Líderes de la Iglesia católica confiaron a LA PRENSA que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de Gobernación (Migob), está usando “tácticas dilatorias” para evitar que inscriban a Cáritas Nicaragua y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) como agentes extranjeros y recibir la carta de cumplimiento que emite esta institución a los organismos no gubernamentales (ONG) para que continúen sus operaciones.
Con la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida como “Ley Putin”, vigente desde octubre, los ciudadanos y ONG considerados por el régimen como «agentes extranjeros» están obligados a inscribirse ante el Migob a fin de ser fiscalizados por percibir fondos del exterior.
“No nos han permitido registrarnos como agentes extranjeros, pero seguimos trabajando. Todas las diócesis siguen trabajando, como son trabajos sociales, lo único que quizás eso de la inscripción es el mayor problema”, aseguró el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua.
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A partir de la entrada en vigencia de la Ley Putin, algunas ONG decidieron cerrar operaciones en el país para no someterse a una ley que consideran represiva y violatoria de los derechos constitucionales de los nicaragüenses, es el caso de PEN Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Tácticas dilatorias
Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo delegado por la Conferencia Episcopal para Cáritas Nicaragua, aseguró que los funcionarios de Migob han usado tácticas dilatorias para poder emitirles la carta de cumplimiento, algo que no ocurría en años anteriores.
“No nos han quitado la personaría jurídica. No tenemos ahorita exoneraciones, no podemos traer nada de afuera porque no tenemos la carta. Solo están pidiéndonos papeles cada vez más y más, nos dicen que están revisando y como dicen que son muchas ONG, entonces se alarga el tiempo. Estamos en revisión, están pidiendo papeles de cuatro a cinco años atrás, ellos lo que quieren es alargar el tiempo porque si eso ya fue aprobado en años anteriores, no tienen por qué estarlo pidiendo ahora, los vemos como tácticas dilatorias”, denunció Herrera.
Este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, Ortega acusó a los ONG de de lavar dinero y financiar el terrorismo.
“Lo que ellos dicen es que están en revisión de todos los documentos. Las Cáritas internacionales son las que nos apoyan para las obras sociales acá. Antes no era tan así la situación, había un poquito de retraso cuando se trataba de las exoneraciones de los vehículos, pero daban la constancia de que nosotros estábamos anuentes a todo, ahora ese documento lo tienen ahí”, señaló monseñor Herrera.
Con las «manos arriba»
Cáritas trabaja en diversos proyectos de beneficio social. Monseñor Herrera indicó que en el último año han enfocado sus esfuerzos en llevar obras de prevención contra la pandemia generada por el Covid-19 en las zonas rurales y en la ayuda que han acopiado y llevado a los damnificados que dejaron los huracanes Iota y Eta que devastaron el Caribe Norte en octubre pasado.
El pasado 18 de febrero de este año, el vicario general de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Carlos Avilés, durante su intervención en un conversatorio virtual denominado «El rol de los líderes religiosos en las próximas elecciones, una voz de paz y derechos humanos», promovido por el organismo internacional Alcance de Ayuda para las Américas (OAA, por sus siglas en inglés), denunció que la dictadura de Ortega persigue a la Iglesia católica y no los deja laborar con tranquilidad.
«En estos últimos dos años se ha radicalizado la persecución contra los ciudadanos, la Iglesia católica no es la excepción, esto es estructuralmente, nuestra Cáritas y a todas nuestras organizaciones que tenemos no las dejan funcionar bien, no las dejan introducir alimentos, no las dejan introducir nada por las aduanas y es una persecución así como a la gente, la Iglesia católica refleja lo mismo, no somos la excepción, igual estamos manos arriba, estamos desarmados frente a esta gente».
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CPDH aún no se inscribe
En el caso de la CPDH, el régimen exigió que este organismo le diera la lista de las personas que han interpuesto denuncia en su contra, a lo que se ha negado el director ejecutivo, Marcos Carmona.
Karla Sequeira, abogada de la CPDH, denunció que funcionarios del Migob continúan poniendo obstáculos para evitar que puedan registrarse como agentes extranjeros.
“Nos pidieron otras cosas y en eso estamos. Estamos ahorita en manos del Gobierno y en cualquier momento pueden hacer lo que estimen conveniente, pues, no hemos logrado, según ellos, estar al día con los requerimientos del Ministerio de Gobernación. Ahora nos pidieron cosas relacionadas a la estética, por ejemplo, nos pidieron que explicáramos mejor los proyectos: el nombre completo de ellos, que hiciéramos unos cuadros en vez de presentarlos sin cuadros, cosas así. Nos están pidiendo cosas que antes no nos pedían, pero obviamente no es nada que no podamos resolver y entregar, esperamos que esta sea la última vez que nos van a pedir algo y que no salgan con otras cosas”, cuestionó Sequeira.
El pasado lunes 1 de marzo se venció el término que dio el régimen para que los ONG se inscribieran ante el Migob como agentes extranjeros. Según Sequeira ahora la CPDH está sujeta al pago de una multa, cuyo monto está bajo la discreción del Migob.
En ocasiones anteriores la CPDH ha denunciado que ante tantas trabas, el régimen estaría pretendiendo el cierre del organismo pues es una referencia en la defensa de los derechos humanos ante los atropellos de la dictadura.
“Ortega pagaría un costo político al cerrar la única organización que tiene más 40 años de estar promoviendo y defendiendo los derechos humanos, a estas alturas con tantos muertos en su conciencia cerrar una organización más, definitivamente estamos claros que no le importa, pero las consecuencias serían a nivel internacional fuertes, porque ya no habría ningún organismo independiente que esté denunciando los abusos constantes que se den”, advirtió el director de la CPDH, Marcos Carmona en declaraciones pasadas a LA PRENSA.
