Imagine vivir en condiciones de hacinamiento, precariedad e insalubridad, que además lo maltraten o le sometan a torturas psicológicas, físicas y amenazas de muerte contra usted o su familia. Vivir así por meses o juntar más de un año. Esas son las condiciones extremas en las que viven 104 presos políticos en los diferentes sistemas penitenciarios de Nicaragua y las que han llevado a un pequeño grupo a protestar con huelga de hambre, zurciendo sus labios y amenazando con coser sus párpados si no consiguen la libertad que se les quitó por haber ejercido su derecho a protestar contra el régimen de Daniel Ortega.
A lectura de juristas y defensores de derechos humanos nicaragüenses consultados por LA PRENSA el hecho de que los reos de conciencia tengan que recurrir a mecanismos de protestas, que son válidos, pero que atenten contra su integridad física, como zurcirse los labios y párpados, demuestra no solo el drama que padecen sino “la necesidad de ser visibilizados a nivel nacional e internacional”.
Empezaron con denuncias a través de sus familiares, luego con mensajes más suplicantes como “no nos olviden” y escalaron a la manifestación física en una muestra de urgencia y desesperación.
Actos desesperados y presión por su libertad
El abogado de Defensores del Pueblo, Julio Montenegro, quien se ha dedicado a defender a los ciudadanos encarcelados por razones políticas, sostiene que los mecanismos de protesta evidencian que “ellos (presos) tienen la idea de que afuera, a nivel nacional, los sectores políticos y sociales no están haciendo nada por demandar su libertad e incluso por lograr la democracia de Nicaragua”, por lo que se han visto en la necesidad de “tomar la decisión de zurcirse parte de su cuerpo, pensando en que tendrán un mayor efecto de cara a los organismos internacionales para que ejerzan algún tipo de presión para que ellos puedan ser liberados”, apuntó.
Los privados de libertad por razones políticas son víctimas de sistemáticas violaciones a sus derechos humanos, van desde los malos tratos que reciben en las cárceles, hasta la persecución y hostigamiento de oficiales de la Policía Nacional y grupos parapoliciales a sus familiares, que se suman a las restricciones de visitas mensuales de sus familias y al bloqueo de todo alimento o artículo personal que les quieran hacer llegar, como método de castigo.
El defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, Gonzalo Carrión, destacó que es necesario que los nicaragüenses y el mundo tengan “consideración” de los reos políticos que son objeto de crímenes de lesa humanidad, como las torturas. “Debemos de tener consideración con estas personas que con el hecho de estar encerrados injustamente el régimen está atentando contra su humanidad, porque cada día que pasa son días de sufrimientos, a ellos no los podemos olvidar”, afirmó.
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Mientras, el director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, afirma que las decisiones que han tomado los reos políticos son “actos de desesperación del detenido que está sometido no solo a maltrato físico, psicológico, torturas y las sistemáticas amenazas de muerte de los que son objetos”, además aclaró que desde la perspectiva de un régimen que no respeta ni siquiera el derecho a la vida estos actos lo ven como una “acción de rebeldía” que en ocasiones podría recrudecer las represalias.
Llamado de atención nacional e internacional
Los defensores y juristas nicaragüenses coincidieron en señalar que con estas medidas en señal de protesta, la huelga de hambre y zurcirse parte de sus cuerpos, los presos de conciencia buscan que la comunidad internacional les preste atención y ejerza presión contra la dictadura Ortega-Murillo, señalada de cometer delitos de lesa humanidad en perjuicio de los nicaragüenses opositores a su ideología.
A criterio del director ejecutivo de la CPDH con estas acciones los presos evidencian que el Gobierno de Nicaragua ha recrudecido su escalada de represión contra los nicaragüenses. “Podemos decir que a nivel internacional el mensaje que mandan los reos políticos es mayúsculo, porque demuestran el grado de represión y la falta de sensibilidad humana del régimen orteguista, de un gobierno insensible, irresponsable, violador de los derechos humanos que no les importa nada, ni nadie”, manifestó.
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En esa misma línea, el abogado Montenegro apuntó que los mecanismos de protesta ejercidos por los reos y en ocasiones sus familiares causan dos tipos de efectos. “Hacen incidencia en su búsqueda de lograr los objetivos de presión por su libertad, este tipo de presiones en los últimos días con sanciones impuestas al círculo de la dictadura, sin embargo debo decir que a nivel internacional producen efectos como los mencionados, pero que lamentablemente a nivel interno no, porque mejor se recrudecen las represalias o castigos: son enviados a las celdas de máxima seguridad, son requisados, les niegan las visitas”, afirmó.
Agregaron que como organismos defensores de derechos humanos esperan que “la comunidad internacional que está preocupada por la falta de cumplimiento y respeto a los derechos tomen en cuentan estas acciones. Recordemos que este tipo de protestas propician para que los agresores y violadores sometan a los reos políticos a torturas y actos crueles e inhumanos. Esto es un llamado de los presos para que la comunidad nacional e internacional no los olviden”.
Legítima protesta
Los defensores y juristas afirmaron que la huelga de hambre y la acción de zurcirse parte del cuerpo son actos concebidos en Nicaragua como parte de la manifestación pacífica y de denuncia, que están consagrados en los artículos 52 y 54 de la Constitución Política del país.
En el primero establece que “los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva, a los poderes del Estado o cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en los plazos que la ley establezca”. Y su artículo 54, dice textualmente: “Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”.
El jurista Montenegro en ese sentido detalló que a pesar de que ellos (presos políticos) tomen esta acción pacífica, aunque alteren o dañen su salud, es una forma de manifestación libre y que no debería generar represalias contra los manifestantes. “Las autoridades del sistema deberían más bien asistir, aconsejar y animar a los reos políticos de que elevaran sus denuncias a las autoridades superiores (Gobierno) para encontrar una respuesta amigable que no conlleve a malos tratos, porque los reos no dejan de ser ciudadanos con derecho a la vida, a su integridad física y psíquica, lo que tienen es una limitación ambulatoria por haber cometido una infracción del grado penal”, aclaró.
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Carmona, de la CPDH, coincidió y dijo que “toda protesta es válida, siempre y cuando no conlleve a actos de violencia”. Gonzalo Carrión mencionó que “aunque el mecanismo sea doloroso para el reo político, es legítimo que constituye una voz de denuncia desde las propias víctimas que repudian la represión y claman por su libertad. Es una demanda legítima de que quieren hacer valer sus derechos, que no los torturen más”.
La acción en sistemas penitenciarios
Los defensores remarcaron que en Nicaragua existe la Ley 473, Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, que orienta el funcionamiento de las cárceles, pero que no es atendida a como corresponde en el marco del respeto a la misma y a la Constitución Política.
“Se supone que la Ley 473 habla de que los sistemas deben ser humanitarios y reeducativos, de restablecer la paz jurídica y armonía social, pero no se hace maltratando a los reos independientemente si la condición es política o algún delito común. No es contemplado como ninguna manera de corregir”, refutó Montenegro.
El artículo 7 de la Ley dice textualmente que el “ejercicio se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad de la persona y el respeto a los derechos humanos. En ningún caso los internos serán sometidos a torturas, penas, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se prohíbe maltrato físico, psicológico o cualquier otra actividad que atente en contra de la dignidad humana del interno”.
Referente a eso, Carmona destacó que en un verdadero Estado de Derecho donde existieran funcionarios, instituciones y gobierno responsables y respetosos a los derechos humanos, “más bien se debería de estar investigando acciones que van en detrimento de la dignidad humana, debería de estar investigando qué funcionario está abusando de su autoridad, sin embargo aquí se premia a los agresores y violadores”, concluyó.