El poder real del régimen de Daniel Ortega reside en ser mara y gobierno a la vez. El peligro de noviembre 2021, haya o no elecciones, es perder su calidad de gobierno y quedar la pura mara.
Año: 2020
¿A qué le temen los empresarios de Nicaragua en el 2021? Funides explica una de las mayores inquietudes
Cámaras empresariales temen que el régimen orteguista afecte más la economía del país con una segunda reforma fiscal. Aún perciben los estragos de la que se aprobó en 2019.
Portada impresa 17-09-2020
¿Por qué en Nicaragua no se ha dado el rebrote que los médicos habían advertido?
En el país se percibe una relativa pero engañosa calma, sin señales de un aumento de casos. ¿Cuál es la explicación de lo que pasa en el país?
Lenín Salablanca, el pequeño comerciante que confronta a los agentes de la dictadura que lo asedian
Los videos en los que confronta directamente a los policías son virales y demuestran una valentía genuina en contra de los agentes represores de la dictadura
En el mes patrio, ¡hagamos Patria!
Todo lo contrario de lo que recetan a nuestros hijos actualmente, en que la competencia por cuál director de colegio es el más subordinado parece ser el común denominador.
El ilegal y abusivo camino que ha tomado Ortega en su búsqueda para imponer la cadena perpetua
Juristas aseguran que Ortega no tiene la facultad para imponerle sus intereses a una institución con supuesta independencia del Ejecutivo
Independencia sin banderas
La Conquista e Independencia de España simboliza el hecho mas grande del fin de la Edad Media y la Humanidad, marca el inicio del encuentro de dos grandes civilizaciones, del mundo civilizado concebido como tal y un nuevo mundo.
Origen e historia de nuestra bandera
Entre 1839 y 1858 en Nicaragua alternó con la azul y blanco una bandera amarilla, blanco y nácar, que no duró mucho
¿Por qué la pena de cadena perpetua en Nicaragua podría seguir los pasos de la Ley contra el odio de Venezuela?
Juristas explican las razones por las que la propuesta de cadena perpetua de Daniel Ortega a la Corte Suprema de Justicia podría ser una copia mejorada de la Ley contra el odio que funciona desde hace tres años en Venezuela