspicacias en su momento, debido a la forma en la que se anunció su separación del Ejército. Balladares fue sustituido en el puesto por Óscar Mojica. El mismo año de su retiro el exmilitar es asesor de Ortega en temas de infraestructura.
Sidhartha Francisco Marín Aráuz fue nombrado asesor para Políticas y Asuntos Internacionales. También se ha desempeñado como embajador de Nicaragua en Ecuador y en julio de 2018 fue nombrado representante permanente del país ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, pero después fue retirado.
Tras salida de puestos públicos
Una de las prácticas en los nombramientos de sus asesores, ha sido colocar ahí a funcionarios que han salido de instituciones públicas, tal es el caso del excontralor José Pasos Marciaq, quien tras no ser renovado como funcionario del ente fiscalizador, fue designado como asesor del presidente para política exterior.
Otro caso similar es el de Steadman Fagot Müller, exdirector del Instituto Nicaragüense de la Pesca, sitio del que salió en 2014 y posteriormente fue nombrado asesor del presidente para Asuntos de la Pesca y Acuicultura.
Un caso particular es el de Telémaco Talavera, expresidente del Consejo Superior de Universidades, quien en 2017 fue nombrado asesor presidencial para temas de educación superior, y antes había sido delegado como vocero del fallido proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. Sin embargo, este salió del país en junio de 2018, tras el estallido de la crisis política.
Los sancionados “protegidos”
Sonia Castro González inició como titular de Salud, sin embargo, en julio de 2019 fue removida del cargo a través del decreto presidencial 108-2019. Castro fue sancionada por Estados Unidos, debido a que dio la orden para que en hospitales públicos no se atendiera a pacientes heridos durante las manifestaciones de 2018.
Castro fue nombrada asesora presidencial para asuntos de salud. En su lugar fue colocada Carolina Dávila Murillo, quien permaneció como ministra hasta abril de 2020, cuando fue defenestrada en plena pandemia del coronavirus. En su lugar fue oficializada la doctora Martha Reyes.
José Francisco López estaba al frente de la Empresa Nacional de Petroleos (Petronic), sin embargo, tras la sanción impuesta por EE.UU. en julio de 2018, este fue nombrado ministro asesor para la producción y el comercio.
En 2020, para tratar de librar las sanciones financieras de Estados Unidos, las operaciones de la empresa fueron divididos en cuatro: Empresa Nicaragüense del Gas (Enigas), Empresa Nicaragüense de Planteles de Almacenamiento y distribución de hidrocarburos (Eniplanh), Empresa nicaragüense de importación, transporte y comercialización de hidrocarburos (Enicom) y Empresa nacional de exploración y explotación de hidrocarburos (ENIH).
Ministros delegados
Otra de las prácticas implementadas por Ortega desde el Poder Ejecutivo ha sido la de “nombrar” a ministros delegados. Tal es el caso del exvicepresidente Omar Halleslevens Acevedo, quien en 2017 fue juramentado como diputado constitucional suplente, fue también nombrado por Ortega como “ministro delegado para Asuntos Específicos”.
El cargo según específica el decreto 01-2017 será para coordinar la ejecución de políticas, planes, programas y actividades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; asistir a reuniones y actos a nivel nacional e internacional en los que sea delegado por el presidente, además de ejercer atribuciones legales y asumir las funciones que el mandatario le designe.
Otro de los ministros delegados es Álvaro Antonio Baltodano Cantarero, quien se encarga de promoción de las inversiones y la facilitación del comercio exterior.