Aunque el asesor para Asuntos Económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, aseguró en diciembre pasado que el gobierno de Daniel Ortega planeaba revisar en enero de este año la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, o Ley 822, aprobada en 2019, han transcurrido dos meses del 2021 y hasta ahora no hay señal de que esto vaya a ocurrir.
“Ya en enero buscaremos cómo sentarnos con los sectores empresariales verdaderamente interesados en la reactivación en la creación de empleo, para revisar política económica. El anticipo (de la Ley de Concertación Tributaria), ese es el punto de mayor demanda de revisión que hemos tenido, y obviamente se tendrá que poner en un tapete de discusión con los que quieran discutir”, expresó Arce en una inusual entrevista que dio al Canal Vos TV.
En esa ocasión, el funcionario aceptó que la reforma fue brutal, “altamente exigente” y justificó que fue la única alternativa que le quedó al régimen después del bloqueo económico que se originó por la condenación de la comunidad internacional.
Y pese a que el Gobierno no ha dado señal de que se vaya a hacer esa revisión, porque ni la Asamblea Nacional se ha pronunciado al respecto hasta este 1 de marzo, la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN) y la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) mantienen aún la esperanza de que esto ocurra y creen que este será uno de los mayores desafíos en el 2021, en un contexto electoral.
“Esa ley debe de ser revisada porque no es sana para las empresas nacionales, ni para las que andan buscando dónde ingresar e invertir sus recursos”, aseguró la presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, Carmen Hilleprandt, durante un encuentro con medios de comunicación en ocasión del Día Nacional del Periodista el 1 de marzo.
A criterio de Hilleprandt, lo único que podría generar más empleo sería una revisión en la Ley de Concertación Tributaria y no es haciendo un ajuste pequeño en el salario mínimo de los trabajadores, refiriéndose al recién aumento que se firmó en el Ministerio del Trabajo (Mitrab), que fue de tres por ciento para ocho actividades económicas y uno por ciento para las micro y pequeñas empresas turísticas.
“El impacto del ajuste salarial de un tres por ciento, honestamente, según la misma Ley del Salario Mínimo, si hubiera habido un ajuste debería de haber sido del uno por ciento, porque volvemos a lo mismo, yo quisiera que la mayor parte de la población tuviera un empleo, lo que pasa es que este ajuste solo beneficia a los que tienen un empleo y aquí hay más de 200,000 nicaragüenses que están en el desempleo desde el 2018 hasta la actualidad”, manifestó.
Y para ayudar a estas personas, considera que la revisión a la reforma tributaria aportaría más. Hay empresarios que afirman que si esa ley se ajustara, podrían comenzar a contratar personal, porque ahora lo que hacen las empresas es que utilizan sus ingresos para pagar impuestos y estos adelantos definitivos les resta la competitividad, señaló.
Marco Pierson, presidente de Cadin, declaró que el Gobierno le ha restado importancia a la revisión de la Ley de Concertación Tributaria. “Probablemente les da temor de que cualquier cambio pueda modificarles el panorama, pero también deben darse cuenta que si no actúan, el panorama también va cambiando y la actividad económica se va reduciendo”, sostuvo.
Expresó que lo que se verá en un futuro en la industria es una reducción comercial poco a poco, de manera que insta al Gobierno a que se revise dicha ley.
El titular de Cadin expresó que quizá el Gobierno tiene algún plan económico y fiscal que desconoce, pero lo más importante es la comunicación con todos los actores económicos, para generar confianza en el país y que la gente se sienta cómoda para poder invertir.
El sector industrial asume que este año habrá un poco de inversión, pero no como para recuperar empleos o volver a los niveles alcanzados antes del 2018, cuando el PIB se aproximaba al 5 por ciento de crecimiento. “Hemos chequeado con los miembros de Cadin y la Inversión Directa Extranjera se redujo al 50 por ciento de lo que era antes del 2018; por lo tanto, está muchísimo más baja de lo que se necesita para tener crecimiento económico”, expresó.
Torres desconoce revisión
Por otro lado, Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), dijo que lo único que él conoce sobre una eventual revisión de la reforma a la Ley 822 es el discurso de Bayardo Arce en un medio de televisión nacional, porque ellos no han sido llamados a consulta.
“Si es reforma, le corresponde a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto y hasta ahora no han dicho absolutamente nada, no ha dado ninguna declaración Wálmaro Gutiérrez ni el presidente de la Asamblea Nacional (Gustavo Porras) y como esto es reforma, es del resorte de la Asamblea Nacional, porque el Ejecutivo no puede reformar”, dijo.
Conimipyme tiene su propuesta, pero aún no está autorizado para hacerla pública, sostuvo.
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No habrá nuevas inversiones sin revisión
Dentro del sector comercio y servicios algunas empresas ampliarán sus bodegas, sin embargo son empresas que ya están establecidas, porque capital nuevo no existe, declaró la titular de la CCSN. “El Banco Central presentó cifras para este año y señala un ocho por ciento en inversiones y eso es poco”, aseveró.
Los fondos que recibió el Gobierno en el contexto de la pandemia del Covid-19 y los huracanes Eta y Iota atraerán proyectos de infraestructura y sociales, y obviamente eso beneficia al comercio, pero para que haya una inversión privada deben haber reglas claras y leyes transparentes y aquí hay leyes, como la de Concertación Tributaria, que siguen sin revisarse, señaló.
En lugar de apuntalar al crecimiento en Nicaragua, hay sectores formales como el del cigarrillo que están a punto de desaparecer y este representa casi el tres por ciento del Presupuesto General del país, advierte la presidenta de la CCSN.
“Se le aplicó un Impuesto Específico de Consumo que ha tenido tres aumentos consecutivos, cuando pagaban 600 córdobas el millar y ahorita se pagan 3,500, entonces el contrabando es el gran ganador y el Gobierno está dejando de percibir impuestos”, anotó.
Interanualmente no ha habido un decrecimiento en el sector comercio y servicios, se puede decir que si se compara el primer bimestre de 2020 con el primero de 2021 ha habido similitud, pero aquí sigue habiendo incertidumbre, manifestó.
Hilleprandt ejemplificó con lo que ha ocurrido con la banca nacional, que han empezado a colocar préstamos, pero aún su liquidez es elevada y esto significa que no se han arriesgado a colocar mucho dinero. “Ahora su liquidez está en 40 por ciento y debería andar en mucho menos, porque el negocio es prestar, porque vive de los intereses y eso te indica que hay cierta prudencia a la hora de colocar y hay cierta prudencia desde el consumidor”, precisó.
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Rebaja energética insuficiente
Otro tema que ha mutilado el crecimiento de la economía en Nicaragua es el alto precio de la energía eléctrica, la que significa el 30 por ciento de los costos de producción de muchas empresas, dijo Hilleprandt.
Aunque admite que la rebaja hecha a partir de enero se ha sentido, porque al final se ha hecho como un 10 por ciento (de rebaja) con respecto al año pasado. “Obviamente una empresa que pague 50,000 córdobas por decirte algo, hay otras que pagan mucho más; si pagabas 50,000 el 10 por ciento, estás hablando de 5,000 córdobas menos, o sea; al final, si va sumando sí se siente mucho, porque después 5,000 por 12 meses, ya se hacen 60,000; pero aun así no es suficiente”, advirtió.
Mencionó que el aumento de la tarifa eléctrica se ha tenido que trasladar a los consumidores y eso los ha vuelto menos competitivos, no solamente a nivel nacional. “Te vuelve menos competitivo con nuestros pares en la región centroamericana, para que realmente seamos competitivos, se tienen que revisar todos los pliegos tarifarios”, señaló.
Y profirió: “Si nosotros estimábamos que debía haber una rebaja del 20 por ciento y se redujo un 10 por ciento, quiere decir que sí se puede realmente reducir más y entender por qué es tan alto”.
Propone la promoción de energía limpia y que las empresas que utilizan paneles solares pudieran comercializar energía. La transparencia en el tema de los pliegues tarifarios es algo que se necesita en el país. “Los Contratos de Asociación Público Privada deberían de ser como en otros países, o sea, que haya más apertura en cuanto al tema energético”, considera.
