El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, destacó este martes que en 2020 “el corrupto régimen de Ortega aprobó leyes cada vez más represivas que limitan severamente la capacidad de operación de los grupos políticos de oposición, la sociedad civil y los medios independientes”.
El secretario de Estado, durante la presentación del cuadragésimo quinto informe de derechos humanos de los países correspondiente al año 2020, destacó que para la administración del mandatario Joe Biden, la protección de los derechos humanos es fundamental en su política de Estado.
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En el capítulo dedicado a Nicaragua, el documento destaca que en el país impera un sistema político altamente centralizado y autoritario dominado por el presidente Daniel Ortega Saavedra y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana.
El documento, divulgado este martes, indica además que el año pasado Ortega incrementó su control absoluto sobre los poderes legislativo, judicial y electoral, lo que acrecentó la crisis política que inició en el país en 2018.
“Entre las violaciones importantes de derechos humanos se incluyen: ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, cometidas por el gobierno o sus agentes; desapariciones forzadas cometidas por fuerzas parapoliciales; torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de guardias penitenciarios y parapoliciales”, señala el reporte.
Agregando que también se cometieron serias restricciones a la libertad de expresión y de prensa, incluidas amenazas de violencia, censura y difamación criminal. De igual forma, precisa los ataques contra la libertad religiosa en Nicaragua.
Hallazgos sobre Nicaragua
En el documento se menciona el caso del crimen cometido contra Jorge Luis Rugama Rizo, en el municipio de La Trinidad, Estelí. “Tras gritar a una caravana oficialista ‘Viva Nicaragua libre’, Rugama Rizo fue ultimado de un balazo por el militante sandinista Abner Pineda; el hecho se registró el 19 de julio de 2020”, menciona el texto.
“Pineda se entregó y alegó defensa propia. Su caso no comenzó sino hasta tres meses después del incidente, tiempo durante el cual permaneció en libertad, en lugar de estar en prisión preventiva como prescribe la ley. En noviembre, un juez condenó a Pineda por homicidio. Dos semanas después, Pineda fue condenado a la pena mínima de un año de prisión. Un juez conmutó de inmediato su sentencia y Pineda quedó en libertad”, dice el reporte.
De igual manera, se da cuenta del caso de Melvin Urbina, originario del municipio de Posoltega, en el occidente de Nicaragua. Urbina fue apresado el 8 de marzo, dos días después fue liberado pero no podía caminar, y tenía severos daños en distintas partes de su cuerpo, incluido sus oídos, espalda, abdomen y un hematoma en el ojo. El joven falleció el 12 de marzo.
También se narran los malos tratos que reciben en la cárcel presos políticos, cuya cifra actual, según organismos defensores, es de 125 personas.
Discriminación y abuso
La discriminación y los abusos son comunes en el país, señala el informe, y aunque existe legislación para garantizar los derechos femeninos, esta no se cumple a cabalidad. “No hubo información disponible sobre los esfuerzos del gobierno para prevenir o procesar las denuncias de violencia sexual (acoso)”, dice el texto.
También hay discriminación en la posibilidad de que mujeres apliquen a puestos laborales mejor remunerados, o a los que también puedan acceder personas con discapacidad; y han habido muy pocos juicios contra acusados de promover la trata de personas.
Libertad de prensa bajo amenaza
Otro aspecto mencionado en el informe del Departamento de Estado es que también se cometieron serias restricciones a la libertad de expresión y de prensa, “incluidas amenazas de violencia, censura y difamación criminal”.
El texto también enumera casos específicos como los registrados contra la jefa de prensa de radio La Costeñísima, Kalúa Salazar, y el director del portal informativo Boletín Ecológico, David Quintana, quienes fueron enjuiciados y declarados culpables por el delito de calumnia.
También el texto documenta la agresión de la que fue víctima el exreportero de Canal 10, Wilih Narváez, quien fue golpeado por un oficial de policía mientras daba cobertura a una reunión de grupos opositores.
Asimismo, se narran amenazas directas que han sufrido periodistas o familiares de estos, y daños que han tenido medios de comunicación en sus equipos de transmisión, o la ocupación ilegal de las salas de redacción del medio digital Confidencial y del canal 100% Noticias.
En el reporte también se explica que la libertad de expresión y de pensamiento es prácticamente prohibida en el país, ya que quienes suelen realizar alguna crítica contra el partido gobernante o instituciones como la Policía son objeto de intimidación y seguimiento.
De igual forma, el reporte menciona que en el último año han incrementado los ataques contra la libertad de credo en Nicaragua y señalamientos en contra de líderes religiosos, especialmente católicos.
Tampoco en Nicaragua se respeta la libertad de asociación, manifestaciones públicas ni libertad de expresión, señala el texto.
Sobre la corrupción gubernamental el informe precisa que es imperante en el país. Y eso se traduce en el hecho que las declaraciones de probidad de funcionarios públicos, así como los resultados de auditorías, son casi inexistentes en los registros de la Contraloría General de la República. Tampoco se ha auditado el manejo de los fondos provenientes de la cooperación venezolana, a través de Albanisa, o sancionado administrativamente a funcionarios señalados de corrupción, precisa el texto.
¿Un paso más cerca de extender sanciones?
La publicación de este reporte se da unos días después que un grupo de senadores estadounidenses introdujera ante el Senado de Estados Unidos, la iniciativa de Ley Renacer, para presionar al régimen de Ortega con el fin de que se realicen elecciones fiscalizadas y justas en noviembre próximo.
El anteproyecto de ley establece, entre otros aspectos, la posibilidad de incrementar las sanciones económicas contra funcionarios del Gobierno de Nicaragua y familiares de Ortega; además condiciona todavía más a organismos internacionales para desembolsar préstamos hacia el país centroamericano.
Sin derechos sindicales
El reporte señala que el gobierno controla a los sindicatos del país, por lo que la libre asociación gremial no existe. Los despidos por motivos políticos siguieron siendo un problema durante 2020, especialmente en el sector médico que denunció la gravedad de la pandemia del Covid-19 en el país, tal como ya había ocurrido en 2018 y 2019, cuando hubo revancha contra médicos y personal de salud que atendieron a manifestantes heridos durante las protestas antigubernamentales.