Al menos 385 nicaragüenses cumplen hoy 26 días de permanecer varados en Panamá a la espera de que las autoridades de Nicaragua gestionen su tránsito por las fronteras costarricenses y así puedan retornar a sus hogares. Los connacionales habían puesto su confianza en que las autoridades costarricenses abrieran sus fronteras terrestres este 1 de febrero, sin embargo una reforma al decreto ejecutivo establece que permanecerán cerradas un mes más por el contexto de pandemia por Covid-19.
La reforma al decreto costarricense establece que las fronteras terrestres tendrán apertura hasta el 1 de marzo de este año, con posibilidades de prorrogarse de pendiendo la evolución de la pandemia en la región, lo que mantiene en zozobra a los nicaragüenses varados en Panamá, donde muchos están en la intemperie, sin empleo, ni dinero y aferrados a la esperanza de viajes humanitarios.
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«Es importante recordar que la rectoría en materia sanitaria es el Ministerio de Salud y que nosotros esperamos el estudio y análisis que hacen para determinar si se abren o no las fronteras terrestre», dijo a Repetrel, Raquel Vargas Jaubert, Directora General de Migración y Extranjería.
Por su parte, Óscar Camacho, cónsul de Costa Rica en Nicaragua, respondió escuetamente a las consultas realizadas por LA PRENSA que «aún se mantiene inhabilitado el ingreso terrestre para turistas».
Nicas esperanzados a viajes humanitarios
Jairo Gago, coordinador del grupo de nicaragüenses varados, explicó a LA PRENSA que por el momento se encuentran esperando la confirmación de Costa Rica para que reaperture sus fronteras para los viajes humanitarios, que duran hasta 36 horas de camino.
«Ellos nos dicen que del 3 al 4 de febrero se podría iniciar la salida de viajes humanitarios vía terrestres. Nosotros nos hemos comunicado con las autoridades costarricenses pero aún no nos confirman, nos dicen que quien nos va a confirman es el Gobierno de Nicaragua», detalló.
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Diana Leiva López, una de las nicaragüenses afectadas y quien coordina la lista de los compatriotas que atraviesan su misma situación, apuntó que obtuvieron respuesta de las autoridades de Gobernación de Nicaragua.
«Ya tenemos casi un mes de estar en esto. La repuesta que obtuvimos el viernes pasado de parte de Gobernación de Nicaragua es que ya Costa Rica nos había dado el tránsito de pasada para el grupo de estas personas — nicas varados— que esperáramos respuesta para ver si el viaje se hacía en esta semana, en eso estamos en espera de respuesta a ver que nos dicen», manifestó.
Según Leiva, ante la repuesta obtenida de Nicaragua ellos se contactaron con Migración de Costa Rica pero ellos argumentaron que «toda información se nos estaría dando a través de nuestro gobierno. Nosotros le consultamos qué respuesta nos tenían porque el decreto que tenían se vencía el día de hoy».
Los viajes humanitarios se realizaban por medio de un acuerdo entre Nicaragua, Panamá y Costa Rica, pero San José estableció que el tránsito solo quedaba habilitado para sus nacionales y residentes. En el caso de los extranjeros se abriría el paso este 1 de febrero, sin embargo, la reforma al decreto ejecutivo corrió la fecha hasta marzo.
Los organizadores, en nombre de los casi 400 nicaragüenses entre ellos niños, mujeres embarazadas, discapacitados, varados en el país canalero desde el 7 de enero, piden tanto a las autoridades costarricense como nicaragüenses que les brinden una respuesta a necesidad.
Costa Rica había planteado a inicios de año que no contaban con recursos económicos para garantizar el acompañamiento y retorno seguro de los grupos de nicaragüenses que buscan retornar al país. El gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado públicamente sobre la situación de sus connacionales.
Defensoría del Pueblo había confirmado el paso
La Defensoría del Pueblo de Panamá, organismo que brinda apoyo a los nicaragüenses varados, el 29 de enero anunció que recibió información que «en los próximos días se reiniciará el paso de la población nicaragüense varada en nuestro país, por Costa Rica, para regresar a su tierra natal, ante la falta de oportunidades laborales en Panamá debido a la pandemia del Covid-19».
El organismo sostuvo que los 385 connacionales solicitaron a mediado de enero «la intervención de la Defensoría del Pueblo ante las autoridades diplomáticas, para que se les permitiera volver a su país, sin embargo producto de la pandemia las fronteras fueron cerradas». Además, agradeció a las nacionales y costarricense por el apoyo a las gestiones realizadas por la entidad basadas en responder a las necesidades de los migrantes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
Temen rechazo por parte de Nicaragua
Ante la falta de apoyo por parte de las autoridades nicaragüenses tanto en Panamá como en Nicaragua, los connacionales temen ser rechazados si en algún momento Costa Rica les concede el permiso para poder transitar por el territorio. Una situación similar que sucedió en julio del 2020 con más de 500 nacionales que permanecieron varados en la frontera de Peñas Blancas.
«Como nicaragüenses no se nos puede negar la entrada a nuestro país, no sabemos que nos tocaría en esta situación (…) esperemos que estando en Peñas Blancas después nos digan que no podemos entrar, nosotros la verdad tememos porque la verdad no hemos tenido ningún apoyo del Gobierno de Nicaragua a pesar de que conocen nuestra situación», declaró López.
La situación que enfrentan los connacionales varados es «difícil», muchos sobreviven de la ayuda que les otorgan otros nicaragüenses residentes o panameños. Con el poco dinero que tienen pagarán el boleto de autobús que cuesta 90 dólares y para el costo de la prueba PCR de Covid-19 en Panamá que cuesta 55 dólares, en contraste con Nicaragua que cobra 150 dólares por el mismo test.
