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Senador Bob Menéndez. LA PRENSA/Tomado de Internet

Senadores de EE. UU. introducen proyecto de Ley para aumentar sanciones contra Ortega

Ley Renacer plantea sanciones contra el régimen de Daniel Ortega a fin de garantizar elecciones democráticas.

Los senadores estadounidenses Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado; Marco Rubio (republicano por Florida), Tim Kaine (demócrata por Virginia) y además presidente del Subcomité de Asuntos Occidentales, y los también demócratas Dick Durbin, Ben Cardin y Chris Murphy introdujeron este jueves ante el Senado estadounidense la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para Reformas Electorales (Renacer, siglas en inglés) que plantea sanciones contra el régimen de Daniel Ortega a fin de garantizar elecciones democráticas.

La Renacer Act busca garantizar que en Nicaragua se realicen elecciones presidenciales libres y fiscalizadas; también plantea extender sanciones económicas contra personas ligadas a la dictadura, inclusive miembros de la familia Ortega Murillo, y además ampliar las restricciones a préstamos de instituciones multilaterales hacia Nicaragua.

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Asimismo, la iniciativa pide que junto a aliados diplomáticos como Canadá y la Unión Europea se incrementen las sanciones financieras a particulares y además se consoliden los informes de Inteligencia sobre la influencia de Rusia en el país centroamericano.

De igual forma propone que Nicaragua sea agregada a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa relacionadas con la corrupción.

También sugiere que se deben preparar informes sobre los abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses en comunidades rurales e indígenas.

“La Ley Renacer deja claro que Estados Unidos no tolerará el surgimiento de otro dictador en nuestro hemisferio. Esta nueva legislación alinea completamente la diplomacia y las sanciones estadounidenses hacia un objetivo: elecciones democráticas en Nicaragua en noviembre de 2021”, señaló mediante un comunicado de prensa Menéndez.

En tanto Marco Rubio sostuvo que “a medida que el régimen planea celebrar elecciones, debemos asegurarnos de que Estados Unidos y nuestros aliados estén creando nuevas iniciativas para abordar la corrupción de Ortega, los abusos a los derechos humanos y la represión constante a miembros de la prensa independiente”.

Las sanciones

Entre julio del año 2018 y diciembre de 2020, Estados Unidos ha sancionado a al menos 27 personas vinculadas al régimen, entre ellos jefes policiales, diputados, ministros e inclusive el jefe del Ejército, Julio César Avilés. Asimismo las sanciones han alcanzado a la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, y tres de sus hijos: Rafael, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo, todos señalados de corrupción.

Los castigos financieros también han incluido a empresas vinculadas a la dictadura y a la Policía Nacional como entidad.

Por su parte el senador Dick Durbin, manifestó que para él era motivo de orgullo apoyar la Ley con la que se da un paso más para “responsabilizar al gobierno de Ortega por sus numerosos actos de represión y corrupción que continúan perjudicando al pueblo de Nicaragua”.

Ejército en la lupa

El anuncio de esta nueva ley se da un día después que en el Comité de Relaciones Exteriores se celebrara una audiencia en la que habían adelantado que se estaba trabajando en una nueva ley para demandar más sanciones contra funcionarios del gobierno de Ortega.

Daniel Ortega con el jefe del Ejército, Julio César Avilés, en un acto de febrero 2020. LA PRENSA/ARCHIVO

Además durante esa audiencia, el investigador Ryan C. Berg especialista en gobernanza del American Enterprise Institute (siglas en inglés), sugirió al senado aprobar sanciones al Ejército de Nicaragua, ya que a su juicio varios integrantes de las fuerzas armadas participaron en la represión contra la población civil durante las manifestaciones antigubernamentales del año 2018.

“Creo que es necesario que se apliquen sanciones contra el Ejército de Nicaragua, tal como ya se hizo con la Policía el año pasado, porque hubo efectivos militares que también han estado involucrados en la violación de derechos humanos”, dijo el investigador.

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Berg mencionó que “hay además un fondo de inversión bastante lucrativo de la institución que beneficia al alto mando del Ejército, y sé que algunos de esos fondos están invertidos en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, así que eso podría ser considerado”, afirmó.

Ese monto lucrativo al que hizo alusión Berg es el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el cual administra el seguro social del cuerpo castrense.

El 22 de mayo del año 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones económicas en contra del general Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua. La sanción según explicó el Departamento del Tesoro en su momento, se debió a que Avilés está “alineado políticamente” con Ortega.

De igual forma Berg sugirió a los congresistas que Estados Unidos replantee la continuidad de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio (DR-Cafta).

La Renacer Act incluye los siguientes aspectos:

  • Amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y reafirma la exención legal existente para proyectos humanitarios;
  • Alinea la diplomacia estadounidense y las sanciones específicas para promover elecciones democráticas;
  • Requiere coordinación de sanciones con Canadá y la Unión Europea;
  • Agrega a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa relacionadas con la corrupción;
  • Requiere informes clasificados sobre la corrupción perpetrada por el Gobierno y la familia del presidente Ortega, así como sobre las actividades del gobierno ruso en Nicaragua; 
  • Requiere informar sobre abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses en comunidades rurales e indígenas.

 

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