La bancada oficialista citó a los diputados para aprobar con urgencia una ley para regular los medios de comunicación. No importó que fuera 10 de agosto y la capital estuviera más ocupada en el final de las festividades de Santo Domingo, ignorando lo que estaba por
pasar.
La minoría opositora denunció que esta ley violaría varios artículos de la Constitución Política, mientras los diputados del régimen aseguraban que era momento de parar el “libertinaje que atentaba contra la armonía del pueblo y creaba un clima de agitación”. Esta
no fue una sesión parlamentaria de 2020, fue la sesión del 10 de agosto de 1960.
En esa sesión, catalogada por la minoría conservadora en el Congreso como “misa negra”, fue aprobado el Código de Radio y Televisión del régimen somocista. Mientras esto pasaba todas las estaciones de radio de Nicaragua estaban tomadas por la Guardia Nacional. Llevaban así, fuera del aire desde el 23 de julio de ese año. Carlos Olivas Zúñiga, propietario de Radio Mundial, protestó luego de que la Corte Suprema de Justicia no emitiera la orden para que las tropas se retiraran de las diferentes emisoras.
Los conservadores pidieron suspender la sesión para continuar debatiéndola otro día, pero los liberales somocistas urgían aprobar dicha ley. Finalmente, los conservadores se levantaron de la sesión en señal de protesta y la ley quedó aprobada. Al siguiente día LA PRENSA tituló en primera plana: “Aprobada ley contra emisoras”.
“El código negro”
Fue bautizado así por un grupo de estudiantes de periodismo que pertenecían a una asociación del gremio. Luego de leer detenidamente cada artículo protestaron contra su aplicación. Una semana después de aprobada, el mismísimo Anastasio Somoza citó a los dueños de todas las radios del país para leerles el Código de Radio y Televisión, asegurando que era necesario para “el buen entendimiento de todos” e inmediatamente soltó que a partir de ahora “cero política en las radios”.
Los empresarios de la comunicación intentaron mediar, pero de nuevo Somoza fue tajante: “Nada de buscar huecos. Se había tenido una luna de miel con las radios y pronto llegará la aplicación de la ley”, les dijo, según publicó LA PRENSA.
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Incluso en un arranque de cinismo Somoza aseguró a los dueños de las emisoras que no podía permitir que se dijeran noticias “irresponsables”, pues eso obligaría a las autoridades a imponer una dictadura y “eso no es correcto”.
Al salir de la reunión, los dueños de las radios fueron informados de que las tropas habían abandonado los estudios radiales y en la puerta Somoza les soltó: “A partir de ahora el Código de Radio y Televisión queda de centinela en los micrófonos”.
Por la “paz y seguridad”
“El código negro” fue publicado oficialmente el 18 de agosto de 1960. Coincidiendo con una reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se llevaba a cabo en San José, Costa Rica. Ahí fue denunciada esta ley y la toma por parte de las fuerzas armadas por casi un mes de todas las estaciones de radio del país. Ya que no podían alzar la voz dentro de Nicaragua, periodistas y empresarios de la radiodifusión comenzaron una campaña internacional denunciando que no podían hablar sobre política ni siquiera en año electoral.
Uno de los primeros programas al que le fue aplicado este código fue al noticiero de televisión Teleprensa, que fue suspendido luego de transmitir una entrevista sobre las guerrillas en Guatemala.
Este código decía textualmente que la televisión y las radios de todo el país quedaban a disposición y bajo el control del Estado, que la emisión de noticias, ideas, imágenes y otro tipo de contenidos solo sería realizada “bajo licencia” del presidente. Además, el Estado
debía vigilar a los medios “para el cumplimiento de su función social”.
Para ejecutar estos lineamientos la ley estableció que el Ministerio de Gobernación y la Dirección Nacional de Radio y Televisión (en manos de la Guardia Nacional) serían las instituciones encargadas de vigilar, otorgar y quitar licencias de operación.
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El artículo 47 de dicha ley señaló que quedaba prohibido transmitir noticias que dañaran la “paz y seguridad el Estado o al orden público” o “noticias falsas capaces de perturbar el orden público o causar daños a terceros”, además de que se prohibía emitir mensajes “marxistas”.
Pero no solamente del tema político se encargaba el “Código negro”, sino que estaba prohibido emitir mensajes que llamaran a desobedecer a la autoridad, o cosas como pedir la libertad de un reo, la pornografía, llamar a protestas por lo que fuera o incluso publicar
“noticias que puedan infundir pánico en los negocios”. Hasta los anuncios de rifas y sorteos navideños tenían que pasar por la aprobación de las autoridades.
Ni las radionovelas o comerciales grabados en el extranjero se salvaron de esta ley que los prohibió, y si un país u organización extranjera pagaba un espacio en alguna emisora debía tener una aprobación de Gobernación. Las multas por incumplir cualquiera de estas normas
iban desde los 200 córdobas hasta la pequeña fortuna de 10 mil córdobas de la época. Además, la policía estaba facultada para entrar a las instalaciones cuando lo estimara necesario.
Pese a todo esto lo peor estaba por venir.
El vicio de controlar los medios
Guillermo Medrano trabaja en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y es rotundo al señalar que el propósito del régimen de Daniel Ortega ha sido desde siempre “clausurar todos los medios de comunicación de Nicaragua”.
Hace hincapié en que esta motivación y estas acciones de censura no son propiedad exclusiva de los sandinistas. Solo en la dictadura de Somoza se crearon hasta tres leyes “bozal” contra la prensa independiente. La primera fue aprobada por Somoza García en 1953 y casi destruye a todos los medios de entonces. En 1958 la ley es rectificada con algunas modificaciones que de forma “refinada” seguían restringiendo la libertad de prensa. Esta fue llamada “Ley Yugo”.
“Los gobiernos dictatoriales lo primero que hacen siempre es tratar de reprimir a los que hacen el escrutinio social y la auditoría. En este caso, son los medios de comunicación. En tiempos de Somoza al periodista que no escribía en Novedades, el diario del régimen, le
decían comunista”, explica Medrano a DOMINGO.
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El 16 de agosto de 1979, a menos de un mes del derrocamiento de la dictadura somocista, la Junta de Gobierno creó la Ley General de Medios de Comunicación y con ella se condicionó la libertad de información. Y ya se hablaba de cosas como el “ofrecer noticias
veraces dentro de un contexto coherente para potenciar los objetivos comunes de la comunidad colectiva”.
Esta jerga rebuscada también indicó que cualquier crítica a las funciones o funcionarios públicos “deberá expresar legítima preocupación por la defensa de las conquistas de la revolución”.
Sin embargo, esto no era de extrañar a nadie, ya que inmediatamente luego de que terminó la manifestación en la plaza el 19 de julio de 1979, los sandinistas confiscaron todos los medios de comunicación de la familia Somoza. La joya de la corona, además de
las emisoras de radio y la televisora, era el diario Novedades. La confiscación se efectuó a favor del Frente Sandinista, y no del Estado de Nicaragua. De este modo, el antiguo diario del régimen pasó a ser el órgano oficial de la naciente dictadura.
Murillo, “maestra”
Jaime Chamorro Cardenal cuenta en su libro Frente a dos dictaduras que en los primeros días de la revolución hubo una reunión en la casa de Xavier Chamorro, a la que asistió Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según Jaime Chamorro, entonces le tenían mucha estima a
Murillo debido a que fue durante varios años secretaria de Pedro Joaquín Chamorro.
El motivo de la visita fue para que Murillo les “explicara cómo debía de ser el periodismo revolucionario”. Además, en dicha reunión estaban presentes editores y redactores de LA PRENSA.
Los asistentes no daban crédito a lo que estaban escuchando.
El control total
El código negro de Somoza fue derogado el 23 de agosto de 1979 y fue sustituido por lo que fue bautizado por la jerga popular como el “código rojinegro”. En noviembre de 1979 ya había censura directa y es ley que “el coordinador general de la División de Medios, que fue asumida por el Ministerio del Interior”, pudiera ordenar la suspensión de cualquier tipo de “publicaciones, proyecciones o transmisiones”.
Este reglamento fue suscrito y firmado entre otros por el ministro de Cultura, Ernesto Cardenal. Las suspensiones que contemplaban eran de cuarenta y ocho horas, y la suspensión temporal o definitiva.
Luego se publicó el decreto 511, que regulaba la información sobre “seguridad interna y defensa nacional”, para después ser publicado el decreto 512 que regulaba la información económica y prohibía publicar que los mercados estaban vacíos o había escasez de productos.
En noviembre de 1981 se promulgó la Ley de Emergencia Económica y Social, la cual en el fondo significó la suspensión total de los derechos y las garantías de los nicaragüenses.
No se salvaron los derechos de libertad de prensa y expresión. Y por si quedaban dudas de esto, la directora de Medios de Comunicación, la teniente Nelba Cecilia Blandón, emitió su propio decreto con el que suspendió todos los noticieros radiales, programas de opinión –
sobre todo de partidos políticos y de cualquier otra organización y estableció que todas las radios deberían enlazarse con la estación “Voz de Nicaragua” todos los días a las seis de la mañana, al mediodía, seis de la tarde y, si era necesario, a medianoche.
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Incluso se obligó a todos los medios de comunicación, escritos, radiales y televisivos a que presentaran su programación y ediciones diarias ante las autoridades para revisarlas previamente. Esto se suponía que solo sería durante el “estado de emergencia nacional”.
Pero la “dichosa” práctica se quedó a lo largo de toda la década.
La Dirección de Medios de Comunicación del Ministerio del Interior comenzó a popularizar la
frase “no puede publicar”. Diariamente imponía la censura y ya en 1982 censuraba diariamente a todos los medios de comunicación. Una de las censoras que más se ensañó con el diario LA PRENSA fue la teniente Nelba Cecilia Blandón.
En la actualidad, el régimen de Daniel Ortega impulsa un proyecto de ley para intentar controlar los medios de comunicación y sobre todo las publicaciones digitales.
Guillermo Medrano asegura que esta ley, de aprobarse, no solamente afectaría a periodistas y medios de comunicación sino a la población en general.
“La ley es tan ambigua que puede entrar lo que sea. Dice que es para evitar la zozobra, pero hay gente que dice que un gato le puede generar zozobra”, concluye.
El periodista costarricense Guido Fernández, amigo cercano de Pedro Joaquín Chamorro y director del diario La Nación durante 12 años, al ver la batería de leyes contra la libertad de prensa que se iba a aplicar en Nicaragua en los años 80, se sorprendió que estas llegaran luego de una revolución y aseguró que en realidad lo que quería la nueva dictadura era controlar el pensamiento y que si “un 10 % de estas leyes se aplicaran, el Código negro de Somoza se quedaría pálido”.