Al menos nueve presos políticos que actualmente permanecen en las celdas de máxima seguridad del Sistema Penitenciario Jorge Navarro La Modelo, anunciaron —a través de sus familiares— que a partir de este miércoles 11 de noviembre se declaran en huelga de hambre con el fin de presionar al régimen de Daniel Ortega y así obtener la libertad que defienden.
Un familiar —en condición de anonimato por temor a represalias— dijo a LA PRENSA que durante la visita que realizó a su pariente reo este le comentó sobre la situación que enfrentan actualmente en las celdas de la Galería 300, y por ello piden a la población y a la comunidad internacional que no los abandonen y continúen denunciando.
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«La última vez que lo vi, él me comentó que a partir del 11 de noviembre iban a entrar en huelga de hambre, me dijo que lo anunciara en los medios de comunicación nacional e internacional, porque la huelga va. Ellos ya están cansados de estar encerrados en esas celdas injustamente. También lo hacen en protesta por su libertad y segundo porque manifiestan que no quieren elecciones con el dictador Daniel Ortega. Quieren que la comunidad internacional presione a la dictadura para que salga del poder y dejar libre a Nicaragua», denunció la integrante de la Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP).
Por su parte, la abogada Yonarqui Martínez mencionó que «ayer (martes después de audiencia) Hader González, quien está con grilletes dentro de las celdas de máxima (seguridad), me dijo que todos los de máxima empezaban una huelga de hambre».
La defensora señaló que dentro de los penales hay una «resistencia enorme» por parte de los reos en cuanto a la protesta pacífica. «Hoy empiezan nuevamente la huelga de hambre, porque Roberto Guevara, jefe de máxima seguridad, ha estado dañando la integridad de los reos políticos. Hader fue golpeado con grilletes y esposas puestas», afirmó.
¿Quiénes son los reos políticos?
De acuerdo con la denuncia, los reos políticos de máxima seguridad que se declaran en huelga de hambre son José Santos Sánchez, Uriel Pérez, Edward Lacayo, Kevin Solís, Hader González, Cristian Meneses, Víctor Soza, Jaime Navarrete y Néstor Montealto. Cinco de los nueve cuentan con medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó por considerar que se «encuentran en una situación de gravedad y urgencia a sus derechos».
José Santos Sánchez, de 39 años, es originario de Masaya, ha sido capturado en tres ocasiones, la última fue el 13 de noviembre de 2019, por oficiales de la Policía Orteguista quienes allanaron su vivienda y le pusieron un paquete en su cuarto. Fue condenado a 15 años de cárcel y mil días multas por el delito de tráfico de drogas.
Uriel Pérez, de 29 años, es originario de Monimbó, Masaya, ingeniero en Sistemas. Fue detenido el 12 de noviembre de 2019, señalado de pertenecer a una banda conocida como la Cegua. Fue condenado a 15 años de prisión y tres meses de multa por el delito de tráfico de estupefacientes. El reo político pasó internado durante 28 días en el Hospital Alemán Nicaragüense por síntomas asociados al Covid-19.
Edward Lacayo, conocido como la Loba, de 46 años, originario de Masaya, fue secuestrado el 15 de marzo de 2019, cuando intentó cruzar la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, en la zona de El Ostional, en Rivas. El 20 de agosto del año pasado fue condenado a la pena máxima de 15 años de prisión por el delito de tráfico de drogas.
Kevin Solís, de 21 años, fue detenido el pasado 6 de febrero, por el sector de la Universidad Centroamericana (UCA), Managua, luego que su imagen fuera difundida por el orteguismo en volantes que pegaron en la vía pública por su participación en las protestas estudiantiles. Solís es estudiante de Derecho. Se integró a las protestas estudiantiles desde que comenzaron en abril de 2018. Estuvo atrincherado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). También fue uno de los jóvenes que se resguardó en la parroquia Divina Misericordia, para escapar del ataque paramilitar a la UNAN en julio de 2018.
Hader González y Cristhian Meneses, originarios de Masaya, fueron detenidos por el Ejército en la frontera con ese país cuando intentaban regresar a Nicaragua el 15 de agosto. La Policía Orteguista dio a conocer a través de un comunicado que González y Meneses pertenecen a una banda delincuencial denominada el Topo, mientras el Ejército los tachó de delincuentes, pero informó de su detención hasta cinco días después de su captura. Ambos están bajo juicio inicial que se programó para el próximo 23 de noviembre.
Víctor Soza, de 60 años, originario de Estelí, fue detenido el 26 de enero de 2020 a eso de las 2:45 p.m., en la ciudad de Matagalpa y llevado a las celdas de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el Chipote. Fue condenado a 10 años y 500 días multa, por el delito de tráfico de drogas.
Jaime Navarrete fue capturado en junio de 2018, recibió una golpiza por parte de oficiales de la Policía y paramilitares al servicio de la dictadura, le fracturaron la nariz. Desde entonces presenta problemas para respirar y los funcionarios de La Modelo se rehúsan a llevarlo a un hospital para ser operado, mientras los judiciales tampoco velan por sus derechos humanos y su salud. Fue condenado a tres años y seis meses de cárcel por el delito de tenencia ilegal de droga y arma de fuego.
Néstor Montealto, fue secuestrado el 20 de noviembre del 2019, por una supuesta explosión en el barrio Américas 3. La Policía le imputó los delitos de crimen organizado, tráfico de estupefacientes y otras sustancias controladas. Montealto ha participado en marchas y apoyó al movimiento estudiantil en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).
